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ODS16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

El más utópico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es a la vez uno de los más importantes. Lograr la paz, la justicia y la inclusión un recorrido cuesta arriba pero no imposible.

Casi llegando al final de la lista de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030 diseñada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se encuentra uno bastante peculiar. Se trata del ODS16 que propone apunta a alcanzar «Paz, Justicia e instituciones sólidas» y -aunque pueda sonar un tanto más intangible o utópico comparado con los demás- éste resulta fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible.

En la práctica, esta ambiciosa visión se traduce en que los gobiernos, la sociedad civil y las demás organizaciones, promuevan sociedades pacíficas e inclusivas, faciliten el acceso a la justicia para todos y se enfoquen en crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

En otras palabras, esto significa promover sociedades basadas en la transparencia y el buen gobierno, con instituciones públicas transparentes y responsables; el respeto a los derechos humanos, con ciudadanos que cuenten con las libertades y condiciones básicas para vivir en dignidad; y la paz y la estabilidad, con escenarios estables, donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en igualdad y las instituciones puedan desarrollar sus funciones de forma segura.

Si bien desde que comenzó a implementarse la Agenda 2030 en el año 2015, los países están avanzando hacia la consecución de estas metas, los resultados no llegan a ser equitativos entre sí. «En muchas partes del mundo aún se padecen horrores en silencio como resultado del conflicto armado o de otras formas de violencia que ocurren en las sociedades y a nivel doméstico. Los avances son disparejos en lo que respecta a la promoción del estado de derecho y el acceso a la justicia» indican desde la web institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A continuación agregan una mirada más esperanzadora: «Sin embargo, se ha progresado en cuanto a las regulaciones para fomentar el acceso público a la información, aunque lentamente, así como también en el fortalecimiento de las instituciones que defienden los derechos humanos a nivel nacional».

A diferencia de otros de los ODS, resulta un poco más difuso ver el impacto de las acciones tomadas en esta esfera. Para ello, es primordial entender cuál es el costo de no adoptar medidas que orientadas a alcanzar su propósito.

Sólo basta con observar de qué modo la violencia armada y la inseguridad tienen un efecto destructivo en el desarrollo de un país y en qué medida estos factores influyen en las oportunidades de crecimiento económico. ¿Algunos ejemplos? La violencia afecta a la salud, el desarrollo y el bienestar de los niños, así como a su capacidad para prosperar, y provoca traumas y debilita la inclusión social. Sumado a ello, la falta de acceso a la justicia implica que los conflictos quedan sin resolver y que las personas no pueden obtener ni protección ni reparación. Las instituciones cumplen un rol fundamental. Si no funcionan eficazmente, son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder, y tienen menos capacidad para prestar servicios públicos para todos. Y finalmente, como un manto que cubre todo lo anterior, la exclusión y la discriminación no solo violan los derechos humanos, sino que también causan resentimiento y animosidad, provocando a su vez,  más actos de violencia. En cifras, según informa PNUD, hacia fines de 2017, 68,5 millones de personas fueron forzosamente desplazadas como resultado de la persecución, el conflicto, la violencia o las violaciones de los derechos humanos. Además, hay al menos 10 millones de personas apátridas en todo el mundo a las que se les ha negado la nacionalidad y los derechos conexos y -entre otros datos destacables- alertan que la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva les cuestan a los países en desarrollo US$ 1,26 billones al año.

Y las empresas también

El sector privado también tiene una gran responsabilidad a la hora de cumplir con el ODS16. Las acciones que pueden adoptar las compañías son muchas. Desde el Pacto Global, la iniciativa de Naciones Unidas, que promueve la responsabilidad social empresarial en el mundo, enumeran algunas buenas prácticas que las compañías debieran implementar para hacer su aporte.

A nivel interno, y aunque parezca una obviedad plantean la importancia de cumplir con la legislación nacional de los países en los que opera y con la legislación internacional en derechos humanos, tanto en sus operaciones directas, como a través de la cadena de suministro. Además, destacan la importancia de diseñar políticas para prevenir la corrupción, los delitos y el fraude y todos los demás comportamientos corporativos que puedan influir negativamente en la paz.

Puertas afuera de la compañía, y en línea con lo anterior, sugieren inicialmente atender a los requerimientos de ayuda por parte de los gobiernos en los países en los que opera, para fortalecer el estado de derecho y ayudar en la consecución de la paz. Entre las acciones concretas a tomar, se mencionan la creación de alianzas público-privadas con ONG, universidades, sector público y otras empresas.

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