La pandemia del COVID-19 viene a revelar que esta crisis no es solo un problema sanitario, sino que trae aparejada la profundización de problemas sociales estructurales. La perspectiva de género en la respuesta mundial.
Por Prof. Olivia Sokol, Responsable del Área de Indicadores y Género de FORS.
La expansión global de coronavirus ha causado conmoción a lo largo de todo el mundo. Como expresa el antropólogo David Harvey, de la City University of New York, su avance exhibe todas las características de una pandemia de clase, género y raza. A escala mundial nos encontramos con más de un millón de casos confirmados y a principios de abril, y alrededor de veinte mil casos en nuestra región. Mundialmente, las mujeres representan el 70% de quienes trabajan en la atención al público en los sectores de salud y sociales, como enfermeras, parteras, personal de limpieza, entre otros. Cuando nos enfocamos en la dimensión de género, podemos decir que, frente a la crisis sanitaria, económica y social, las mujeres -y otros grupos vulnerables- continúan en desventaja y cargando con más labores de cuidados.
En el recrudecimiento de la crisis en la que nos encontramos, una de las medidas adoptadas casi generalizadamente, ha sido el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO). Esta acción, además de traer consecuencias económicas a nivel macro y micro, genera otras situaciones conflictivas en torno a varios aspectos como la violencia de género, la organización del cuidado y la situación de la población travesti y trans. Por ese motivo, creemos fundamental que la gestión de respuesta a la crisis debe ser dada en clave de igualdad de género.
El ASPO aplicado a tiempo, en el caso de nuestro país, parecería estar dando buenos resultados, al menos en términos de disminuir la mortalidad frente al virus. No obstante, los mercados del mundo caen, las instituciones educativas cierran, los hogares se convierten en un espacio diferente para todos en donde incluso, se pueden dar casos de violencia que continúen aumentando los índices de mortalidad indirectamente, por femicidio. Podemos dimensionar que esto se recrudece cuando a esta situación se suman factores habitacionales como el hacinamiento en hogares precarios, que a su vez tienen problemas económicos. Entonces la pandemia viene a revelar que la crisis no es solo un problema sanitario, sino que trae aparejada la profundización de problemas sociales estructurales. En términos de género, como menciona ONU Mujeres, pone sobre el tapete las deficiencias de los acuerdos públicos y privados de hoy en día, que sólo funcionan si las mujeres se desempeñan en múltiples roles no remunerados.
Por ahora, según la OMS, los estudios sobre la prevalencia y mortalidad del COVID19 indican que ésta es superior en los hombres que en las mujeres. Esto se debe a factores como la mayor tasa de tabaquismo o de afecciones cardiovasculares en varones. Sin embargo, cuando lo que se analizan son los efectos sociales y económicos de la pandemia, según están alertando investigadores y organismos internacionales, las mujeres son las más perjudicadas. Naciones Unidas ha publicado un informe advirtiendo que la pandemia tendrá un coste especialmente alto para ellas, porque su número es elevado en ámbito de la salud, y esto las coloca en una posición de riesgo. Pero, además, porque muchas son madres o tienen a su cuidado a otros integrantes de la familia y -como indican los números- siguen teniendo una doble jornada laboral. En palabras de la directora de ONU mujeres se enfrentan “con una carga en el ámbito de los cuidados que ya era desproporcionada antes de la emergencia”.
A lo anterior se debe adicionar que muchas mujeres trabajan en la economía informal. Esto tiene como resultado la desprotección a la hora del acceso a una obra social o prepaga y cuentan con ingresos -por lo general- bajos, que se ven interrumpidos en este contexto, (ver informe en The Lancet). Además, aunque no trabajen bajo estas condiciones, poder cumplir con todas las tareas de cuidado, educación de los hijos y además el teletrabajo, todo se convierte en un verdadero desafío, especialmente para las madres solteras que no cuentan con ayuda de ningún tipo.
En este momento, los gobiernos reconocen la gran contribución que hacen las mujeres y la condición de precariedad en la que viven muchas de ellas. Para ello, se hace hincapié en sectores en los que reciben ingresos muy bajos, como en el caso de las trabajadoras estacionales, las dueñas de pymes, quienes trabajan en los sectores de limpieza, cuidado y en la economía informal. En la Argentina, una medida para mitigar esta situación tuvo su reflejo en bonos otorgados a aquellas que son beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también en la asignación por hijo con discapacidad (AUH HD), todos los cuales recibieron un plus extraordinario de un 100% de su asignación.
Una dimensión crucial que se debe atender en este contexto, es el acceso a la salud sexual y reproductiva y el aumento de la violencia doméstica. La violencia contra las mujeres es una epidemia en todas las sociedades, sin excepción. En la Argentina se registró un femicidio cada 16 horas solo en el mes de marzo. En el contexto de cuarentena obligatoria, los niveles de violencia doméstica y explotación sexual aumentan en gran proporción, ya que a la situación preexistente se suma el miedo a ser afectados en la salud, los problemas de dinero y las condiciones propias de los hogares hacinados, todo lo que se erige como un coctel explosivo para que aumenten los casos de violencia.
En el marco de la emergencia sanitaria en nuestro país se han tomado diferentes medidas. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha dispuesto reforzar las acciones y dispositivos nacionales de atención a las personas en situación de violencia por motivos de género. A su vez, lanzó las campañas #CuarentenaEnRedes y #CuarentenaConDerechos, mediante las cuales se busca concientizar y dar recomendaciones para promover la corresponsabilidad y una distribución más justa de las tareas de cuidado al interior de los hogares. Asimismo, realizaron una campaña para garantizar el ejercicio del derecho a las licencias establecidas por el gobierno nacional para las trabajadoras de casas particulares. Ha reforzado además, la atención de la línea 144, a la vez que se lanzó la medida “barbijo rojo” por el cual las víctimas de violencia de género que se encuentran aisladas junto al agresor pueden acercarse a una farmacia o llamar por teléfono y solicitar un “barbijo rojo”. Un pedido “codificado” para que el personal del lugar gestione la comunicación con la línea de asistencia.
