En un planeta desbordado por la cantidad de residuos tecnológicos, cobra relevancia el Derecho a Reparar para que las empresas cumplan su parte y acompañen el consumo más consciente que están demostrando los ciudadanos.
El Derecho a Reparar recientemente sancionado en la Unión Europea pone sobre el tapete un tema sobre el que todavía no existe una regulación seria a nivel local y que contemple la responsabilidad del fabricante, pero también incluya a los ciudadanos.
La cantidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) aumenta a ritmos alarmantes y desde Naciones Unidas estiman que, de no tomarse medidas, en 2050 habrá 120 millones de toneladas de chatarra electrónica.
Lejos de disminuir, esta tendencia aumenta año a año en tanto la sociedad de consumo promueve el recambio constante de equipos, por otros nuevos con mayores funcionalidades o mejores diseños, y los viejos son desechados en la calle o junto al resto de la basura de la casa.
La deuda de un profundo debate sobre el tratamiento de los residuos electrónicos ya está a la vista.
La sociedad de consumo promueve el recambio constante de equipos, por otros nuevos con mayores funcionalidades o mejores diseños, y los viejos son desechados en la calle o junto al resto de la basura de la casa.
El informe Global E-waste Monitor 2020 de Naciones Unidas señala que en 2019 el mundo generó 53,6 millones de toneladas de desechos electrónicos, aproximadamente 7,3kg per cápita, y sólo el 17,4% fue reciclado.
En una casa tipo en Argentina existen cerca de 40 aparatos o dispositivos eléctricos y/o electrónicos (que equivalen a 380 kg), entre los que se cuentan artefactos de línea blanca, electrodomésticos, televisores, equipos de audio o de video, juguetes, equipos de iluminación, herramientas, aparatos de salud o deporte, pilas, baterías, etc.
Según datos estimados por el Grupo Ecogestionar y E-Scrap, en estos hogares se desechan más de 32 kg por año, lo que equivale a 8 kg por habitante. De los 300 kg de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que genera un habitante al año, 2,6% son RAEE.
A eso debe sumarse la obsolescencia programada. Es decir, la vida útil que los fabricantes asignan a cada producto y genera que después de un tiempo determinado, ese artefacto deba desecharse y ser reemplazado por uno nuevo.
Estas dinámicas redundan en una mayor generación de basura que, en la mayoría de los casos, termina convirtiéndose en relleno sanitario o en grandes basurales, sin contemplar que son altamente contaminantes por las sustancias químicas tóxicas y metales pesados que contienen como mercurio, cadmio, berilio, selenio y plomo, entre otros.
Una normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos nacional tendría que garantizar que el fabricante, además de hacerse cargo de ese residuo, favorezca esquemas de reparación y manufactura local.
¿Y por casa cómo andamos?
En Argentina el recorrido de un electrodoméstico o aparato electrónico cuando deja de funcionar es el siguiente: si no puede ser reparado o reciclado para su reutilización, se extraen los metales preciosos y otros elementos como placas electrónicas que tienen valor para su comercialización y, finalmente lo que resta se manda a disposición, lo que equivale a un entierro.
Sin embargo, en todo este proceso aparentemente sencillo y esquematizado, se juegan una serie de factores que conspiran contra la posibilidad de darle a esta basura un tratamiento adecuado, lo que genera que ésta sea enterrada en relleno contaminando suelo y las napas. Así lo explica María Belén Macchi, comunicación y Relaciones Institucionales en Fundación Equidad, entidad que trabaja con personas sectores sociales más necesitados, promoviendo su integración social, educativa y laboral a través del uso de nuevas tecnologías y la formación digital.
Una de las principales dificultades es que los ciudadanos no saben qué hacer con los RAEE y terminan dejándolos en la puerta de su casa donde son recogidos sin tener ningún tratamiento especial, agrega Carlos Wolpo, presidente de la Asociación Civil Red Reciclar Reciclando en Red. Esta entidad está integrada por empresas dedicadas a la reutilización de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos y tiene como objetivo llegar a sectores de la sociedad que no tienen acceso al mercado.
Existen en el país algunas organizaciones como la que preside Wolpo o Fundación Equidad que ofrecen el servicio de retiro o reciben aparatos electrónicos y eléctricos dados de baja para reciclarlos, pero muchas veces las regulaciones vigentes complican su labor.
“Son tantas las trabas para el traslado, como para el desarme, que finalmente quedan pocas organizaciones y empresas habilitadas para tal fin”, dice Wolpo.
Otro tema es qué se hace con aquello que no puede reciclarse, pero tampoco se dispone para entierro, como las placas electrónicas o metales preciosos. En Argentina tener plantas para refinar estos elementos no es rentable por el volumen que se maneja, sin embargo, existe la posibilidad de exportar estas piezas y generar, además, un ingreso de divisas para el país.
Conseguir los permisos para funcionar dentro del marco normativo como exportador operador no es tarea fácil, aclara Wolpo, y el negocio termina concentrado en cinco grandes empresas.
Con la disposición ocurre algo similar. Un puñado de empresas unifican las tarifas o establecen medidas limitantes como la de no tomar menos de 300kg, lo que dificultan el acceso a otras compañías más pequeñas u organizaciones que no tienen poder de fuego para negociar el precio.
“Hay un monopolio del residuo que lleva a que las pequeñas cooperativas y asociaciones civiles deban juntarse entre varias para mandar a disponer”, enfatiza Wolpo.
Como sociedad deberíamos exigir que todo lo que se fabrique esté diseñado para durar y, si se descompone, tiene que poder repararse y sus componentes reciclados.
Actualmente operan entre 10 y 12 plantas de gestión de residuos electrónicos de gran escala y además existe una red de cooperativas y organizaciones de reciclado en general. En ese sentido, Gustavo Protomastro, biólogo y profesor de Residuos UNSAM/FI-UBA, explica que por el momento las plantas existentes son suficientes, porque los ciudadanos no están obligados a gestionar la basura, como sí sucede con las grandes empresas.
“Es necesario que exista una regulación nacional. No puede ser que una industria en la Ciudad de Buenos Aires esté obligada a reciclar y otra instalada en una provincia no. Tiene que haber una ley para la gestión de RAEE que contenga algunos principios básicos como la responsabilidad extendida del productor (REP) y que el fabricante sea participe de la gestión de esos desechos electrónicos”, enfatiza Protomomastro.
En el país ya existe un antecedente exitoso donde se aplica la REP para los envases de productos fitosanitarios y que podría replicarse para el tratamiento de RAEE. Sin embargo, hay resistencia por el costo que implicaría recorrer casa por casa para retirar esos desechos.
“Es un esfuerzo que nos solo se le pide a las marcas, sino que toda la sociedad tiene que involucrarse y hacer un descarte diferenciado de la basura. En CABA por ejemplo existen puntos verdes que reciben RAEE y no supone un gran esfuerzo llevar una vez al año los 10kg que se producen por habitante”, explica Protomastro.
Otro factor que complejiza el tratamiento de los desechos electrónicos es que, a diferencia del cartón, el papel o el plástico, que son mono elementos, una computadora o una heladera requieren un proceso de reciclado mucho más complejo porque la cantidad de elementos que contienen.
“Si producís un auto o una heladera, como fabricante estas obligado a participar de la gestión cuando dejan de funcionar. Eso es lo que encontró el mundo para resolver el dilema de este tipo de residuos. Otra alternativa es crear sistemas integrados de gestión, donde el fabricante se agrupa con recicladores y cooperativas, y juntas participan del proceso. A larga hay un beneficio económico, porque hay muchos materiales que sirven para reciclar. Pero si nadie está obligado, se mantiene el laissez faire y se sigue contaminando el ambiente”.
Derecho a reparar: la solución europea
Los europeos producen más de 16 kg de residuos electrónicos por persona y sólo reciclan un 40% de toda esa basura. Sin embargo, en marzo entró en vigencia para las 27 naciones que integran la Unión Europea (UE), el derecho a reparar.
La normativa apunta fundamentalmente a terminar con la obsolescencia programada, limitando los productos electrónicos de un solo uso, para reducir la cantidad de basura y mitigar su impacto en el medio ambiente.
Desde ahora los fabricantes de electrodomésticos deberán asegurar su reparación por 10 años y la disponibilidad de repuestos para reemplazar las piezas falladas. Mientras que, los nuevos dispositivos deberán traer manuales de reparación y permitir su desarme con herramientas convencionales.
De momento el derecho a reparar es aplicable a heladeras, lavarropas, secadores de pelo o televisores, pero se espera que la ley se haga extensiva otros dispositivos como smartphones, laptops. También se revisará cuánta energía consumen los electrodomésticos.
La medida se da en el marco del Plan de Acción de Economía Circular que la UE está encarando para cumplir con los objetivos de crecimiento sostenible prometidos en el Acuerdo Verde Europeo y la meta de cero emisiones de carbono al 2050.
Sobre este tema, Protomastro opina que en el país existe una tradición arraigada sobre reparar y existen técnicos para todo tipo. Esta tendencia se intensifica en períodos de crisis y disminuye en contextos de abundancia.
En ese sentido, una normativa RAEE nacional tendría que garantizar que el fabricante, además de hacerse cargo de ese residuo, favorezca esquemas de reparación y manufactura local.
En cuanto a la obsolescencia programada, opina que: “tiene que ser internacional porque, aunque lo que compremos venga de Tierra del Fuego, está ensamblado con kits que vienen de China o Japón. Además, los fabricantes se adaptan a las normas y los estándares internacionales para poder vender. Si la tendencia indica que no hay que fijar la obsolescencia programa de los productos que fabrican, lo van a hacer”.
Por su parte, Macchi opina que, pese a ser una problemática conocida, y que varios fabricantes fueron intimados por la obsolescencia programada, en Argentina no existen leyes que regulen estos temas.
“Además cuando se rompe algún componente de cualquier electrodoméstico o electrónico, los técnicos nos sugieren que es más simple y barato comprar el producto nuevo en vez de repararlo”.
La solución
Para solucionar el problema o aproximarse al menos, Wolpo identificó algunos temas fundamentales. Como la necesidad de trabajar en la responsabilidad social y modificar la carga regulatoria para que el tratamiento de la basura electrónica sea más dinámico y accesible, y permitir que más organizaciones puedan exportar lo que sirve y disponer para entierro lo que no se pudo re funcionalizar, a un precio competitivo.
En Fundación Equidad reciben RAEE, separan lo que se puede utilizar, de lo que ya no sirve. A los componentes descartados le dan disposición final, y lo que tiene una vida útil lo reutilizan ensamblando computadoras nuevas que luego donan a lugares donde se necesitan.
“Como sociedad deberíamos exigir que todo lo que se fabrique esté diseñado para durar y, si se descompone, tiene que poder repararse, además de que los productos sean fabricados de modo tal que se puedan reciclar los materiales con que está hechos. No avanzamos porque, inicialmente es un tema que a muchos les pasa por el costado o no están enterados”.
