El debate por la despenalización del aborto despierta diferentes voces y ya ha sacado a la luz diversos matices de una realidad candente, pero de una discusión necesaria.
Por primera vez en la historia argentina, el 20 de marzo, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación dio comienzo al debate sobre la legalización del aborto cuya discusión llegará al recinto en junio. Pero, no es un debate que se hace de espaldas a la sociedad sino que ha estado abierto para auscultar el pulso de los ciudadanos de a pie y de las entidades que ellos componen.
Y si bien no se puede pronosticar cuál será el resultado y si se aprobará o no una normativa sobre la materia, desde el 10 de abril y hasta el 18 de mayo todos los martes y jueves se escucharon las ponencias de unos 700 oradores -médicos, juristas, filósofos, escritores, personas del espectáculo, dirigentes sociales, líderes de ONGs- que dieron sus fundamentos a favor y en contra de la despenalización y de la promoción del aborto libre, seguro y gratuito.
Las posturas de un lado del otro no están divididas de acuerdo a la composición de ambas Cámaras en el Congreso ni algo propio de algún partido en particular o del oficialismo y la oposición. Más bien hay todo tipo de inclinaciones en ambos lados del mostrador. El motivo: es una temática sensible que recorre en forma transversal a casi todos los partidos políticos.
Pero esta transversalidad también se da en toda la sociedad y, toca en especial a todos los actores que hacen al ecosistema de la RS: el Estado, como propulsor de política pública, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de la comunicación, entre otros. Además, las aristas abarcan a casi todas las disciplinas, ya sea el derecho como a la filosofía, la política, la medicina y la biología.
Evolución histórica y legal
Nuestro Código Penal encuadra al aborto, en su artículo 85, en el Capítulo de Delitos contra la vida. Sin embargo, desde 1922, y considerado de avanzada en su momento, determina en su artículo 86, 2º párrafo que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
“1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.
“2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
A su vez, en julio de 2010 –reeditado en abril de 2015- el Ministerio de Salud de Salud de la Nación publicó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” para estandarizar la práctica en los centros de salud, por exhorto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, el máximo tribunal, estableció que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 inc. 2 del Código Penal “[…] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”. Según el Protocolo, de esta forma, “en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando:
- el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
- el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
- el embarazo proviene de una violación;
- el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental.
El fallo de la Corte Suprema, incitó, por su parte, al gobierno nacional y a las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, a redactar y hacer cumplir protocolos para la atención hospitalaria.
¿Por qué entonces sería necesaria para vastos sectores una ley, que en su mínima hará efectivo el aborto no punible de manera libre segura y gratuita y en su máximo, a partir de determinada semana de gestación en estos casos y en su máximo lo abarcaría por mera voluntad expresa de la mujer? Porque según un relevamiento realizado por Amnistía Internacional, Fundación Huésped, Católicas por el Derecho a Decidir, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sólo 9 de 25 distritos poseen protocolos para atender los abortos punibles y, al existir la objeción de conciencia, son pocos los hospitales públicos dónde se cumple lo que dice el Código Penal. Ellos son Chubut, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otras cuentan con protocolos cuyos requisitos dificultan lo dispuesto por el Código Penal (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, La Pampa, Salta y Río Negro). Y las 8 restantes (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, y Tucumán) carecen de normativas locales.
Aborto en el mundo
El aborto estuvo prohibido en casi todo el mundo y su autorización era prácticamente inexistente en el período de entre guerras, con la excepción de la ex Unión Soviética, Checoslovaquia y Suecia y recién se legalizó a partir de la segunda mitad del siglo XX con la evolución del feminismo, y de los derechos de la mujer.
De acuerdo a Naciones Unidas y el Instituto Pew, de 196 países registrados, 58 admiten el aborto por solicitud de la persona afectada; 134 lo conceden si la vida de la mujer está en peligro. Sigue siendo ilegal en República Dominicana, Nicaragua, Malta, Irlanda y Ciudad de Vaticano (el Papa Francisco es uno de los principales detractores del aborto y defensores del derecho del niño por nacer), y excepcional en Chile, Paraguay, Brasil y Venezuela (en casos de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y por embarazos producto de una violación). Una situación parecida se da en la Argentina pero aun cuando es ilegal, casi no hay condenas a mujeres por abortar ni prisiones por tal motivo. Distinto es el caso de El Salvador, donde hay mujeres encarceladas por este motivo con penas de 30 años.
Por el sí y por el no
El pensador e intelectual Darío Z Dario Sztajnszrajber, planteó frente a las comisiones del Congreso que el aborto, más que una cuestión filosófica es en realidad una cuestión política. “Lo que vale la pena es priorizar las urgencias que nos repara la existencia social de aborto. La sociedad debe hacerse cargo de las desigualdades que condena a mujeres a la práctica del aborto en condiciones infrahumanas. Es la política la que dice que el Estado debe intervenir, y no la metafísica. Es el Estado el que debe acompañar el proceso de emancipación del cuerpo de la mujer, históricamente sojuzgada y naturalizada sus expropiación como receptáculo reproductivo que la ha condenado a la desaparición de su propia autonomía. Una mujer que no decide sobre su cuerpo es una ciudadana de segunda. Por eso digo sí a la ley de aborto. Nadie te va a obligar a vos a que abortes pero no sigas obligando a las mujeres a no poder hacerlo”, concluyó.
En la misma línea se manifestó la Dra. Dora Barrancos, socióloga, historiadora y feminista argentina quien afirmó que en el país existe una larga legitimidad social del aborto “que se contradice con las formas de prohibición. Más allá del impedimento legal y las circunstancias, es clarísimo reconocer en la sociedad una autentica diferencia de clases que ha dividido a las mujeres: para las clases medias y las altas, el aborto se hizo y se hace con todas las garantías sanitarias y para las de sectores populares es evidente que existió y existe una forma ominosa de pena de muerte porque pagaron con sus vidas esas decisiones. El aborto es un derecho humano fundamental que debe ser dado a las mujeres. El embarazo es generalmente una contingencia, no puede convertirse en una fatalidad”, sentenció.
Victoria Tesoriero, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y miembro del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir explicó a Revista Fonres las acciones que vienen llevando desde hace tiempo, desde capacitaciones en universidades, sindicatos, organizaciones barriales y otras entidades y destaca como positiva la inauguración de la primera Cátedra de Aborto en la Universidad Nacional de Rosario a mediados del año pasado, seguida en 2018 por otras Casas de Altos Estudios. “El aborto es algo común en la vida de las mujeres y necesitamos una ley” dijo y aseveró que su demanda hegemoniza hoy la agenda de género. También destacó que el movimiento de mujeres es hoy heterogéneo y federal. Consideró, además, que la sociedad está hoy más adelante que el Congreso y espera que esté a la altura de las circunstancias. “Se trata de una cuestión de justicia social. Una mujer que está decidida abortar y tiene recursos puede ir a una clínica donde lo cobrarán 20 mil o 30 mil pesos. En cambio, la que no cuenta con esas posibilidades buscará las alternativas que tenga a su alcance poniendo en riesgo su vida y su salud. Es por eso que el indicador de mortalidad materna no baja”, concluyó.
A las opiniones de Sztajnszrajber, Barrancos y Tesoriero se le suman otras voces como la de la Sociedad Argentina de Medicina que públicamente ha manifestado que la “legalización puede tener el efecto de evitar las consecuencias letales de muchos abortos hechos en malas condiciones, e implica reconocer la autonomía de las mujeres y la libertad para decidir sobre sus cuerpos… Al legalizar (y por supuesto regular) las situaciones que de hecho ya existen, ampliándose el margen de lo aceptado, se contribuye a modelar una sociedad más sana, inclusiva, tolerante y democrática”.
Se trata de una cuestión de justicia social. La mujer que no cuenta con posibilidades buscará las alternativas que tenga a su alcance poniendo en riesgo su vida y su salud.
En una misma línea se posicionó el reconocido ginecólogo y obstetra del Hospital Italiano, Mario Sebastiani, autor del libro “Aborto legal y seguro”, quien en diálogo con Revista Fonres, descubrió que la interrupción del embarazo debía tener estas características desde los primeros años en su profesión. “En 41 años del Hospital Italiano no ha habido ni complicaciones ni muertes por aborto. Pero al ir a lugares del norte del país o del conurbano de la provincia se ve de nuevo la enfermedad y la muerte y cosas como agujas de tejer, tallos vegetales, todas herramientas de la clandestinidad y la pobreza y que expresan la desesperación de la mujer”, enfatizó y aclaró que si se despenaliza desaparecen todas estas cosas. “La mujer no puede pasar por esta situación de indignidad ni clandestinidad. Lo que quiero es que pueda transitar esa circunstancia de decidir continuar o no con embarazo, que es un momento de dolor, de dudas, con lo mejor de nosotros. No dándole la espalda sino dándole la cara”.
Consideró además que las creencias, la religión y los valores deben quedar en el ámbito privado sobre todo para quienes tienen alguna responsabilidad pública y habló especialmente de los legisladores frente al debate. “Lo que deben votar no es el estatuto del embrión si no si quieren que sea legal o clandestino, seguro inseguro, que la mujer vaya presa o quede libre. El día que gane el sí ganan los embriones porque tenemos hoy 500 mil abortos y en cambio España, donde es legal, hay 90 mil; ganan las mujeres que dejan de ser indignas y clandestinas. Se debe votar con conciencia para disminuir los abortos, las muertes de mujeres, para evitar los embarazos no deseados y para educar en estos temas”.
Las posturas en contra de la despenalización se ciernen, a su vez, sobre varios conceptos tanto científicos como filosóficos, jurídicos e incluso religiosos y cuentan el respaldo de instituciones como la Academia Nacional de Medicina, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, entre otras.
La salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos, nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte como solución
En este aspecto, la Academia, la institución de salud más prestigiosa y antigua del país ha especificado que “la salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos, nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte como solución. Si el aborto clandestino es un problema sanitario corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho humano fundamental a la vida y al de los profesionales médicos a respetar sus convicciones. Por ello …. considera:
“Que el niño por nacer, científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país. Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento. Que el derecho a la “objeción de conciencia” implica no ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del individuo (Art.14, 19 y concordantes de la Constitución Nacional)”. De manera similar se pronunciaron la Asociación Médica Argentina, Colegios Médicos de diversas jurisdicciones.
En cuanto a las instituciones religiosas, tanto la Iglesia Católica a Alianza Cristina de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que representa a más de 15 mil congregaciones evangélicas en todo el país abiertamente defienden el inicio de la vida desde la concepción y consideran que el aborto atenta contra los más inocentes. Y dejan abierta una pregunta a la que aún no le encuentran respuesta por parte de los defensores: al poner una fecha límite: libre, gratuito y seguro a partir de la semana 14 de gestación, ¿por qué prohibirlo a partir de la 15? ¿Qué diferencia habría? ¿Por qué entonces permitirlo? Apuestan a salvar ambas vidas.
En este sentido, la Conferencia Episcopal Argentina, en su última Asamblea Plenaria, donde se reúnen todos los obispos católicos del país, elaboraron un documento bajo el título: “Proponemos una mirada amplia. Vale toda Vida”. Allí aseguraron que: “Una Nación democrática, moderna y progresista, debe tener la capacidad, el ingenio y la creatividad, de buscar soluciones nuevas que resuelvan los problemas, sin necesidad de matar o “interrumpir” vidas de seres humanos. ¡Ojalá podamos defender hasta tal punto los derechos humanos, que no se los neguemos a los más débiles y vulnerables! Vale toda vida. Aún hay mucho por hacer para acompañar y ayudar a las mujeres que viven un embarazo inesperado, en malas condiciones (desnutrición, diabetes, otras dificultades obstétricas no controladas debidamente, situaciones de violencia, etc.). Muchas de estas realidades tienen que ver con la pobreza no resuelta. Esperamos que este debate nos permita dirigir la mirada de manera amplia a diversas situaciones que no deberíamos separar: la defensa del niño por nacer, el respeto a la mujer y el cuidado de su vida, el inmenso valor de la familia y la vida amenazada de tantos argentinos que se debaten en la pobreza y la miseria”.
Estadísticas confusas
Saber cuántos abortos voluntarios se producen por año y cuántas muertes de mujeres se dan por esta causa resulta difícil de cuantificar, en primer lugar, porque al ser algo ilegal o clandestino cuesta dar con números certeros. En segundo lugar, porque las estadísticas también dividen aguas.
Según el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un “embarazo terminado en aborto”. El porcentaje dcyó con respecto a 2015 (18,5%), pero aumentó en base a 2014 (14,8%). Para Sebastiani, en estas estadísticas hay subregistros. A su vez, para Amnistía Internacional, el número es 450 mil y se desprende de un trabajo realizado en 2005, citado en el Protocolo, por Edith Pantelides y Silvia Mario, por encargo de la Cartera de Salud de ese entonces. La Academina Nacional de Medicina rechaza estas cifras y dice que se basan en supuestos y no en realidades concretas.
A su vez el mismo informe del Ministerio de Salud indica que la principal causa de muerte materna (202 decesos) fueron por razones equivalentes a complicaciones obstétricas directas e indirectas (diabetes, hipertensión, otras enfermedades previas, hemorragias y otras complicaciones del embarazo y parto). A su vez 525 mujeres fallecieron por deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales, 233 por tuberculosis, 194 por Chagas.
