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Una transformación con igualdad de género

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Las múltiples crisis de los años recientes pusieron en evidencia que el modelo de desarrollo actual es insostenible y no logra dar respuesta a las brechas estructurales que involucran a la gran mayoría de la población de América Latina y el Caribe. Las mujeres y niñas se ubican como uno de los grupos más afectados de la sociedad.

Para trabajar en la transformación necesaria para avanzar hacia la sociedad del cuidado con igualdad de género se firmó el Compromiso de Buenos Aires. ¿De qué se trata? Es un documento que reconoce al cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado. En este Mitos y Realidades las claves para entenderlo en profundidad. 

Una oportunidad para superar la división sexual y reconocer el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado.

¿Qué es la sociedad del cuidado? 

El cuidado es una necesidad, un trabajo y un derecho. Esta definición permite desmontar varios mitos tejidos a su alrededor e incentivar el desarrollo de leyes y políticas públicas que regulen y dignifiquen el trabajo remunerado, reduzcan el trabajo no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres en los hogares y, con ello, contribuyan a reducir las restricciones de tiempo de las mujeres para incorporarse al mercado laboral, a la política y a la economía y la sociedad. Además, permite aumentar el ingreso fiscal y la economía del cuidado es un sector estratégico para la recuperación de las crisis en cascada que afronta la región y para dinamizar la economía. 

Entonces, la sociedad del cuidado pone en el centro el principio feminista de sostenibilidad de la vida y reconoce la interdependencia entre las personas, la dimensión ambiental y el desarrollo económico y social en forma sinérgica. Incluye el autocuidado, el cuidado de las personas, de quienes cuidan y del planeta.

¿Cómo es la situación que da origen al Acuerdo? 

La desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos, la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público son aspectos estructurales que marcan las profundas desigualdades entre hombres y mujeres hoy en la región. 

Una oportunidad histórica para promover sociedades justas y equitativas.

Estos cuatro nudos estructurales limitan la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres y las niñas. Así, la desigualdad tiene su expresión en la crisis prolongada de los cuidados, ante una demanda que se resuelve con la sobrecarga de trabajo no remunerado que enfrentan los hogares y principalmente las mujeres, la pobreza monetaria y de tiempo que las afecta, y también su endeudamiento para poder afrontar la demanda de cuidados. 

 

¿En qué consiste el Acuerdo? 

Se aprobó en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, la Oficina Regional de las Américas, ONU-Mujeres y el Gobierno de la Argentina, y celebrada en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre de 2022. 

A través de él, se llama a promover medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados, en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.

Una oportunidad para que las mujeres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, oportunidades y uso del tiempo.

Entonces, el documento se traduce en una hoja de ruta que orienta el camino para superar la división sexual y reconoce el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género, que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado. 

Propone a los gobiernos adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado a través de políticas y sistemas integrales de cuidado desde las perspectivas de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos, y que incluyan políticas sobre el tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad en el territorio. 

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