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Causas judiciales con perspectiva de género y de diversidad.

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Investigan e intervienen de manera interdisciplinaria en causas judiciales sobre violencia y búsqueda de personas. Desde las ciencias sociales y forenses aportan herramientas y conocimientos para la incorporación de la perspectiva de género y de diversidad. 

ENTREVISTA A EVELYN CELS

La Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV) es un equipo interdisciplinario y feminista de profesionales que vienen originalmente de las ciencias sociales. Aportan sus conocimientos campos como la topología forense o la arqueología y la comunicación social  en causas judiciales sobre violencias y búsqueda de personas.

Desde el año 2012 -antes de estar constituida la colectiva como se conoce hoy- comenzaron a llevar adelante trabajos de investigación e intervención en casos de violencias por distintos motivos, principalmente de género o institucionales ejercidas sobre todas las identidades sexo genéricas- y también sobre la búsqueda de personas en democracia. La particularidad es que lo hacen aplicando técnicas y herramientas de la antropología y la arqueología forense en la práctica investigativa a través de protocolos nacionales e internacionales, siempre bajo una perspectiva de género. Evelyn Cels, investigadora de esta entidad repasa su trayectoria y hace un análisis de la situación actual en torno a las investigaciones que acompañan. 

¿Cómo surgió la CIAV?

En rigor la colectiva surge con ese nombre en el año 2018 a partir de una transformación de lo que antes era la organización «Acciones Coordinadas Contra la Trata», que a su vez había nacido en el año 2012 con la intención de investigar y hacer preguntas respecto al fenómeno de la desaparición de mujeres por el delito de trata de personas.

Nos empezamos a preguntar cuántas eran esas mujeres desaparecidas y ese cuestionamiento era muy pertinente porque en este momento circulaban un montón de cifras pero era muy difícil ubicar cuáles eran los referentes empíricos de esas cifras, es decir cuáles y cuántos eran los casos que sustentaban estos números.

En un trabajo articulado con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) comenzamos a pedir información a las Secretarías de Derechos Humanos de todo el país y a las policías provinciales para conocer denuncias que tuvieran por desaparición. 

¿Con qué panorama se encontraron?

Nos dimos cuenta que realmente no existía un registro único que nos permitiera conocer cuál era la situación de la desaparición de personas en el país en democracia y a partir de este pedido de información pudimos crear lo que en este momento fue el primero de ese tipo. Hoy existe un sistema federal de búsqueda pero lo que nosotros generamos fue el puntapié.

También pudimos arribar a una serie de conclusiones interesantes, por ejemplo en torno a identificar cuáles eran las franjas etarias donde se ubicaba la mayor cantidad de desapariciones y también entender respecto del funcionamiento de los organismos que se ponen en acción frente a la búsqueda de una personas. Vimos que no tenían criterios unificados. Lo que buscábamos era tener una manera de dimensionar el fenómeno y poder conocer patrones de las desapariciones. 

 

¿Cómo abordan el vínculo con la acción judicial?

Eso depende bastante de cada caso y sobre todo de cómo se produce nuestro ingreso en cada una de las causas. Por lo general nosotros actuamos como como peritos acompañando las querellas. El contacto es bien diverso, nos contactan desde familiares que están intentando «desfrizzar» aquellas investigaciones que no continuaron, a veces a través de redes sociales o por medio de abogados o abogadas que nos conocen. Lo que buscamos hacer es obviamente tener una primera conversación con la familia para entender la causa -y también por un tema de responsabilidad y de ética en el trabajo- ver si verdaderamente es un caso en el que tiene sentido que acompañemos. 

 

¿Crees que existe falta formación e información en la justicia para poder llevar adelante este abordaje no sólo integral sino además oportuno?

Creo que emergen muchos problemas a la hora de investigar a muchos de los cuales tienen que ver con formas de operar del sistema judicial, con el desconocimiento o quizás la decisión de no implementar protocolos que existen y que enmarcan perfectamente las investigaciones, no solo de búsqueda de personas sino también de situaciones de violencia de género. También existe otra serie de elementos que inciden en que una investigación judicial no se desarrolle de la mejor manera posible, por ejemplo, el hecho de que muchas veces la lógica de mediatización de los casos es la misma que finalmente guía a la investigación. Otro caso se da cuando la investigación de desaparición de mujeres se aborda directamente y como única hipótesis la de trata. Esto opera principalmente cuando la mujer desaparecida proviene de sectores populares y lo cierto es que eso puede ser muy efectivo para que este caso ingrese la agenda mediática -y por lo tanto tenga la visibilidad que permite quizás presionar para el avance de la causa- no obstante, también puede ser peligroso y obturar una buena investigación.

De cara al futuro, ¿Cuáles serían los cambios sociales o legislativos que consideran importantes para fortalecer su tarea?

Creo que el desafío hacia adelante y también nuestro deseo, es poder incidir en la justicia y en otros organismos que operan dentro de las investigaciones para que puedan trabajar más profundamente con una perspectiva de género y de la diversidad.

El trabajo de sensibilización que se está haciendo a través de la Ley Micaela es valioso porque es fundamental para que estas investigaciones puedan llegar a mejor puerto. Considero que otro gran desafío es continuar rompiendo con el binarismo que encontramos en las investigaciones, todavía hay mucho camino por recorrer en la identificación de personas travestis para evitar la revictimización y sobre todo evitar continuar con formas de discriminación que a esta altura me parecen inaceptables. 

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