Una mirada histórica local a la brecha de género con contexto en el presente y en el futuro. Por Araceli Bellota. (*)
En el Día Internacional de la Mujer, el Presidente de la Nación anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para eliminar la brecha salarial entre varones y mujeres por igual tarea. Según se informó, el proyecto fue realizado por Fabiana Tuñez, la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, quien aceptó en silencio que su presupuesto se redujera en 30 millones de pesos lo que afectó el funcionamiento de distintos programas y además no explicó cómo lo va a conseguir.
Por otra parte, llama la atención que el anuncio se produzca al mismo tiempo que el gobierno impulsa que las paritarias se cierren a la baja de manera que los salarios se verán disminuidos frente a la inflación, que hayan rebajado las jubilaciones de acuerdo al nuevo cálculo lo que también afectó a la Asignación Universal por Hijo que es cobrada exclusivamente por mujeres, y que el bono compensatorio para las jubilaciones será percibido únicamente por aquellos que tengan 30 años de aportes, es decir, que quedarán excluidas las miles de amas de casa que accedieron al beneficio por moratoria.
Es claro que con los discursos no alcanza para que sea realidad el reclamo de igual salario por igual trabajo.
Un breve recorrido por la historia de las medidas tomadas con la intención de hacer realidad la vieja consigna “igual salario por igual trabajo” demuestra que la cuestión no se solucionará por una ley sino por una serie de medidas que necesitan de una activa participación del Estado en la economía, camino que este gobierno no está dispuesto a tomar ni aún ante la disparada de precios que hace imposible que la mayoría de los actuales salarios puedan cubrir la canasta básica de alimentos.
Respecto a la legislación destinada a proteger a las mujeres en el trabajo, la primera fue en 1907, un proyecto del socialista Alfredo Palacios, que estableció que su jornada no podía ser de más de 8 horas diarias, se prohibía el trabajo en industrias peligrosas o insalubres y que los lugares debían contar con asientos para las obreras.
En 1924, por la ley 11.317 se derogó la anterior y se dispuso la prohibición de ocupar mujeres durante el periodo de seis semanas posteriores al parto, que ninguna mujer podía ser despedida con motivo de su embarazo y que se le debía conservar el puesto. Podían amamantar cada 3 horas durante 15 minutos y en los lugares de trabajo se debían habilitar salas maternales adecuadas para niños menores de 2 años. Una década más tarde, en 1934, la ley 11.932 modificó la anterior y dispuso que la madre dispondría de dos descansos de media hora para amamantar.
Un breve recorrido por la historia demuestra que la cuestión no se solucionará por una ley sino por una serie de medidas que necesitan de una activa participación del Estado en la economía, camino que este gobierno no está dispuesto a tomar.
En 1943 se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión y más tarde se instituyó en ese ámbito la División del Trabajo de la Mujer. En ese año, los salarios de la mujer en la industria textil era un 40% más bajo que los de los varones por igual tarea. En 1945, esa disparidad había descendido al 20%. Los dos Planes Quinquenales adoptados por el gobierno de Juan D. Perón reconocieron la brecha salarial y se tomaron medidas para reducirla. Además, en 1949, se creó dentro de la CGT una Comisión Auxiliar Femenina que se encargaba de plantear la cuestión a la hora de firmar los convenios colectivos de trabajo. Por eso, entre 1943 y 1950 se aumentaron mucho más lo salarios de las mujeres y además los incrementos fueron mayores en los rubros de menor categoría. En la industria, los salarios promedio de convenio en la categoría de oficial aumentaron un 478% para las mujeres y un 316% para los varones. En el comercio, para el personal administrativo las mujeres recibieron un 435% de aumento y los varones 149%, y para el personal auxiliar para las mujeres aumentó el 604% y para los varones el 322%.
Producido el derrocamiento de Perón, la autodenominada Revolución Libertadora sancionó el Decreto 2739 que proclamaba la equiparación de salarios y un año después, el Decreto 6666, instituyó el Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional que estableció que no debía hacerse distinción alguna en razón del sexo para el ingreso a la administración pública.
En septiembre de 1974, durante el gobierno de Isabel Perón, se sancionó la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo cuyo Título VII regulaba el trabajo de las mujeres reconociéndoles capacidad jurídica para celebrar cualquier tipo de contrato laboral y prohibía discriminaciones por sexo o estado civil, consagrando el principio de igual retribución por igual trabajo.
En 1976, la dictadura cívico militar por el Decreto 390, derogó la ley anterior y redujo el monto de la indemnización para mujeres embarazadas de dos a un año de sueldo, además de suspender el derecho a huelga, prohibir la actividad sindical y eliminar la negociación colectiva de salarios.
Con el regreso de la democracia, en lo referido a las mujeres se avanzó en derechos civiles como el divorcio y la patria potestad compartida, pero no hubo disposiciones en materia salarial. Los años 90 fueron un retroceso para todos los y las trabajadores/as, pero fue la ley 24.465 de 1995 que afectó especialmente a las mujeres porque, bajo la excusa de “fomento del empleo”, se privó de toda estabilidad en el empleo a los varones de más de 40 años, a las personas con discapacidad, a los ex combatientes de Malvinas y a las mujeres de cualquier edad.
Durante los gobiernos kirchneristas, la ley 25.994 del 2004 habilitó la jubilación de millones de amas de casa que nunca habían sido retribuidas por su trabajo doméstico que sin embargo tiene valor económico si se realiza por personas ajenas a la familia. En 2009 por el Decreto 1.602 se estableció la Asignación Universal por Hijo que luego se extendió a las embarazadas a partir de las 12 semanas de gestación, beneficio que solo podía ser cobrado por mujeres para darles independencia en el sostenimiento de sus hijos. En 2013 la Ley 26.844 reguló el trabajo de las empleadas domésticas amparándolas en la Ley de Contrato de Trabajo, y en 2015 la Ley 27.160 estableció la movilidad de las asignaciones familiares estableciendo dos aumentos por año que abarcó también a quienes percibían jubilaciones.
Es claro que con los discursos no alcanza para que sea realidad el reclamo de “igual salario por igual trabajo”.
*Articulo publicado originalmente en El Presente de la historia, (presentedelahistoria.com; 12 de abril de 2018)
