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Buenos Aires 2018: Sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El Lado B de los megaeventos deportivos.

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Las experiencias de las últimas competencias olímpicas obligan a pensar un nuevo modelo que evite construcciones de gran envergadura dejadas en desuso, poblaciones desplazadas o inversiones extraordinarias sin beneficios para la ciudad anfitriona. 

Casi 4.000 atletas desembarcarán en Buenos Aires en octubre de 2018 para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y con ellos traerán familiares, delegaciones oficiales, turismo y nuevos espacios para disputar las competencias. La experiencia sufrida por otras sedes de megaeventos similares –Atenas, Río de Janeiro, Sochi, por nombrar algunas- abre el debate sobre el impacto que podrá tener la realización de estos juegos en la ciudad, y las posibilidades de alcanzar resultados exitosos ya no en el medallero, sino en el ámbito de lo sustentable.


El año 2014 fue bisagra en lo que a organización de eventos deportivos se refiere: el Comité Olímpico Internacional (COI) fijó una Agenda 2020 con un mapa de ruta estratégico para el “Movimiento Olímpico”, destinada a mejorar el proceso licitatorio, lograr un mayor compromiso con las comunidades de las ciudades anfitrionas, sustentabilidad medioambiental y combinación de deporte y cultura. Con esa Agenda basada en tres pilares –credibilidad, juventud y sustentabilidad-, el organismo reaccionó ante un hecho puntual –la salida de cuatro ciudades de la licitación para los juegos de invierno de 2022-, que reflejaba años de impactos negativos en las sedes organizadoras.

Los Juegos de Invierno de Sochi de 2014 constituyeron una de las mayores lecciones: aún con ciertos avances logrados en infraestructura para el transporte, fueron los más costosos de la historia de las competencias invernales (US$ 52.000 millones), y hubo serios cuestionamientos sobre la transparencia del evento y su impacto social

Se estructuró un plan de sustentabilidad con cuatro ejes primordiales: obras que sigan premisas de sustentabilidad; basura cero; cultura sustentable, en relación a distintas medidas de concientización y capacitación para la ciudadanía; y carbono cero.

En América latina, Río de Janeiro se planificó originalmente para los Juegos Olímpicos de 2016, bajo un perfil de “Green Games for a Blue Planet” (traducido del inglés, “Juego Verdes para un Planeta Azul”). Su plan de sustentabilidad apuntaba a un legado de 20 años para la ciudad carioca, pero los resultados fueron más que decepcionantes.

Los gastos destinados a organizar los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro ascendieron a US$ 11.000 millones, cifra que superó en US$ 3.000 millones a la prevista originalmente, cuando fue seleccionada como anfitriona. La celebración del mega evento deportivo se vio empañada por una grave crisis social y financiera de Brasil, que puso en evidencia el impacto que una competencia como tal puede tener sobre la población y la ciudad.

Con denuncias de sus estragos –también por la organización de la Copa del Mundial de Fútbol en 2014-, se presentaron descargos ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, por parte de las ONGs Justiça Global, Artigo 19 Brasil y el ISHR (Servicio Internacional de Derechos Humanos). Mario Campagnani, del área de Comunicación de Justiça Global, recordó que Brasil vivía una situación dramática en la previa y durante la realización misma de los Juegos Olímpicos de 2016, e incluso en septiembre de 2017 el gobernador Sergio Cabral fue condenado a 45 años y dos meses de cárcel por los delitos de corrupción pasiva, en parte relacionados con las obras para el mega evento.

“El parque acuático cubierto y el estadio de atletismo que se hicieron en el estadio Maracaná ni siquiera se utilizaron. El Parque Olímpico, donde ocurrieron gran parte de las actividades, se empleó después para el recital Rock in Río, pero no hay más planes sobre qué se hará con la construcción. Hubo promesas sobre la utilización del campo de golf que se hizo totalmente nuevo para los Juegos, pero actualmente nadie lo usa y está en manos de la iniciativa privada”, enumeró Campagnani.

En resumen, el dinero que estuvo en manos del poder público, como sintetizó el vocero de Justica Global, tuvo un beneficio nulo para la población carioca. Aún cuando unas 65.000 familias fueron desalojadas por las obras destinadas al evento olímpico.

En cuanto a los emprendimientos habitacionales para albergar a las delegaciones extranjeras, se convirtieron en un emprendimiento privado, a contramano de su destino usual, para interés popular

El Comité Olímpico Internacional (COI) fijó una Agenda 2020 con un mapa de ruta estratégico para el “Movimiento Olímpico”, destinada a mejorar el proceso licitatorio, lograr un mayor compromiso con las comunidades de las ciudades anfitrionas, sustentabilidad medioambiental y combinación de deporte y cultura.

“El COI está transformando el modelo de organización de este tipo de eventos. Hay ciudades como Oslo o Roma, que prefieren no ser sedes anfitrionas. Río de Janeiro fue un ejemplo del impacto negativo que pueden tener, pero también lo fueron Atenas en 2004 y Pekín en 2008. Ya existe una perspectiva de que es necesario cambiar la forma en que se hacen estos mega eventos”, concluyó Campagnani.

Alpes sin Olimpíadas

La organización CIPRA International pregona sin pelos en la lengua “que los Alpes se mantengan libres de Juegos Olímpicos”. Su presidenta, Katharina Conradin, explicó a Fonres que mantendrán esta postura tajante a menos que la sustentabilidad se convierta en un esfuerzo real de la organización de los eventos de deportivos de invierno en los Alpes europeos. “Esto no sucede actualmente. Una de las razones es que el COI dicta las reglas para las ciudades anfitrionas, y los contratos se hacen después de que las ciudades ganan la licitación. Entonces esto se transforma en un gran problema”, señaló.

Por otro lado, la construcción de espacios para las competencias en un entorno como los Alpes es demasiado costosa para las anfitrionas, además de nociva para el medio ambiente (en especial por la tala de árboles para pistas de esquí) y cuesta aún más el mantenimiento posterior. “Hay un costado social de la sustentabilidad que también debe tenerse en cuenta: las poblaciones no tienen el derecho a decidir sobre lo que se construye y los costos de estos proyectos, finalmente son pagados por el contribuyente”, resumió Conradin.

Para la organización CIPRA, los cambios que debería encarar el COI para revertir los impactos negativos son: reducción en el tamaño de los eventos (por ejemplo, dividiendo las competencias entre dos localidades cercanas); un compromiso del organismo para utilizar infraestructura ya existente en las ciudades; y mayor transparencia en los contratos.

El modelo inédito que debutará en Buenos Aires

Como un intento de probar un nuevo modelo de organización de juegos deportivos de esta envergadura, los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 se caracterizan por ser los primeros organizados por un ente público. Juan Manuel Areco, director de Finanzas del Comité Organizador local, explicó: “Nunca en la historia de los Juegos Olímpicos se hizo de esta manera. Siempre se encargaba a asociaciones privadas o a comités nacionales. Ahora es el gobierno de la Ciudad, en acuerdo con el Comité Olímpico Argentino (COA), firmado por el Comité Olímpico Internacional (COI), quien está a cargo. Había incertidumbre, inicialmente, pero vamos cumpliendo”.

La cuestión de transparencia es esencial para la iniciativa, y en especial, a la hora de elaborar y comunicar detalles sobre el presupuesto. El financiamiento para la organización está repartido entre el gobierno porteño, el COI y el COA: del total de $2.400 millones que costarán los Juegos, un 80% será aportado por la ciudad.

En contrapartida, como destacó Areco, el “legado” para Buenos Aires se vería eventualmente en compra de equipamiento deportivo, desarrollo urbano para la zona sur de la ciudad, mueblería y por sobre todo esto, un posicionamiento a nivel mundial por la capacidad de organización. “Es importante pasar a formar parte de la “familia olímpica”. En el caso de Londres, por ejemplo, las herramientas que deja un Juego Olímpico se seguirán usando hasta 2031. En las escuelas aún se habla de los valores y el espíritu del evento de 2012”.

Para la experiencia en Buenos Aires –que arranca el 6 de octubre de 2018- se diseñó un plan de sustentabilidad específicamente delineado para la organización de las competencias, pero también para el día después, cuando las nuevas instalaciones queden desocupadas y los atletas regresen a sus hogares.

Para Katharina Conradin de CIPRA, el modelo de organización por parte de un ente público que se aplicará en Buenos Aires puede ser novedoso ya que se podrían aplicarse estándares más estrictos, más regulación y transparencia con información más abierta y comprensible. Pero sólo el tiempo podrá determinar el éxito o fracaso del intento.

Los 4 ejes del plan

Desde el Comité Organizador, junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, se puntualizaron cuatro ejes primordiales en este plan de sustentabilidad: obras que sigan premisas de sustentabilidad; basura cero, en línea con la estrategia del municipio, orientada a duplicar la cantidad de materiales de reciclaje; cultura sustentable, en relación a distintas medidas de concientización y capacitación para la ciudadanía; y carbono cero, para la reducción de la huella de carbono y las diversas acciones en este sentido.

Areco agregó un aspecto adicional, de compras sustentables, que puede ayudar a incrementar la competitividad de las empresas locales. “La Villa y el Parque Olímpicos fueron pensados desde estos ejes. En el caso de la Villa, se destinará a viviendas a crédito para la clase media. La iniciativa será encarada por el Instituto de Vivienda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Banco Ciudad. Ya encaramos procesos crediticios para que antes de los Juegos Olímpicos ya sean adjudicadas las unidades, y en marzo de 2019 se concretaría la entrega”, adelantó.

El Parque Olímpico, por su parte, fue concebido desde su origen como un centro de alto rendimiento para atletas, con la idea de que posteriormente quede para los deportistas locales y pueda suplir la falta de infraestructura de la ciudad para su entrenamiento.

Como indicaron a Fonres desde la unidad Obras Villa Olímpica y Sedes Deportivas del Ministerio de Desarrollo Urbano, ya hay 400 viviendas entregadas, dentro de los edificios mencionados, y se espera que en diciembre se completen las 800 restantes. “Por solicitud del Comité Olímpico Internacional, los departamentos no cuentan con cocinas, por lo que serán equipados luego de los Juegos para entregar a través de créditos blandos gestionados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad”, comentaron. Una vez finalizadas las obras de los 31 edificios, quedará un total de 125.000 metros cuadrados de viviendas totalmente nuevas.

Legados intangibles

En relación al “legado” que pretende este nuevo modelo para el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el término asociado a grandes eventos deportivos comenzó a utilizarse a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, y actualmente es un elemento fundamental que se busca dejar a las urbes anfitrionas, para promover que participen en las licitaciones del Comité Internacional. Como explicó Becca Leopkey, investigadora de la Universidad de Georgia, en los Estados Unidos, el vocablo “legado” se transformó en una manera de justificar las inversiones millonarias en construcciones para las urbes, pero en los últimos diez a quince años, se volvió aún más importante el legado “intangible”.

“El problema es que lo intangible es más difícil de medir y probar. Con la importancia que adquirió el medio ambiente a nivel mundial, el COI abordó la sustentabilidad a largo plazo tanto medioambiental, como social y económica”, explicó Leopkey.

Hay un costado social de la sustentabilidad que también debe tenerse en cuenta: las poblaciones no tienen el derecho a decidir sobre lo que se construye y los costos de estos proyectos, finalmente son pagados por el contribuyente.

Al fin y al cabo, como razonó la investigadora, el valor de un eventual legado puede convencer a una ciudad de trabajar para ser anfitriona de este tipo de eventos. “Cuesta entre US$ 35 millones y US$ 40 millones involucrarse en una licitación para Juegos Olímpicos. Entonces, al COI le interesa que haya una percepción de un legado positivo, para tener ciudades interesadas en participar”, detalló.

Uno de los últimos trabajos de Leopkey tiene que ver con el legado que puede quedar a una candidata, aún sin resultar adjudicataria de la organización del evento. Es el caso de Manchester, Chicago y Estambul, que no fueron ganadoras en procesos en los que participaron, pero se adquirieron legados intangibles como la reunión de una comunidad en pos de un objetivo común, el aprendizaje para competir o la experiencia ganada (en el caso de la ciudad turca también se quedaron con bienes tangibles porque ciertas construcciones fueron conservadas).

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