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Salud mental

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Por: Dra. Verónica Mora Dubuc (*)

El estigma y los prejuicios limitan la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad psicosocial. Un recorrido por las principales estrategias, programas y dispositivos exitosos para derribar esas barreras que aun persisten.

* Médica Psiquiatra (MN 70612)  Contacto: [email protected]

La Enfermedad mental ha sido históricamente valorada como un comportamiento a disciplinar. Cada cultura con sus paradigmas vigentes ha definido así, un objeto para cada momento.

No fue hasta los tiempos de la Ilustración que se la consideró “Enfermedad”. Pero ha sido durante el Siglo XX que el desarrollo de las disciplinas de la psicología y la psiquiatría ampliaron conocimientos y prácticas y se abrieron a cambios de paradigmas.

En las últimas décadas ha habido un giro importante en la política internacional hacia la enfermedad mental, la discapacidad en general y en salud mental en particular, debido a la adopción de un enfoque basado en los Derechos Humanos. Con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2006, se ha hecho un mayor hincapié en promocionar la inclusión social de las personas con discapacidad[1].

Con un 25% estimado en la población adulta, uno de cada cuatro padece uno o más trastornos mentales o del comportamiento a lo largo de su vida. La prevalencia de estos trastornos continúa aumentando, con efectos en la salud de las personas y consecuencias a nivel socioeconómico y de los Derechos Humanos.[2]

La limitación del individuo con discapacidad psicosocial (DPS), no depende sólo de su déficit, sino también de las condiciones que le genera el medio ambiente que lo rodea, siendo la discapacidad una situación relativa, que se reduce con instituciones que rehabiliten y den apoyo durante el proceso de recuperación e inclusión.

Esta población muestra una alta demanda hacia el sistema de salud mental, dados los efectos negativos de la trayectoria de la enfermedad sin tratamiento oportuno, observándose una tendencia a la cronificación, aislamiento social, internaciones y reinternaciones frecuentes en modelos exclusivamente asilares.

Se hace necesaria la transformación del sistema de servicios, promoviendo un proceso de rehabilitación que impulse la reinserción social, cultural y laboral del usuario. Incluso, con una actualización sistemática y continua de la formación profesional y técnica, con criterios de calidad y eficacia, en el marco de Derechos vigente.

Los programas y dispositivos orientados a la inclusión con modelos de apoyos y continuidad de cuidados, constituyen un instrumento estratégico para el desarrollo de condiciones de autonomía personal.

Según estudios de la Ciudad de Buenos Aires y otros internacionales, la tasa de reinternaciones en salud mental al año, oscila entre un 28% y un 50%[3]. Según datos recogidos de las estadísticas del Programa de Emprendimientos Sociales de la DGSM, en el período 2007-2016, en un total de 407 usuarios adultos se estima que solo alrededor del 10%, en algún momento de los dos años de permanencia en el programa, debió ser reinternado.[4]

El avance en la implementación de estas prácticas en salud mental requiere de una normativa acorde en el marco de los Derechos vigente, que nomine, oriente acciones y garantice recursos.

En este sentido, la Ley de Salud Mental Nº448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en el año 2000, manda “la intersectorialidad y el abordaje interdisciplinario en el desarrollo del Sistema de Salud Mental”, de modo que la garantía de la salud integral resulte un objetivo posible.

A su vez la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 de 2010, en su artículo 11º establece que “La Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria”. Afirmando que “El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales”.

Producción, empleo y discapacidad

La enfermedad mental ha sido siempre un tema difícil de enfrentar en el mundo del trabajo a causa del estigma y de los temores asociados a ella.
Shruti Singh, economista del trabajo en la OCDE, durante la Conferencia dedicada al tema en Ginebra en el año 2014, explicaba que “En la mayoría de los casos, ofrecer apoyo a los trabajadores afectados para permitirles conservar su empleo o regresar a su trabajo si toman una licencia o se ausentan, es una solución mucho mejor que excluirlos del lugar de trabajo y dejarlos enfermos o recibiendo para siempre prestaciones por discapacidad”.

Un 31% de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) emitidos en 2016 en Argentina son por discapacidad mental. En este grupo se incluye un 8% por discapacidad intelectual (retrasos mentales aparecidos en el desarrollo infantil). Si se suman ambos superan a la discapacidad motora que alcanza un 33% del total.

En cuanto a la distribución etaria, de todas las personas que solicitaron el CUD, el 55,10 % se ubica entre 15 a 65 años. Por lo que más de la mitad de esta población está en un momento vital de productividad laboral y / o educativa.

Trabajo y educación entre las personas con CUD

Más del 80% de las personas con CUD no trabaja. Entre las personas con discapacidad mayores de 14 años, sólo cuentan con un empleo, o al menos lo declaran, un 13,49 %. Este indicador es mas bajo aun, si sólo consideramos la discapacidad mental (5%). El 86,51 % declara que no trabaja.

Los Programas de Inclusión conforman estrategias de los usuarios con garantía de derechos, mediante acciones articuladas entre distintas áreas de gobierno, en el marco de la salud mental comunitaria. Ello requiere de la ampliación de la red de servicios intra y extra hospitalaria, así como la activación de convenios intersectoriales, como mecanismo facilitador y potenciador de recursos.

Su impacto -sin embargo- será pobre si no se encara una lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental promoviendo concientización y sensibilización de la comunidad para lograr la efectiva equidad y oportunidades de acceso a los recursos y servicios.

 El Programa Emprendimientos Sociales (Resolución Nº 893/2007) en CABA vino a dar encuadre normativo a prácticas que se iniciaron en los años 90 para dar respuesta a un proceso de exclusión social que afecto a la población con TMS aun mas que a la población general. Se instaló como una Estrategia productiva para la promoción de la Salud y la inclusión social.

En su creación en el año 2007, el programa dependía de la Dirección General de Salud Mental, aunque sus recursos materiales y humanos tenían asiento en los grandes hospitales monovalentes que iniciaron sus prácticas comunitarias por iniciativa de los equipos constituidos por trabajadores de los Hospitales  Borda y Tobar García.

Incluyeron a usuarios con TMS en situación de alta de internación y a personas de la comunidad con necesidades básicas insatisfechas y desempleadas, no usuarios necesariamente del sistema.

Sus prácticas se legitimaron con la Ley N°448/00 de Salud Mental de CABA, que reconoce a los emprendimientos sociales como uno de los efectores dependientes del subsector estatal del Sistema de Salud Mental, considerándolos como “un dispositivo de estrategia comunitaria” (…) “como medio la producción, la capacitación en tarea y la comercialización de bienes y/o servicios”.

Cada emprendimiento despliega acciones diarias diferentes según su objeto de trabajo (cocina, diseño, huerta, otros) pero todos lo hacen sosteniendo la estrategia técnica especifica a cargo de talleristas capacitadores, integrada a la terapéutica de cada usuario en su dispositivo de referencia, así como en conjunto con los referentes familiares y comunitarios, para favorecer el proceso de rehabilitación con inserción comunitaria.

El Programa de Empleo con Apoyo (Resolución Nº 1972/MSCG/2017) por su parte, es una estrategia individualizada de orientación e inclusión laboral. Se crea con dependencia de la Dirección General de Salud Mental, que, mediante una metodología específica, brinda apoyo para que la persona con discapacidad psicosocial, pueda acceder, consolidarse y crecer en un empleo que sea de su interés, dentro del mercado abierto y competitivo.

Ofrece desde el inicio una estrategia individualizada para mayores de 18 años, con interés en participar de un empleo. Cuenta además con monitoreo del desempeño laboral, favoreciendo así, el desarrollo de ese rol, al mismo tiempo que se trabaja con el entorno laboral, para optimizar la inclusión.

El equipo interdisciplinario a cargo se propone orientar los procesos de transición entre la capacitación, formación, y el trabajo para que los usuarios participantes, accedan al trabajo con mayores competencias y aptitudes.

Ofrece un sistema de apoyos que den sostenibilidad al proceso de inclusión. Sus actividades se articulan intersectorialmente y se complementan con la búsqueda de recursos a través de distintos medios. Los espacios de trabajo son grupales e individuales para la preparación para el empleo (construcción de CV, entrenamiento en el uso de herramientas digitales, simulaciones de entrevistas de trabajo), analizando perfiles de puestos laborales y de postulantes, acompañando la inclusión e inicio de tareas durante la adaptación al puesto con acciones para reducir estigma y prejuicios. La iniciativa ha permitido la elaboración de una Guía de Orientación al Empleador para estimular y facilitar su rol en la inclusión social.

Algunos rasgos de la situación actual

En la experiencia en curso los problemas prioritarios detectados se vinculan a la baja empleabilidad entre la población con discapacidad psicosocial, con gran desventaja en el mercado laboral; la Falta de certificación entre las personas con discapacidad psicosocial por temor al estigma y la discriminación; Impacto insuficiente de los programas en curso tanto como la Escasa difusión de información útil, guías o recomendaciones en canales compartidos.

No se han desarrollado programas de investigación y evaluación sistemática de las acciones y programas. Y es notable la ausencia de estrategias para disminuir la brecha digital entre la población con discapacidad.

El estigma y prejuicio en relación a la persona con discapacidad psicosocial persiste en el imaginario social, lo que repercute en desconocimiento, temores infundados y falta de oferta adecuada para su inclusión laboral o cultural.

Desde 2010 la Organización Mundial de la Salud recomienda el impulso al Programa Mundial de Acción en Salud Mental con cuatro acciones básicas: Formación, Investigación, Legislación y Políticas integradas.


[1] Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, 2006

[2] OMS, Abril 2017

[3] Un análisis amplio sobre sobre las reinternaciones en una unidad de internación de mujeres, Apsa 2017, Hospital De Emergencias T. de Alvear, Sala de Mujeres

[4] Datos obtenidos de los legajos del Programa de Emprendimientos Sociales 2007-2016

 


 

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