Se formó la Coalición Caribeña para un Clima Inteligente renombrada como Aceleradora. Doce países de la región y catorce actores del sector privado para inyectar US$ 8.000 millones y beneficiar a unas 3,2 millones personas, afectadas en 2017 por los huracanes Irma y María.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que el impacto económico del cambio climático en el Caribe podría exceder los 22 mil millones de dólares al año para 2050 –el 10% del PBI de la región-, en caso de que se continúe con los actuales modelos de negocio y actividades económicas. El paso devastador de los huracanes Irma y María en 2017 es sólo una muestra del panorama para los próximos años, por lo que en diciembre último quedó conformada la Aceleradora Caribeña para un Clima Inteligente, que involucra a Anguilla, Antigua & Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Jamaica, Martinica, Montserrat, St Kitts & Nevis, Santa Lucía, Turks & Caicos e Islas Vírgenes Estadounidenses.
Definida como una “coalición voluntaria de gobiernos, instituciones públicas regionales y globales, empresas y sociedad civil”, busca que sus miembros trabajen juntos para “inyectar un nuevo ADN en la acción climática global adoptando y escalando nuevos enfoques para hacer del Caribe la primera zona climáticamente inteligente del mundo”, según reza su carta fundacional. Para lograrlo, la Aceleradora pretende rechazar los enfoques habituales y plantear un nuevo paradigma que sirva en el Caribe, pero también a escala global.
Como se informó en la cumbre One Planet Summit, realizada a fin de 2017 en Francia –a modo de revisión del Acuerdo de París de 2015-, los pilares de la Aceleradora serán construir ecosistemas duraderos, hogares resilientes, comunidades cohesionadas y economías competitivas; promover soluciones de energía más limpias y menos costosas; valorar el capital natural y los medios de vida sostenibles; y construir capital humano.
Del total de inversión prevista, alrededor de 1.300 millones de dólares se destinarán a la recuperación de las islas devastadas, y 2.800 millones, a fomentar una nueva visión de la organización económica en la región. Los actores del sector privado que participan de la iniciativa son la automotriz Tesla, Mastercard, la Fundación Bill & Melinda Gates, Virgin Unite, Long Haul Capital Group, Green Climate Fund, el operador móvil Digicel, The Rockefeller Foundation, Swiss Re, Rocky Mountain Institute, Bridgeway Foundation, BMR Energy, Envision y Munich Climate Insurance Initiative (MCII).
El marco de resiliencia
Uno de los trabajos centrales de la Aceleradora es elaborar un marco de resiliencia, tarea a la que están abocados la Organización de Estados del Caribe Este (OECS, por sus siglas en inglés) y la fundación del empresario y fundador de Virgin Group, Richard Branson (una de las entidades privadas que integran la Aceleradora). Se trata de un trabajo conceptual para identificar tareas críticas a afrontar en los próximos meses, pero con una idea de base: la resiliencia debe ir más allá de la recuperación frente a desastres naturales.
Como expuso Didacus Jules, director general de la OECS, en diálogo exclusivo, “la resiliencia es una respuesta a vulnerabilidades de tres tipos. Primero, medioambientales (huracanes, terremotos, inundaciones, entre otros desastres naturales); luego, tecnológicas, considerando desde ciberataques a fallas en la transparencia después de una catástrofe; y por último, sanitarias, lo que incluye pandemias, pestes agrícolas, contaminación, e incluso, salud mental. Los peligros no sólo están en el cambio climático”, aclaró.
Por ejemplo, la salud mental sufre severamente el impacto de los desastres, y las afecciones emocionales son una consecuencia muchas veces oculta y desconocida, a la vez que difícil de contener. Para trabajar con la resiliencia en este punto en particular, OECS emprendió la campaña “Volver a la felicidad”, un taller intensivo con niños en los estados que pertenecen a la entidad, de la mano de UNICEF.
La resiliencia es una respuesta a vulnerabilidades de tres tipos. Primero, medioambientales; luego, tecnológicas, considerando desde ciberataques a fallas en la transparencia después de una catástrofe; y por último, sanitarias, lo que incluye pandemias, pestes agrícolas, contaminación, e incluso, salud mental. Los peligros no sólo están en el cambio climático.
La idea del marco de resiliencia es que el Caribe cuente con un “plan maestro” integral, en lugar de operar en silos separados. Que distinga prioridades y mayores impactos, generando saltos en términos de resiliencia. Así sus autores esperan cautivar el interés de privados y actores multilaterales.
La OECS y Fundación Branson prevén presentar los lineamientos de este marco a inicios de abril, ante la Comunidad del Caribe (CARICOM), agencias de seguridad y de manejo de desastres. Estos entes podrán criticar la propuesta y hacer recomendaciones, y el marco se modificará a partir de este feedback. Luego se llevará ante los gobiernos nucleados en la Aceleradora para su acatamiento, y este será el punto de partida de los proyectos de aplicación.
Una cuestión de PBI
La diferencia de la nueva Aceleradora frente a organizaciones ya existentes es que, hasta el momento, las campañas se encaraban a través de entidades multilaterales. Esto implicaba ciertos requisitos para que un país del Caribe pudiese acceder a asistencia financiera, y aquellos considerados de alto PBI, quedaban afuera de los programas. “Los últimos huracanes mostraron que aún siendo de altos ingresos, un único evento puede acabar con todo: en Dominica, por nombrar un caso, las pérdidas ocasionadas por Irma y María equivalen a más del 200% del PBI”, ejemplificó Jules.
“Con la Aceleradora, se evidencia un esfuerzo de lobby para cambiar políticas. No sólo deben orientarse a “construir todo de nuevo en un modo resiliente”, sino que es importante persuadir a la comunidad internacional de que es necesario pasar de un paradigma “PBI como índice” a un “índice de vulnerabilidad”, expuso el directivo de OECS.
Para la Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), que no participa directamente de la Aceleradora, el proyecto es prometedor, en particular por su conceptualización y visión. Esta institución se caracteriza por utilizar un mecanismo innovador en transferencia de riesgos, y destacó que la idea de una primera “zona climáticamente inteligente” del mundo apunta a “no dejar a nadie atrás” en el desarrollo”.
Planes, financiamiento, seguros y capacidades
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), otro de los entes que integran la Aceleradora, la visión es similar. El organismo no sólo está abocado a la reconstrucción de escuelas e infraestructura en general en la región caribeña, sino que su mayor preocupación es que se hagan las cosas de un modo distinto.
Deodat Maharaj, consejero Senior para el Caribe de UNDP, destacó que se necesitan mejores planes, estándares de infraestructura y agendas de largo plazo. “Y debe notarse que los países de altos o medianos ingresos pueden estar muy endeudados. Es importante que la transición conduzca a un modelo económico independiente de combustibles fósiles, a una economía más verde”, expresó.
La UNDP y CARICOM son socios, por ejemplo, en reconstrucción edilicia, pero a sabiendas de que es sólo un punto de partida. La tarea central es ayudar a países –incluso los no afectados por desastres naturales- a planificar mejor y utilizar los presupuestos de modo eficiente, porque la escasa superficie de las islas vuelve vulnerables a todos los Estados (Trinidad y Tobago y Granada son un caso, ya que no fueron dañadas por los eventos de 2017). Ambas entidades trabajan actualmente en un plan de negocios y un portfolio de proyectos, que llevarán ante la Aceleradora.
Los últimos huracanes mostraron que aún siendo de altos ingresos, un único evento puede acabar con todo. En Dominica, las pérdidas ocasionadas por Irma y María equivalen a más del 200% del PBI.
Con esta visión como base, la actividad de la Aceleradora Caribeña para un Clima Inteligente se estructurará formalmente alrededor de cuatro puntos críticos, tal como adelantaron sus integrantes a este medio. Primero, generar escala para las energías renovables, de manera de evitar la dependencia de combustibles fósiles y de instalaciones eléctricas altamente vulnerables (y que dejaron sin energía a miles de personas, especialmente en Puerto Rico, tras María e Irma).
Un segundo terreno para actuar con urgencia es la construcción de infraestructura resiliente y con bajos niveles de carbono, incluso adoptando enfoques basados en lo natural, que permitan resistir mejor eventuales desastres. Luego, crear modelos de financiación innovadores (por ejemplo, canjes de deuda por resiliencia a cambio de un progreso demostrado en reformas de políticas e inversiones) y fortalecer la capacidad de los países del Caribe y las instituciones regionales clave para planificar estrategias de resiliencia a largo plazo y crecimiento climático inteligente.
Hacia una economía azul y circular
Los países más afectados por el paso de Irma y María fueron Dominica, Barbuda, St. Marteen y las Islas Vírgenes Británicas. Para estos será vital reforzar la planificación nacional, incorporando la resiliencia en el modelo económico, según adelantaron desde la UNDP. En esta labor se vuelven centrales los estándares con lo que se construirá a partir de ahora, y –más importante aún-, su cumplimiento en la práctica cotidiana. “Un primer objetivo es lograr mejoras en planeamiento. Luego, en financiamiento, con una nueva estructura que atraiga inversión del sector privado: creando un mejor entorno, se logrará captar la inversión”, explicó Maharaj.
A nivel de seguros también serán necesarios ciertos ajustes, con productos que reflejen la realidad del Caribe para que los gobiernos no deban afrontar los daños por desastres propios de la zona. Y por último debe crearse capacidad para la implementación de proyectos: la región se caracteriza por su vulnerabilidad a “shocks económicos” porque la escasa superficie condujo a concentrarse en un cultivo o actividad únicos. Maharaj alentó a la región a reinventarse, con nuevas oportunidades, especialmente de la Economía Azul, como biotecnología, reinvención del turismo y acuacultura. “Granada ya lo hace, con el mar aprovechado como oportunidad, en tanto que Trinidad y Tobago optó por volcarse a hidrocarburos”, mencionó.
Como explicaron desde la CCRIF, “los principios de la economía azul y circular enfatizan la importancia de que los países sigan un camino sostenible para el desarrollo con un enfoque en la eliminación de la pobreza, la mejora de las perspectivas de crecimiento, la inclusión social y la reducción de las vulnerabilidades, sustentados en la sostenibilidad ambiental”.
Con la Aceleradora, se evidencia un esfuerzo de lobby para cambiar políticas. Es importante persuadir a la comunidad internacional de que es necesario pasar de un paradigma “PBI como índice” a un “índice de vulnerabilidad”.
La economía circular se basa en la innovación de todo el sistema y busca crear una capacidad de recuperación a largo plazo en todos los sectores de la economía. El CCRIF en sí mismo es un ejemplo de una herramienta innovadora para la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático en el Caribe: fue el primer instrumento de seguro en desarrollar políticas paramétricas respaldadas por mercados tradicionales y de capital, y proporciona cobertura de seguro para catástrofes paramétricas para huracanes, terremotos y exceso de lluvia en el Caribe y América Central. Concretamente, refinancia la liquidez a corto plazo para comenzar los esfuerzos de recuperación para un gobierno individual después de un evento catastrófico, llenando así la brecha entre la ayuda de respuesta inmediata y el redesarrollo a largo plazo. “La respuesta rápida del CCRIF y los pagos a los gobiernos miembros, realizados dentro de los 14 días posteriores a un evento de riesgo, han sido apreciados por estos gobiernos ya que abordaron los eventos extremos geofísicos y climáticos durante la última década, particularmente en los últimos dos años”, indicaron desde la institución.
Para el CCRIF, en la búsqueda de una sociedad más sostenible, los países deben garantizar que haya una integración de las políticas económicas, sociales y ambientales, y que éstas estén respaldadas por los principios de la buena gobernanza. “Este tipo de desarrollo no solo asegurará la resiliencia, sino que también garantizará que logremos la Agenda 2030 y que “no dejemos a nadie atrás” en el desarrollo”, concluyeron.
