Las mujeres en América Latina enfrentan una brecha significativa en las jubilaciones y pensiones, recibiendo considerablemente menos beneficios que los hombres. Causas de esta disparidad y proyecciones alarmantes para el 2050 y la urgente necesidad de políticas que promuevan una mayor equidad de género en el ámbito laboral y previsional.
En Latinoamérica la brecha de género en las jubilaciones y pensiones sigue siendo persistente. Las mujeres reciben en promedio un 30% menos de beneficios que los hombres, atribuido principalmente a diferencias en trayectoria laboral, ingresos y falta de reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar. En Brasil, se suma la falta de políticas de conciliación entre el trabajo remunerado y doméstico, mientras que en Chile, el sistema de pensiones basado en la capitalización individual agrava la brecha debido a brechas salariales y mayor expectativa de vida de las mujeres. En Uruguay, a pesar de esfuerzos por mejorar la igualdad de género en el ámbito laboral, persisten desafíos debido a la discriminación y desigualdades estructurales [Fuente: CEPAL].
Según cálculos del BID, en 2050 entre el 70% y 80% de las mujeres de la región no habrán acumulado los aportes necesarios para jubilarse. Esto afecta principalmente a mujeres de bajos ingresos y que han permanecido en trabajos precarios, y/o abocadas a las tareas de cuidado y mantenimiento de gran parte de la población, a través de la crianza de sus hijos/as.
Fuente: blogs.iadb.org
Así, las mujeres enfrentan desventajas significativas en el sistema de pensiones en toda la región latinoamericana. Esto se debe en gran medida a interrupciones laborales frecuentes debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas, trabajos precarios y la persistente brecha salarial de género. Todo esto contribuye a ingresos más bajos a lo largo de su vida laboral, lo que se traduce en beneficios de jubilación y pensiones más reducidos que los de sus pares varones.
Otro tema importante es el de la edad jubilatoria y la cantidad de aportes. Cerca de la mitad de los países de América Latina y el Caribe contemplan en sus legislaciones diferentes edades de jubilación para mujeres y hombres, lo que es una de las pocas excepciones a la discriminación por género, es decir, se trata de una forma de discriminación positiva.
En Latinoamérica, las mujeres reciben en promedio un 30% menos de beneficios que los hombres, atribuido principalmente a diferencias en trayectoria laboral, ingresos y falta de reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar.
En 2050 entre el 70% y 80% de las mujeres de la región no habrán acumulado los aportes necesarios para jubilarse. (Datos del BID).
En Argentina, la situación cobra especial relevancia ya que una serie de medidas de la denominada “Ley Bases” obtuvo recientemente media sanción del Congreso, avivando el debate sobre si las mujeres deben jubilarse antes que los hombres. El sistema previsional argentino opera bajo un régimen de reparto, en el cual los trabajadores en actividad y las empresas contribuyen con sus aportes al pago de las jubilaciones. Actualmente, más de 5,7 millones de jubilados y pensionados se encuentran en el régimen nacional, siendo que el 64,1% accedió al beneficio a través de una moratoria. A pesar del crecimiento en el número de beneficiarios, el sistema enfrenta desafíos de sustentabilidad debido al déficit previsional y a las disparidades significativas en los ingresos entre los diferentes grupos de jubilados, evidenciando diferencias de género y laborales.
De aprobarse la “Ley Bases”, 7 de cada 10 hombres tampoco podrán jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional. La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. El nuevo proyecto de Ley que se debatirá en la Cámara de Senadores contempla la derogación de la moratoria previsional y establece la creación de la figura de la “Prestación de Retiro Proporcional” (PRP) para aquellos individuos que hayan cumplido 65 años pero no hayan completado los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Esto implica que quienes no alcancen ese requisito cobrarán un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima. Además, el proyecto establece que el haber mínimo para quienes accedan a la PRP será el establecido por ley, y el Poder Ejecutivo, que reglamentará discrecionalmente los criterios para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes realizados al sistema previsional.
Es fundamental que las políticas futuras promuevan la inclusión financiera y social de las mujeres, reconociendo y valorando su contribución al sistema de seguridad social a lo largo de sus vidas laborales y más allá de la edad de jubilación.
En cuanto a cifras, a diciembre de 2023, se registraron 5.811.099 beneficiarios titulares del SIPA, un 4,3% más que el año anterior debido a la nueva moratoria. Los beneficios previsionales administrados por ANSeS alcanzaron los 7 millones, con un aumento del 3,7% interanual. Las altas de jubilaciones por vejez también aumentaron significativamente, con un 35% más que en 2022, principalmente impulsadas por la moratoria.
Futuros inciertos
La falta de un sistema previsional que contenga a la tercera edad, en un país con alta informalidad como Argentina, puede exacerbar la pobreza entre los ancianos, especialmente aquellos que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Sin acceso a una jubilación adecuada, muchas personas mayores pueden caer en la pobreza extrema, lo que afectara negativamente su salud y bienestar al privarlos de recursos financieros para acceder a la atención médica y a una buena calidad de vida. Además, la derogación de la moratoria previsional podría impactar desproporcionadamente a las mujeres, que históricamente se han encargado de las tareas de cuidado y la reproducción social, incorporándose tarde o en condiciones precarias al mercado laboral, lo que reduce sus posibilidades de tener aportes. Esto va en detrimento de la estabilidad social y económica, ya que deja de garantizar la protección de los derechos y el bienestar de los ciudadanos mayores. Su eliminación podría socavar aún más la confianza en las instituciones y generar graves tensiones sociales.
La discusión en torno al sistema de previsión social refleja la complejidad de encontrar soluciones equitativas para cerrar la brecha de género en las jubilaciones y pensiones en no solo en la región sino también a nivel global. La brecha de género en las jubilaciones y pensiones sigue siendo un desafío importante en América Latina, y que debemos comenzar a abordar de manera integral y equitativa. Es fundamental que las políticas futuras promuevan la inclusión financiera y social de las mujeres, reconociendo y valorando su contribución al sistema de seguridad social a lo largo de sus vidas laborales y más allá de la edad de jubilación
