Si las empresas de propiedad estatal internalizan la agenda 2030 en sus operaciones y en su relacionamiento con los públicos de interés pueden inspirar, motivar y apelar a que otras organizaciones del sector privado sigan su ejemplo.
Las empresas públicas son actores importantes en los mercados nacionales y, cada vez más, en la economía mundial.
Según el Informe elaborado en enero 2020 por la Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto Global, titulado “Empresas de Propiedad Estatal y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina: una primera aproximación”, durante el último decenio, se estima que la proporción de empresas públicas que figuran en la lista Fortune Global 500 ha pasado del 9,8% en 2005 al 22,8% en 2014, con unos beneficios de 389.300 millones de dólares y un activo por valor de 28,4 billones de dólares. De ese mismo documento se desprende que -de acuerdo al IFC (International Finance Corporation)- las empresas de propiedad estatal (EPE’s) representan el 20% de la inversión, el 5% del empleo y hasta el 40% de la producción nacional en países de todo el mundo.
La relevancia de este tipo de empresas no sólo se traduce en términos económicos si no también estratégicos para el desarrollo integral de un país.
Las compañías de propiedad estatal prestan servicios críticos en sectores clave de la economía, tales como la energía, los minerales, los servicios financieros e infraestructura. Asimismo, promueven industrias que no se desarrollarían mediante la inversión privada, generan ingresos públicos y funcionan como un instrumento de respuesta a las crisis.
En el Informe del Pacto Global también se señalan otros aspectos que hacen a la importancia de las EPE’s y tiene que ver con el potencial impacto negativo que ocasionan sus deficiencias operativas en la ciudadanía, al sector privado y a economías enteras. “Por ello, resulta fundamental que las empresas públicas optimicen su rendimiento, eficiencia, gestión de riesgos, transparencia y credibilidad de cara a sus principales grupos de interés” afirman.
En este marco, según explican los autores del informe del Pacto Global, “en los últimos años se registra una tendencia de reforma del sector, mediante el respeto a los derechos humanos”. Entre ellos, podemos citar al Pacto Global de las Naciones Unidas (2000), las Directrices sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas de la OCDE (2005) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2011).
Además, aportan un dato relevante: casi 250 empresas de propiedad estatal de todo el mundo se encuentran adheridas al Pacto Global de las Naciones Unidas.
Las empresas públicas en Argentina
El documento dedica un apartado especial a las empresas estatales de la Argentina donde -remarcan- existe un número importante de este tipo de entidades de propiedad o control y participación estatal.
“Según datos relevados por CIPECC, el Sector Público Nacional cuenta actualmente con 52 empresas públicas, siendo que más del 50% de las mismas se encuentran vinculadas a los sectores de transporte, información y comunicaciones, y generación y distribución de energía” detallan.
En términos socioeconómicos, se estima que estas firmas emplean aproximadamente 121,000 personas y mueven más de 100.000 millones de pesos en concepto de ingresos corrientes (monto equivalente a un 1,5% del PIB o el 6,5% del total de la recaudación tributaria de 2015).
En el marco del fortalecimiento de la gestión de las empresas públicas argentinas, se publicaron en 2018 los lineamientos de buen gobierno para empresas con participación estatal mayoritaria. Estos lineamientos se basan en las Directrices sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y establecen un conjunto de buenas prácticas relacionadas con directorios, transparencia, integridad, sustentabilidad, desempeño económico, políticas de compras, auditoría y control interno. En tal sentido, las empresas públicas buscan elevar sus estándares de responsabilidad y visibilizar su aporte al desarrollo social, ambiental y económico nacional.
Es importante contar con espacios de coordinación y articulación, bajo el liderazgo del sector público. Ello demanda la creación o revitalización de espacios para la participación del sector empresarial y una cultura sin precedentes de colaboración público-privada.
El entramado local: actores clave
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) de Presidencia de la Nación Argentina fue creado en el año 2002 como un espacio de articulación para la planificación, coordinación y seguimiento de las políticas sociales nacionales. La Argentina, al suscribir la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se comprometió con su implementación y con el establecimiento de un proceso sistemático de seguimiento y análisis de los progresos hacia el alcance de los ODS.
Por su parte, el Pacto Global -también es una iniciativa de Naciones Unidas– que tiene como objetivo comprometer a las empresas en la implementación de 10 principios universalmente reconocidos en materia de Derechos Humanos, Trabajo Digno, Medio Ambiente y Anticorrupción.
En este marco, ambas organizaciones pusieron en marcha un grupo de trabajo con los objetivos de generar mayor comprensión entre las empresas públicas acerca de la nueva agenda de desarrollo global y las prioridades de implementación locales; Facilitar la alineación de la estrategia de sostenibilidad de las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Realizar un mapeo colectivo que detalle los ODS priorizados por las empresas, a partir de sus lineamientos estratégicos y liderazgo sectorial y como resultado obtuvieron un conjunto de conclusiones que les permitió formular posibles acciones que permitirían a las organizaciones contribuir a la efectiva implementación en y desde cada territorio de la Agenda Global para el desarrollo.
Así proponen que “las instituciones territoriales de cada nivel de gobierno, así como el resto de actores, promuevan el ODS 17 entendido como un amplio marco de colaboración entre actores públicos y privados de manera sistemática, interrelacionada y consistente en el largo plazo en torno a 5 ejes fundamentales de trabajo: Sensibilización, concientización y apropiación ciudadana en torno a la Agenda 2030, los ODS y el rol de cada uno de los actores públicos y privados en su consecución; La generación de capacidades en los diferentes actores locales para abordar las especificidades que requiere la colaboración público-privada multi-actor e interdisciplinar para dar un salto cualitativo en los avances de los ODS; La gestión de planes y políticas públicas orientadas al logro de los ODS en/desde el territorio en el ámbito de la Administración local, bien informadas y participadas por el resto de actores, y que integren las capacidades, los recursos, la innovación, la tecnología y los datos necesarios para su óptima eficacia e impacto en ODS; Un proceso de formulación de iniciativas, acciones y proyectos concretos de alianzas público-privadas, con impacto en ODS, diseñados con enfoque de oportunidad por distintos actores privados y/públicos pero enmarcadas en las políticas planes y hojas de ruta definidas para el largo plazo y la conexión de los planes, políticas y proyectos ODS de largo plazo robustos, innovadores y predecibles con los intereses de los inversores privados de medio y largo plazo.
Este menú de acción “pone de relieve la importancia de contar con espacios de coordinación y articulación, bajo el liderazgo del sector público y demanda la creación, revitalización y mantenimiento (según sea el caso) de espacios para la participación del sector empresarial y una cultura sin precedentes de colaboración púbico-privada que esta década, la última antes del 2030, sea una década de verdadera acción” se enfatiza en los últimos párrafos del informe
