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Tres premisas fundamentales que garantizan la sostenibilidad social de un proyecto

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Por Juan Martinez (*)

América Latina y el Caribe es una región con una inmensa diversidad social, cultural, política y económica, con avances importantes en la reducción de la pobreza. Algunos datos cuantitativos relevantes resaltan que al menos 70 millones de personas han salido de la pobreza extrema y se han movido a un escalón que amplia la clase media a más de un tercio de la población.

También se tiene cierto nivel de certeza que algunos grupos sociales que cuentan con mayor grado de vulnerabilidad como los pueblos indígenas se beneficiaron de estas mejoras, especialmente en el acceso a servicios básicos y educación básica. También se resalta que en la región se han aprobado marcos jurídicos nacionales que eventualmente podrían garantizar la inclusión y necesidades de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, más de la mitad de los países en esta región han ratificado convenios internacionales para pueblos indígenas, tanto de derechos humanos, como de reconocimientos fundamentales de estos pueblos. Estos convenios ayudan garantizar la inclusión social y hacen más visibles la integración de los temas sociales en las estrategias nacionales de desarrollo que los Gobiernos implementan. Estos avances representan un excelente marco de referencia para identificar las oportunidades de sostenibilidad social de largo plazo.

Sin embargo, siempre queda la duda de cómo lograr la sostenibilidad de largo plazo desde una perspectiva de inclusión social en los financiamientos que se otorgan a los Gobiernos nacionales; pero más aún, los instrumentos técnicos que se desarrollan para garantizar buenos diseños de los proyectos. En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recientemente lanzo una nota técnica que plantea las premisas fundamentales para integrar los temas sociales en los proyectos de desarrollo que el BID financia, promoviendo de esta manera resultados sostenibles de largo plazo.

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La nota técnica de la Evaluación de Impacto Social (EIS), plantea tres premisas fundamentales que podrían garantizar la sostenibilidad social de los proyectos; estos incluyen:

  1. Una dimensión analítica, que implica una evaluación exhaustiva y la documentación del contexto social y los impactos probables del proyecto, tanto positivos como negativos;
  2. Una dimensión participativa, que implica el compromiso con los interesados del proyecto en una de manera significativa; y
  3. Una dimensión de gestión, donde los elementos de análisis y participación están integrados en la toma de decisiones del proyecto y los sistemas de gestión, tanto durante la preparación como la implementación.

Ante esto se presentan dos retos importantes; el cómo y cuándo hacerlo; y como lograr incrementar el nivel de conocimiento para integrar los temas sociales en el diseño e implementación de los programas que el BID financia.  La nota plantea dos premisas fundamentales para abordar esta dicotomía:

  1. Capitalizar de las buenas practicas internacionales que se están generando; y
  2. Fortalecer los procesos internos que actualmente se utilizan para la preparación y monitoreo de proyectos.

En términos prácticos, la experiencia generada nos indica que el proceso de la EIS, especialmente en proyectos que presentan alto riesgo social, genera impactos positivos medibles. Además, se convierten en motores de sostenibilidad social en el largo plazo para las operaciones que promueven el desarrollo sostenible en los países de América Latina a donde trabaja y opera el BID.

En este contexto, ESG llevo a cabo una revisión de siete proyectos que provocaron reasentamiento involuntario; los resultados obtenidos muestran que en los proyectos que el BID participo y que aplico correctamente el proceso de evaluación de impacto social, y consecuentemente los parámetros de mitigación, marco una fuerte diferencia. Se mejoró la calidad de vida de las familias afectadas y demostró que los planes de reasentamiento que incluyen todas las variables de análisis social generaron impactos positivos a las familias que reciben estos beneficios. Estas variables incluyen:

  • Levantamiento censal;
  • Identificación de familias vulnerables e impactos adversos; y
  • Pautas de consulta y participación para diseñar de manera participativa los paquetes de compensación, entre otros factores.

* Sobre el autor: 

Juan Martinez.  Es especialista Líder en Desarrollo y Salvaguardas Sociales en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde está liderando los temas relacionados a salvaguardas sociales del en la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de unirse al BID, trabajo por más de 20 años como especialista senior en el Banco Mundial a donde trabajó para múltiples regiones del Mundo en áreas de Desarrollo Social, Pueblos Indígenas y Reasentamiento Involuntario.

Fuente: Blog Hablemos de Sostenibilidad y Cambio Climático (BID) 


 

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