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¿Cuál es el rol de las empresas y el Estado a la hora de cuidarlo?

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Por Prof. Olivia Sokol, Coordinadora del Area de Indicadores & Género de FORS. indicadoresygenero@ors.org.ar

Sin dudas, las obras de infraestructura traen con sí mejoras en la calidad de vida de las poblaciones en donde se las realizan. Muchas veces, esos mismos territorios albergan valiosos elementos que conforman su patrimonio cultural, económico y ambiental. ¿Cuál es el rol de las empresas y el Estado a la hora de cuidarlo?

El patrimonio cultural en su más amplio sentido, es a la vez, un producto y un proceso que refleja el pasado de una sociedad que se transmite a las generaciones futuras formando parte de la identidad de un pueblo. Abarca no sólo el patrimonio material (aquellos objetos heredados del pasado), sino también el patrimonio natural (el paisaje construido) y el inmaterial (como las prácticas que se mantienen aún en nuestros días y no son necesariamente tangibles, por ejemplo una danza, una práctica cultural, entre otras).

Esta conjunción da como resultado un recurso frágil, y como tal, requiere de políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad, ya que una vez perdidos no pueden volver a recuperarse. Hoy en día el patrimonio cultural está intrínsecamente ligado a los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta toda la humanidad, desde el cambio climático y los desastres naturales  a los conflictos entre comunidades o las desigualdades económicas. Así también se ve reflejado en el ODS11 de la Agenda para el Desarrollo 2030, titulado: «Ciudades y comunidades sostenibles».

Argentina presenta una gran diversidad de realidades en lo que el patrimonio respecta. A lo largo y ancho del país nos encontramos con diversos vestigios del pasado, tanto reciente como remoto. Por ejemplo, el patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el sector del turismo -que sin embargo- trae consigo nuevos retos para su conservación. De allí que una gestión correcta de su potencial de desarrollo exige un enfoque que haga hincapié en la sostenibilidad. Alcanzarla, depende en gran medida de políticas y acciones que garanticen su protección respondiendo a los desafíos actuales, como pueden ser los impactos de la globalización, el descuido, la sobreexplotación.

En este marco, cabe preguntarse cómo se aborda esta protección en proyectos de infraestructura. Está claro que muchas veces las obras están relacionadas con mejorar la situación social, trayendo tendido eléctrico, redes de agua, canalizando ríos y generando contextos que beneficien a las poblaciones en varios aspectos. Pero, ¿se cumplen todas las disposiciones legales? ¿Los distintos actores involucrados reconocen y son obligados a tomar las medidas precautorias necesarias en la protección del patrimonio?

La respuesta a esta pregunta es compleja, pero no en todos los casos se da cumplimiento con los estudios correspondientes, o a veces se realizan de manera incorrecta. En nuestro país existen dos leyes fundamentales en lo que respecta al tema. Por un lado la Ley General del Ambiente (LGA), 25.675 (LGA) que propone que se realicen evaluaciones de impacto ambiental, establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión adecuada del ambiente y la implementación bajo la mirada del desarrollo sustentable. En esta, se especifica que es necesario un estudio en torno al patrimonio cultural, llevados adelante por arqueólogos, profesionales que  se encargan de estudiar, investigar y comprender el pasado de la sociedad. Por otro lado, la Ley de Protección del Patrimonio 25.743, que expresa que forman parte del patrimonio arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de sociedades que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.

Por su parte -siguiendo la ley- toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esto implica que se deben presentar informes previos que especifiquen si una obra determinada causará daños al ambiente (incluyendo el patrimonio cultural), y de ser así, cuáles serán las medidas de mitigación.

A pesar de la existencia de estas leyes, no necesariamente se cumplen los estudios arqueológicos en todas las obras ya que tal como esta expresada la LGA, deja algunas inconsistencias,  «un bache», que podría permitir que no se realice. En contrapunto, muchas de los documentos para la entrega de financiamiento por parte de organismos internacionales de crédito sí cuentan con esa salvedad que exige a los prestatarios tomar todas las medidas necesarias para la salvaguarda del patrimonio. En otras palabras, la normativa establecida por estos organismos plantea que el otorgamiento de los créditos estará fuertemente condicionado por el cumplimiento de  estos requisitos.

La sostenibilidad requiere encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural hoy y preservarlo para las generaciones futuras. Un buen balance entre el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible requiere no sólo protección frente a las condiciones ambientales adversas y el daño intencionado, sino también cuidados constantes ante diferentes obras que se lleven a cabo.

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