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Los nudos del desarrollo

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Para poder avanzar en cualquier camino, es necesario conocer los obstáculos. Un punteo por los ocho «nudos» que debe desatar América latina para alcanzar un desarrollo social e inclusivo.

«Lo social no solo se juega en lo social» plantean desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta afirmación -que a simple vista puede parecer de escasa relevancia- adquiere valor al comprender la interrelación e interdependencia que existe con los fenómenos ambientales y económicos. Por ende, las acciones que se plantean y emprenden en la esfera social tiene efectos sinérgicos en las otras dos. Bajo esta misma mirada, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el compromiso internacional diseñado por Naciones Unidas para enfrentar las grandes problemáticas que se afrontan a nivel global, se propone trabajar integralmente y simultáneamente en las tres dimensiones.

En el caso de América Latina y el Caribe, la concreción de esta agenda encuentra viento a favor en ciertos aspectos, lo que se traduce en oportunidades oportunidades alcanzar un desarrollo social inclusivo, pero así también tiene ante sí diversos obstáculos. En este marco resulta clave pensar cómo responder desde una perspectiva integral a las metas del desarrollo sostenible, en donde la dimensión social es un aspecto central y para ello, es fundamental tener claridad sobre los elementos que obstaculizan el camino hacia una mejora en las condiciones de bienestar y garantías de inclusión en los diversos ámbitos.

Con este objetivo desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicaron el Informe «Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe», en el cual enumeran esos puntos críticos que impiden avanzar y en esas páginas además, sientan las bases de una agenda regional, conjunta y coordinada para afrontarlos.

Los nudos

Los nudos críticos y desafíos emergentes del desarrollo social inclusivo que proponen desde CEPAL son ocho y fueron identificados a partir del diagnóstico regional recogido en documentos analíticos de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y los acuerdos alcanzados en sus sucesivas Reuniones, así como en otros análisis regionales recientes. El primero de ellos no sorprende, se trata de «la pobreza y la vulnerabilidad a la pobreza» entendido como un fenómeno persistente. Como se afirma en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es el principal desafío mundial y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. En una perspectiva multidimensional, según explican en el informe, «la pobreza engloba la negación de opciones, de oportunidades y de participación efectiva en la sociedad, y es una de las expresiones máximas de la vulneración de los derechos». En este abordaje, los autores hacen especial referencia a entender los efectos acumulativos que tiene la pobreza, ya que no solo impactan en el desarrollo de las potencialidades de las personas en la actualidad sino que también favorecen que esta situación se repita en la siguiente generación. En otras palabras, «hipoteca las bases de un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo» afirman. Los datos que aporta el documento son alarmantes y dan cuenta de la importancia de distinguir  este «nudo» como una prioridad regional.

Según el Panorama Social de América Latina, 2018 (CEPAL, 2019a), en 2017 el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a 184 millones, equivalente al 30,2% de la población, al mismo tiempo que el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó a 62 millones y llegó a representar el 10,2% de la población. No obstante, señalan que esta tendencia era totalmente opuesta una década atrás. «De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, entre 2002 y 2014 la pobreza y la pobreza extrema se redujeron considerablemente en la región: la pobreza bajó del 44,5% al 27,8% y la pobreza extrema disminuyó del 11,2% al 7,8%, con un ritmo de caída más acelerado en la primera mitad del período» indican. No obstante, entre 2015 y 2016 se registraron incrementos sucesivos de las tasas de pobreza (en las áreas urbanas) y pobreza extrema (tanto en las áreas urbanas como rurales), que representaron un retroceso significativo, sobre todo en el caso del segundo indicador.

El segundo de los obstáculos es el de «las desigualdades estructurales, injustas e ineficientes, y la cultura del privilegio». A pesar de ciertos avances, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo. Así, este aspecto conspira contra el desarrollo y es una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática según desarrolla el documento de CEPAL.

La desigualdad es una vieja lucha que se viene dando en la región.Tal es así que se ha transformado en una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.  «La desigualdad social en la región está asentada en una estructura productiva altamente heterogénea y poco diversificada y en una cultura del privilegio, heredada de un pasado colonial y esclavista, que es un rasgo histórico constitutivo de las sociedades latinoamericanas y que se reproduce en instituciones, prácticas establecidas y valores». En este contexto surge el concepto de «cultura del privilegio», el cual hace referencia a «un sistema de valores que refuerza y reproduce en la sociedad un orden jerárquico establecido sobre la base de la condición racial o étnica, la posición económica, la filiación política o la herencia sanguínea de grupos de la población que tienen ventajas sobre el resto». La cultura del privilegio -explica el informe- «naturaliza las jerarquías sociales y las profundas asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos, operando como un obstáculo mayor a la igualdad en todas sus dimensiones». La pregunta que surge a continuación es ¿Cómo se contrarresta esta situación? Los autores del informe ensayan una respuesta: «se requiere nutrir y potenciar una cultura de igualdad de derechos, mediante políticas e instituciones que actúen en favor de la igualdad, una activa participación ciudadana, el combate a todas las formas de racismo y discriminación, el desarrollo local y territorial equilibrado y sostenible, y la visibilización, el reconocimiento y la valoración de las diferencias. Es importante considerar la dimensión cultural de la desigualdad y del desarrollo, porque lo que se necesita son cambios profundos que se pueden moldear desde la política y las políticas, pero requieren transformaciones más fundamentales y en plazos más largos, que al mismo tiempo den mayor sostenibilidad a los procesos de desarrollo».

Como tercer eslabón de esta cadena, destacan «Las brechas en el desarrollo de capacidades humanas —educación, salud y nutrición— y de acceso a los servicios básicos» donde se observa una dinámica similar a los nudos anteriores. Si bien se han experimentado importantes avances en los ámbitos de capacidades humanas como la salud y la educación, así como de acceso a vivienda, servicios básicos (agua potable, electricidad y saneamiento) e Internet, persisten brechas que obstaculizan el pleno y sano desarrollo de todas las personas.

El mundo de trabajo es el protagonista del cuarto nudo, particularmente «los déficits de trabajo decente y las incertidumbres asociadas a los cambios tecnológicos». Si se parte de la idea de que el trabajo es la llave maestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento económico, no caben duda de que el empleo productivo y de calidad y el trabajo decente son elementos centrales para el desarrollo social inclusivo y un mecanismo fundamental de construcción de autonomía, dignidad personal y ejercicio de la ciudadanía.

La estructura y las dinámicas de los mercados de trabajo en la región siguen caracterizándose por altos déficits en su capacidad de generar empleos productivos y trabajo decente, y por sus profundas desigualdades de género, raza y etnia y edad. En 2016, en América Latina, el 41,7% de las personas ocupadas recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales, y este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes (60,3%) y mayores (74,1%) informa CEPAL.

En la región, los mercados laborales son el eslabón entre una estructura productiva altamente heterogénea y con alto peso de sectores de baja productividad y una alta desigualdad del ingreso de los hogares. En 2017 la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja productividad (30,4%) triplicó la de los ocupados en empleos de alta productividad (11,3%). El  alto porcentaje de la población empleada en sectores de baja productividad es un factor explicativo importante de la reproducción de la desigualdad de ingresos y de un acceso desigual a la regulación laboral y a la protección social asociada a los empleos formales.

Nudos emergentes

Las diversas formas de violencia

Los desastres y el cambio climático

Las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional

Las migraciones en la encrucijada del desarrollo social inclusivo

Los cambios tecnológicos y las capacidades

Otro de los factores que están interfiriendo en el desarrollo social inclusivo es el acceso aún parcial y desigual a la protección social

el cual es clave para erradicar la pobreza y por otro lado una institucionalidad de las políticas sociales, aun en construcción. En este último punto, explican que su institucionalización «favorece que las políticas y programas sociales estén sujetas a reglas y normas explícitas, transparentes y reconocidas por los actores, y permite minimizar su uso con criterios particulares, políticos partidistas o sencillamente ineficientes. También implica la capacidad de incorporar el cambio y la innovación de manera ordenada para hacer frente a nuevos desafíos del desarrollo, nuevas demandas sociales y cambios en los ciclos políticos» desarrollan.  En muchos casos -explican- las políticas y programas sociales en general, y la protección social en particular, descansan sobre bases institucionales frágiles y están sujetas a cambios abruptos de orientación, a una limitada capacidad de coordinación entre los actores gubernamentales relevantes y a poca claridad en sus objetivos y alcance. En este contexto surge el sexto nudo, el cual hace referencia a «un nivel de inversión social insuficiente». Para que esto suceda, se requiere pasar de la idea de gasto corriente a la de inversión social. «El desafío consiste en avanzar de manera complementaria en la priorización de las políticas sociales, para contar con más recursos, y en una gestión más eficiente y efectiva que permita alcanzar los objetivos de dichas políticas» concluyen los autores del informe.

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