Tras un juicio histórico, la masacre de pingüinos en Punta Tombo se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia ambiental en Argentina. El caso de “Ecocidio”, redefine los límites de la propiedad privada y la responsabilidad compartida sobre la naturaleza.
El caso de Punta Tombo, en la provincia de Chubut, puso en evidencia la fragilidad de los ecosistemas frente a las intervenciones humanas desmedidas. Esta zona natural, que alberga una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes, las acciones de un propietario privado desencadenaron un ecocidio con consecuencias devastadoras: caminos abiertos con maquinaria pesada, nidos destruidos y pichones sin posibilidad de sobrevivir. Este hecho, que generó indignación y movilización ciudadana, culminó en un juicio histórico que sentó un precedente en la justicia ambiental de Argentina. En esta entrevista, grabada originalmente para el programa “40 Minutos de RSE”, (jueves 22hs. por Canal22web y 22.30hs. por ResponsabilidadSocial.tv), Alessandra Minnicelli conversa con Matías Arrigazzi, integrante del equipo de Campañas de Greenpeace Argentina, una de las partes querellantes de caso, sobre lo ocurrido. Un profundo análisis del impacto a futuro del fallo judicial y los desafíos que plantea la protección de el patrimonio natural en Argentina.
¿Qué fue lo que sucedió con los pingüinos en Punta Tombo?
Es una historia con muchos condimentos, larga y de mucho trabajo. Comenzó en 2021 cuando supimos que algo había pasado en la zona de Punta Tombo, un área natural protegida en Chubut, en la costa atlántica. Cuando fuimos conociendo los detalles nos dimos cuenta de que hablábamos de crimen ambiental y también de un Ecocidio, es decir que no sólo afectó a una especie sino a todo un ecosistema. Por ello, formalizamos una denuncia penal y luego se constituyó una querella integrada por Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
Sucedió que en esos campos hay una estancia llamada La Regina, que es colindante al área natural protegida. Uno de los propietarios Ricardo La Regina decidió llevar adelante una serie de acciones de apertura de caminos y una instalación de un alambrado electrificado. Para eso, adquirió una retroexcavadora y abrió los caminos levantando una capa superficial de casi 40 cm de suelo que significó un desmonte y un desastre en lo que es una de las mayores colonias de Pingüinos Magallanes del mundo.
Las organizaciones y la comunidad exigen justicia por la masacre en Punta Tombo, reserva que alberga a la colonia continental de pingüinos Magallanes más grande del mundo.
Más grave aún fue lo que pasó dado que se realizó la temporada reproductiva de estos animales. La maquinaria pesada arrasó los nidos, compactó el suelo, levantó la vegetación nativa, mató pichones y no solo eso, sino que, además, se instaló un alambrado electrificado que lo que hizo fue fragmentar el hábitat e impedir el camino indispensable de los pingüinos adultos desde el nido hasta la costa, para alimentar a los pichones.
Hace unos días se desarrolló el juicio. ¿Qué se dictaminó?
El 28 de octubre comenzó el juicio oral donde participaron más de 50 testigos que aportaron datos clave desde distintas disciplinas. Así se pudo ir armando este rompecabezas para probar las acusaciones de dos delitos: Crueldad animal y Daño ambiental agravado. Conocimos el veredicto de los jueces hace poquitos días y afortunadamente, se pudo acreditar que ocurrieron las dos cosas.
Nosotros llegamos pidiendo justicia ambiental porque el daño ecológico lamentablemente está causado y parte de esos daños -creemos- es Irreversible y los especialistas que aquello que sí se puede revertir llevar entre 35 y 100 años. Es algo gravísimo por eso apuntamos a que esto no pase nunca más y por eso decimos que ningún delito ambiental puede quedar impune. Queremos que esto sea un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero, un ejemplo de lo que sí se deber hacer en materia judicial. El veredicto fue contundente en cuanto a que el propietario de un campo no es el propietario de la naturaleza y por tanto no puede hacer lo que quiera con el ambiente, son bienes comunes y hay que protegerlos. Ese es un mensaje clave. También venimos pidiendo hace mucho tiempo que se incorpore al código penal un capítulo con una tipificación de delitos ambientales.
El caso expone las graves falencias en la protección de áreas naturales y la debilidad del sistema jurídico para abordar adecuadamente los delitos ambientales.
¿Qué rol tuvo la comunidad para que el caso tenga tanta visibilidad?
Esto fue clave. La manera en que se involucró la gente creo que fue determinante para el resultado, porque eso también hay que decirlo, delitos ambientales tenemos muchísimos pero la relevancia que toma es determinante para final de esa historia. No da lo mismo si la gente se interesa o no, si miles de personas están presionando desde afuera, siguiendo la transmisión en vivo de las audiencias, si tenemos mensajes en las redes. Todas las partes involucradas nos sorprendimos por la repercusión y por el compromiso de la ciudadanía. Estoy convencido que eso es una condición indispensable para que ocurran los cambios que necesitamos.
¿Falló el esquema de conservación de la reserva y por eso pudo producirse este daño?
Es complejo y se habló mucho durante el juicio, como así también del rol del Estado. Hay que destacar que ese es un lugar muy delicado, tiene zonas prístinas, un ecosistema muy frágil. Tiene distintos tipos de protecciones. Por un lado, es la provincia de Chubut quien administra esa tierra, es decir la reserva de Punta Tombo, pero toda la zona incluyendo la estancia, se la denomina Reserva de Biósfera Patagonia azul, que es de UNESCO. En realidad, eso nos da una alerta de que es una zona clave. Pero nunca se pidió un permiso para abrir estos caminos, no hubo estudio de impacto ambiental entonces empezó a surgir esta pregunta “¿falló el control?”. Más allá de que no hayan solicitado los permisos el propietario dijo algo como: “Yo no sé cuidar esto, necesito ayuda del Estado. Si los pingüinos son tan importantes háganse cargo ustedes”.
Quedan muchas dudas en cuanto a si realmente falló el control, si necesitamos más presencia en esas tierras o si deberían estar administradas por el Estado y no por un privado. Me parece que lo que tenemos que hacer -por lo menos- es escuchar y buscar una solución para esto no se repita.
El mensaje clave es: El propietario de un campo no es el propietario de la naturaleza. No puede hacer lo que quiera con el ambiente.
¿Ya se están pensando en acciones de remediación ambiental?
Sí, ese es el siguiente paso una vez que se cierre el caso. Por lo menos en esta etapa del juicio vamos a ver cómo hacemos la mitigación o la remediación, tratar de arreglar un poquito el daño causado. A futuro se va a discutir cómo seguir.
¿Qué aprendizajes les ha dejado hasta el momento?
Tenemos muchas cosas que atender. Cuando hablamos de actividades que causan un impacto (todas las actividades del ser humano lo causan), nadie puede decir que la solución es dejar de realizar actividades lo que sí debemos hacer es realizar aquellas que sean más amigables con el ambiente y disminuir ese impacto. Esto lo podemos hacer por amor a la naturaleza o por instinto de supervivencia, porque sin ambiente no hay vida. No sólo se nos terminan los recursos, sino que se nos termina la vida y nosotros estamos convencidos de que debemos cuidarlo, por nosotros, pero tampoco tenemos derecho a decidir por las generaciones que siguen.
Nosotros decimos que no puede ser un tema debatible cuidar el ambiente. No es racional que estemos discutiendo si nos conviene o no nos conviene cuidar el planeta en el que vivimos y últimamente lamentablemente lo estamos escuchando mucho: por un lado, los ambientalistas y por otro lado el desarrollo como si los ambientalistas y el ambiente fueran un obstáculo para el desarrollo. Eso no puede ser porque de hecho no hay desarrollo sin ambiente.
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