Bajo la premisa de “pasar de las palabras a la acción” se llevó adelante en Córdoba el Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP 2022). Francisco Tamarit, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, explica los ejes trabajados y analiza el contexto actual y futuro de la educación superior en la Argentina y la región.
Durante dos días, la ciudad de Córdoba fue el epicentro de debates y reflexiones en torno a la educación superior, ya que allí se desarrolló el Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP 2022) “Integración, innovación y agenda 2030”.
Bajo el imperativo de que es necesario “pasar de las palabras a la acción” el foro se desarrolló desde el 30 de junio al 1 de julio. Fue organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), anfitriona del encuentro y contó con la participación de más de 1400 asistentes, entre ellos rectores, decanos, catedráticos y referentes educativos provenientes mayoritariamente de América Latina y el Caribe. Como resultado del intercambio plural y enriquecedor, el congreso logró ampliar la conversación hacia la puesta en valor del conocimiento como herramienta de transformación social.
En una charla con Alessandra Minnicelli, para el programa “40 Minutos de RSE” (miércoles 22hs. por canal 22 web) Francisco Tamarit, ex Rector de la Universidad Nacional de Córdoba y referente del universo de la educación superior, analiza los principales ejes abordados durante el CIUP2022, las conclusiones arribadas y los desafíos que se presentan a las universidades de cara al futuro para dar respuesta al nuevo contexto actual.
Es necesario reemplazar el actual paradigma evaluador por un paradigma de innovación creativa y socialmente responsable que nos guíe en la forma de vincularnos estrechamente con nuestras sociedades.
Un bien público social y un derecho humano.
Después de dos jornadas de exposiciones y debates participativos, desde la organización del evento, difundieron la “Declaración de Córdoba”, donde exponen su concepción de la Educación Superior en este nuevo escenario que se presenta no solo a nivel local sino internacional también. Allí destacan su entendimiento como un bien público social, como derecho humano universal y como un deber de los Estados, conforme lo establecieron oportunamente las tres Conferencias Regionales de Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe (La Habana en 1996, Cartagena de Indias en 2008 y Córdoba en 2018) y la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO realizada en París en 1998.
“Cuando decimos que la Educación Superior es un bien público, expresamos que es necesario generar condiciones de igualdad y de equidad en el acceso, permanencia y egreso, para garantizar que todas y todos, sin discriminación de especie alguna, puedan acceder a una formación de alta calidad, en todos los territorios y de forma sostenible en el tiempo y a lo largo de la vida de cada persona” remarcan en el documento.
En ese marco, por tratarse de un derecho humano, destacan la relevancia que los Estados tengan un rol activo como financiadores de los sistemas de Educación Superior públicos de la región, tanto en formación como en investigación, extensión y vinculación, incluyendo no solo a las universidades sino también a los sistemas postsecundarios.
Tenemos que promover una fuerte conciencia territorial local para atender las necesidades actuales y para ello es necesario entender cuál es nuestra función social, nuestra responsabilidad social, en este presente tan acuciante.
Otro pasaje de la declaración, propone “reemplazar el actual paradigma evaluador por un paradigma de innovación creativa y socialmente responsable que nos guíe en la forma de vincularnos estrechamente con nuestras sociedades”. En esta línea, Tamarit añade: “Es verdad que tenemos que formar ciudadanos para todo el mundo, pero también tenemos que promover una fuerte conciencia territorial local para atender las necesidades actuales y para ello es necesario entender cuál es nuestra función social, nuestra responsabilidad social, en este presente tan acuciante”.
Por ese motivo, durante el evento se reafirmó la intención de impulsar un cambio fundacional y estructural en las instituciones de educación superior de la región y poner en el centro de sus acciones la reversión de la desigualdad social que prevalece y que se ha profundizado aceleradamente durante los últimos años, tanto como consecuencia de la pandemia, como de la actual crisis económica, de la mercantilización de los conocimientos y de la polarización en la geopolítica mundial. “Somos testigos de cómo la creciente concentración de la riqueza y del poder económico, constituyen serios obstáculos para el desarrollo sostenible” afirmaron.
La mercantilización de un bien estratégico
Asimismo, se ponderó al conocimiento como un bien estratégico en pos de una nueva concepción del buen vivir, alejado del paradigma de competencia y consumo que hegemoniza las agendas actuales.
Tamarit explica que en la actualidad se está observando un proceso de claro avance de la mercantilización que no necesariamente se refiere a la universidad privada. “Hay universidades comunitarias que comparten -al menos en parte- la mirada de la responsabilidad social, el interés de gestionar un bien social, un derecho humano. Estamos viviendo la idea que surge en algunos países, que nosotros somos bastante incompetentes para generar conocimiento, que no es propio de nosotros, por lo tanto tenemos que desprendernos de todas las erogaciones que producen instituciones como por ejemplo el CONICET, el INTI, el INTA, y por supuesto las universidades nacionales. Además, de dejar en manos de los privados la formación de los recursos humanos y por otro lado comprar las tecnologías que nos hagan falta” dice.
En ese sentido enfatiza “esto lo único que haría es hacernos perder soberanía y aumentaría la brecha que existe entre quienes hoy detentan la gestión del conocimiento pertinente y nosotros, que seguimos siendo muy buenos en producir conocimientos pero que seguimos sin conseguir tener planes estratégicos que nos permitan volver a utilizar ese conocimiento para resolver los problemas de todos nosotros”.
Para comprender en más detalle la problemática que se atraviesa en cuanto a la mercantilización del conocimiento Tamarit explica en el contexto actual, se concibe a la enseñanza como un servicio público, de modo tal que ha adquirido el mismo estatus que -por ejemplo- el servicio de internet o de telefonía. Por ese motivo, se entiende que la educación superior debe estar desprovista de cualquier protección por parte del Estado y que debe competir en el mercado, regulados no ya por la UNESCO sino por la organización mundial del comercio.
Después de más de doscientos años de existencia de nuestros estados nacionales, no hemos sido capaces de conformar un espacio común capaz de articular la cooperación y la diversidad que nos caracteriza para hacer del conocimiento una herramienta emancipadora.
“Nosotros no creemos en eso” remarca Tamarit y agrega “nosotros necesitamos hacer un nuevo camino que no es simplemente entregarnos y ceder la soberanía a otros países y mucho menos transformar a nuestras casas de estudio en una empresa”.
Integración para el desarrollo
La integración regional y la armonización de la participación universitaria en el mundo es una deuda impostergable para las naciones de la región, según exclamaron durante el congreso. “En un mundo que se organiza alrededor de bloques y después de más de doscientos años de existencia de nuestros estados nacionales, no hemos sido capaces de conformar un espacio común capaz de articular la cooperación y la diversidad que nos caracteriza para hacer del conocimiento una herramienta emancipadora” explican en la declaración.
Esta agenda regional de conocimiento debe estructurarse -afirman- a través de la cooperación sur-sur, financiando proyectos estratégicos y sostenibles, generando marcos de reconocimiento de títulos, grados y trayectos, fomentando la movilidad estudiantil, académica y de gestión y promoviendo una articulación más potente de la cooperación con el resto de las regiones del mundo.
Para refrendar en acciones estas intenciones, durante el evento se conformó un Consorcio Internacional de Universidades Públicas, entre las universidades nacionales del Litoral, de Córdoba, de Rosario y de la República (Uruguay). Estas cuatro universidades públicas se comprometen a “profundizar el trabajo interinstitucional para desarrollar proyectos conjuntos que fortalezcan la democratización de la enseñanza superior, amplíen el acceso y garanticen la permanencia de estudiantes en el proceso educativo”. A su vez apuntan a “promover la concreción de acciones de cooperación y sinergia en áreas de ciencia y tecnología, innovación, transferencia tecnológica y social; a promocionar la extensión universitaria y el vínculo con la sociedad para dar respuestas adecuadas a problemáticas complejas que atiendan a las dimensiones productiva, social y ambiental de sus comunidades”. También buscan “la profundización del reconocimiento de estudios de grado y posgrado, facilitando la movilidad de estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y graduadas, así como la innovación curricular y pedagógica”.
