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Educación para el desarrollo sostenible.

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En la semana en que se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, un pantallazo sobre esta temática en la Argentina y las expectativas en torno a la ley aprobada en 2021 que busca promover la formación en asuntos ambientales en distintos niveles.

Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Instaurado a partir del año 1972 durante la Conferencia sobre el Medioambiente Humano organizada por las Naciones Unidas en Estocolmo, Suecia, su objetivo es enfatizar la importancia de la educación como generadora de conciencia sobre el cuidado del ambiente.

Cuarenta años más tarde, esta temática ocupa un lugar central en la agenda de los países del mundo por los avances que ha habido en torno al calentamiento global y las consecuencias que esto ha traído aparejado para los ciudadanos tanto de países desarrollados, como en desarrollo.

Así quedó plasmado en la encuesta global “People´s Climate Vote”, publicada en enero de 2021 y realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford. La investigación realizada en 50 países con más de la mitad de la población mundial, incluidas más de medio millón de personas menores de 14 años, (un segmento demográfico clave que normalmente no puede participar en los procesos electores normales) reveló que la educación marca la diferencia en las percepciones sobre la actual crisis climática y ecológica.

“Nuestros datos mostraron que el impulsor sociodemográfico más profundo en la creencia en la emergencia climática y la acción climática es la educación de una persona”, dice el estudio.

Según la encuesta, la consideración del cambio climático como una emergencia global presentó niveles consistentemente más altos entre las personas con educación postsecundaria en todos los países, desde la República Democrática del Congo (82%) hasta Francia (87%). En el caso de la Argentina, ese porcentaje fue más bajo, del 72%.

Estas personas -las que tienen noción de que el cambio climático supone una emergencia para el planeta- son las que, en la encuesta, más respaldan la puesta en práctica de políticas climáticas (58%), pero al mismo tiempo el estudio revela que no han mostrado gran apoyo a una respuesta urgente.

En este sentido, la encuesta concluye que, en muchos países, se requiere más educación para las personas que creen en la emergencia climática a fin de que comprendan la necesidad de una acción integral urgente.

La llave para un futuro mejor

La educación ambiental es un proceso continuo que promueve la sostenibilidad como proyecto social, lo que implica un desarrollo con justicia social, distribución de la riqueza, preservación y conservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. En ese sentido, busca el equilibrio entre diversas dimensiones, como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra “casa común”.

En la Argentina, la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley General del Ambiente, dan forma al marco normativo general a esta temática. Estas tres normas contemplan este tipo de formación como un proceso fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía. La Ley General del Ambiente, en particular, la define en su artículo 8 como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental en Argentina. 

Pero, a partir de junio de 2021, se profundizó aún más en este campo mediante la promulgación de “Ley de Educación Integral Ambiental”. Según plantea esta nueva legislación, la estrategia que se planificó llevar adelante para su implementación en forma paralela aborda tres ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación). De este modo está dirigida a los ciudadanos de todas las edades, grupos y sectores sociales con acciones en el corto, mediano y largo plazo, en el camino hacia un cambio de paradigma en el que haya una real transformación de hábitos y la construcción de agentes de cambio hacia una vida más sostenible.

El principal instrumento de implementación que establece la ley es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI), donde trabajar colectivamente los ministerios de Ambiente y Educación, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el CFE.

La educación ambiental y los ODS

La educación ambiental es transversal y subsidiaria a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas. Esto se da tanto de manera directa, como ocurre en los objetivos 1, 4, 6, 7, 11, 12 y 13, como también de forma indirecta en el resto de los objetivos o metas. 

Contribuye directamente al ODS N°4, relativo a la educación inclusiva y de calidad, en particular a la meta 4.7, así como a todos los demás ODS, con miras a brindar una educación pertinente centrada en la responsabilidad por el futuro. ¿De qué manera? Sus competencias transversales en las dimensiones cognitiva, socioemocional y conductual del aprendizaje son pertinentes para todas las esferas de la educación. Su énfasis especial en las competencias relacionadas con la empatía, la solidaridad y la adopción de medidas puede impulsar el avance del ODS 4 construyendo un futuro en el que la educación contribuya no solo a los éxitos individuales, sino también a la supervivencia colectiva y a la prosperidad de la comunidad mundial. 

Este viraje en el enfoque educativo es positivo para el futuro sostenible del planeta. Estos avances, contribuyen a que la agenda mundial de formación deje de centrarse exclusivamente en el acceso y la calidad, que se miden principalmente en función de los resultados del aprendizaje. De esto modo, se hace mayor hincapié en el contenido del aprendizaje y en su contribución a la sostenibilidad de las personas y el planeta.

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