Informe de CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.
El primer caso de COVID-19 en América Latina y el Caribe fue registrado en el Brasil el 26 de febrero de 2020. A partir de allí, la historia es conocida. Cada gobierno nacional comenzó a implementar sus propias estrategias y llevar adelante medidas no sólo de protección de la salud de sus habitantes, sino también sociales y económicas.
Pero este virus llegó a la región en un contexto de bajo crecimiento y -sobre todo- de alta desigualdad y vulnerabilidad. Sumado a ello, según describe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe titulado “El desafío social en tiempos del COVID-19“, el panorama ofrecía “tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular”.
Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan día a día pérdidas de empleo (en 2020 habría 11,6 millones de desocupados más que en 2019 según CEPAL) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares.
Lo que preocupa en este marco, es que la pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral.
Esta problemática se evidencia aun más a la luz de los datos que arroja el informe. Allí explican que “existe una alta proporción de empleos informales (un 53,1% en 2016, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018)). En 2018 solo el 47,4% de los ocupados aportaba al sistema de pensiones y más de 20% de los ocupados vivía en la pobreza”.
De cara al futuro el escenario es aun menos alentador. Ante la caída del 5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por CEPAL, en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
Estas tendencias que ya se están observando, están poniendo en jaque al logro de las metas de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. “Este aumento de la pobreza y la pobreza extrema compromete gravemente la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo en 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 1)”, destaca el organismo en su documento.
Si bien los efectos de la pandemia sobre el PIB y el empleo son diferentes según los países y en ese marco, la magnitud de los incrementos de la pobreza y la pobreza extrema proyectados también varía, desde CEPAL plantearon diversos escenarios (bajo, medio y alto) posibles para los habitantes de 17 países de la región.
En todos los casos, la pobreza y la pobreza extrema aumentarían en todos los países. En el escenario alto, los mayores aumentos de la pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y el Ecuador. También en el escenario alto, la pobreza en general aumentaría especialmente en la Argentina, México, el Ecuador y el Brasil.
Los más afectados.
“Los diferentes impactos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad social en la región, cuyos ejes estructurantes son la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial y el territorio, a lo que se suman otros factores como la condición de discapacidad, el estatus migratorio o la situación de calle” plantean los autores del documento.
En ese marco, advierten que son estas desigualdades las que “se acumulan, se potencian e interactúan entre sí, causando múltiples discriminaciones que conllevan diferencias en el ejercicio de los derechos”.
Uno de los derechos que representa la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad es el trabajo. Desde CEPAL expresan que, si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, la situación de los trabajadores informales de ambos sexos, y especialmente la de las mujeres y las personas jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes resulta de la confluencia de los ejes de la desigualdad y constituye un fuerte núcleo de vulnerabilidad”. ¿Por qué? Explicaciones hay varias y el informe enumera alguna de ellas.
La primera tiene que ver con que la gran mayoría de estos trabajadores no disponen de ahorros suficientes para enfrentar la crisis en un escenario en que, además, las remesas también pueden sufrir una fuerte contracción. Además, las medidas de distanciamiento físico les impiden desarrollar sus actividades y generar ingresos que les permitan mantenerse fuera de la pobreza. Al contar con un escaso o nulo acceso a la seguridad social, su capacidad para beneficiarse del seguro de desempleo o acceder a la atención de salud queda considerablemente restringida, una situación en la que se encuentran la mayoría de estas personas.
De este modo, explican que el incremento del trabajo informal ante el aumento del desempleo dificultará que esos trabajadores y sus familias accedan a ingresos para sostener un nivel de vida digno. Pero esto no vendrá sin consecuencias, “esta situación presionará además la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social por la disminución de los aportes directos y las posibles reducciones de cobertura” remarca el informe.
Evitar otra década perdida
Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.
Así, desde una perspectiva de derechos y bienestar, proponen remarcan la necesidad de ofrecer respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida.
Para ello, los especialistas de CEPAL aclaran que estas respuestas “deben articular las medidas de corto plazo, necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia, con otras de mediano y largo plazo, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social”. Lograrlo, según explican, requiere una implementación gradual y la búsqueda de mecanismos de financiamiento sostenibles.
Como ya estamos observando, “la pandemia ha puesto al descubierto no solo las limitaciones estructurales del modelo económico vigente, sino también las fallas e insuficiencias de los sistemas de protección social y de los regímenes de bienestar en general” remarcan. “Avanzar hacia el trabajo decente, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados entre el Estado, el mercado y las familias, y promover el acceso universal a la protección social, asegurando el acceso a sistemas de salud pública de calidad, es imprescindible para proteger las condiciones de vida de toda la población” culminan desde CEPAL.
En este contexto de crisis entonces, resulta necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
“Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universal es clave para evitar otra década perdida” afirman en el informe.
Como conclusión desde CEPAL, dejan latente una preocupación en torno a la cohesión social. La actual crisis “puede profundizar expresiones de malestar, desconfianza y desafección democrática”. El camino propuesto por este organismo regional se dirige hacia el avance en “un pacto social centrado en el bienestar y los derechos en las distintas etapas del ciclo de vida para enfrentar los impactos de la crisis, planteando una lógica de protección colectiva e igualdad, con respuestas solidarias en los costos y el financiamiento, lo que requiere nuevos pactos fiscales”.
