Por Mariana Galli Basualdo. Abogada. Facultad de Derecho. UBA. Máster y Política y Gestión Ambiental Universidad Carlos III Madrid (España). Especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente con orientación en Derecho del Petróleo y Gas Natural. (UBA). Consultora externa FORS.
La moda rápida (fast fashion en inglés) crece sin freno, dejando una profunda huella ambiental. Su modelo de producción, además, conlleva un grave costo social que atenta contra los Derechos Humanos. Un recorrido por las principales normativas de la UE y de Estados Unidos en esta materia, como así también en Argentina.
La creciente industria de la moda rápida (fast fashion en inglés), derivada del hiperconsumismo que se acrecienta día a día, en el caso, la industria textil, no es ajena –claramente- a otros hábitos de consumo del mundo en que vivimos. La inmediatez, la celeridad, la satisfacción inmediata de “necesidades”, en este caso el de la industria de la moda y sus accesorios, moda que a su vez cambia también a ritmos acelerados, acrecientan no sólo el consumo, cuyos impactos ambientales analizaremos seguidamente, sino la manera de producción de los mismos, es decir los impactos en sus cadenas de suministro.
El término “fast fashion” se popularizó por primera vez en un artículo de The New York Times en 1989 en oportunidad de la apertura de la primer tienda minorista Zara en Estados Unidos. Según Times, el objetivo de la marca era que en solo 15 días un diseño pudiera estar disponible para el consumidor.
La fast fashion tiene como fin la introducción en el mercado de muchas colecciones de ropa “en tendencia”, durante lapsos breves. Así, se sigue este modelo de producción donde se fabrican prendas con materiales de baja calidad para asegurar un precio barato, por lo que incluso podríamos hablar de ropa prácticamente desechable. Además, su velocidad de manufactura repercute en su escasa durabilidad.
La industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales anuales de carbono.
Los trabajadores de los países donde se fabrican las prendas de fast fashion suelen trabajar de 14 a 16 horas diarias. Para cumplir con los plazos que la industria ha impuesto, la producción de las prendas se realiza en países que tienen condiciones laborales precarias, generalmente en el sur de Asia, como pueden ser: Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y China.
Las pésimas condiciones de trabajo, incluido un salario mísero, representan un problema ético y un claro ejemplo de explotación, así como un atentado a los derechos humanos, en los que se encuentra también la explotación laboral infantil y el trabajo forzado.
Para mantener bajo el precio de producción, las prendas de moda rápida se fabrican a menudo con materiales como el poliéster —una fibra sintética y barata fabricada a partir del petróleo, un combustible fósil no renovable—, según un informe de la Changing Markets Foundation. El poliéster puede tardar aproximadamente 200 años en descomponerse.
Impacto ambiental de la moda rápida en el mundo.
La industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales anuales de carbono, según las estadísticas de un informe de marzo de 2023 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El informe también constata que la cantidad de prendas producidas en la actualidad se han duplicado desde el año 2000, y se calcula que los consumidores compran hoy un 60% más de ropa, pero solo la usan la mitad de tiempo. Por ejemplo, la huella de carbono de una camiseta de poliéster es de 5,5 kg CO2eq, casi un 30% más que las emisiones medias de una camiseta de algodón.
Estudios recientes de la Unión Europea dan cuenta que la industria de la moda rápida genera 12,6 millones de toneladas de residuos textiles anuales que yacen en los vertederos
Por otra parte la industria de la moda rápida es el segundo mayor consumidor de agua; la fabricación de ropa y su lavado continuo desemboca en microplásticos que llegan a los océanos y finalmente esos residuos acuosos se vierten en los ríos sin ningún tratamiento. Los animales también se ven afectados; las tintas tóxicas y las microfibras liberadas en las vías fluviales son ingeridas por la fauna terrestre y marina. Este efecto se propaga por medio de la cadena alimentaria con consecuencias devastadoras.
En relación a su huella hídrica numerosas ONGs han dado a conocer que, por ejemplo, para confeccionar una camiseta de algodón se necesitan 2.700 litros de agua; mientras que para obtener únicamente un kilo de algodón, se utilizan hasta 10.000 litros. Sumado a ello, la fabricación de ropa involucra el uso de químicos altamente dañinos para la salud humana. El 73% de toda la ropa fabricada en un solo año en todo el mundo termina incinerada o en basureros.
Avances del Consejo y el Parlamento Europeo. Un freno a la «fast fashion» con cargos a los productores.
La Unión Europea en 2020 presentó el Plan de Acción para la Economía Circular en el marco del Pacto Verde. El propósito era lograr que los productos textiles sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables de cara al 2030. A su vez, se buscaba que los fabricantes asuman la responsabilidad ampliada del productor, esto quería decir que se hagan cargo del destino, desde la mesa de diseño hasta que se deja de usar la prenda. Entre otros temas, se instaba a acelerar el desarrollo del sector involucrado en la recolección, clasificación, reutilización y reciclado, y a comenzar a separar los textiles en los hogares a más tardar el 1° de enero de 2025.
El 19 de marzo del año en curso la Presidencia del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la revisión específica de la Directiva Marco sobre los Residuos por la que se fijan objetivos de la UE en lo que respecta a la reducción de los residuos alimentarios de aquí a 2030, así como medidas encaminadas a lograr un sector textil más sostenible y que genere menos residuos.
El acuerdo provisional establece normativa armonizada sobre con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP-2016) ampliada a los productores de textiles y las marcas de moda: se los responsabilizará de sus residuos y se les exigirá pagar una tasa para contribuir a financiar los costes correspondientes a la recogida y tratamiento de los residuos textiles.
Las pésimas condiciones de trabajo en la industria fast fashion, representan un problema ético y un claro ejemplo de explotación, así como un atentado a los Derechos Humanos.
Se dispone que los fabricantes textiles y las marcas de moda deberán pagar tasas para ayudar a financiar la recogida, clasificación y reciclado de residuos, las que serán distintas en función de la sostenibilidad de sus productos. Los gobiernos nacionales quedan autorizados, además, para ajustar estas tarifas en función de la durabilidad de las prendas. Todas las empresas productoras de ropa, independientemente de su tamaño, tendrán que hacerse cargo de sus responsabilidades en esta materia, aunque las más pequeñas tendrán un plazo mayor para cumplirlas.
Esta es la primera legislación jurídicamente vinculante y da cabida a la implementación de penalizaciones para aquellas campañas de marketing que inciten a deshacerse de prendas de ropa antes de que estén verdaderamente desgastadas. «Estas prácticas probablemente resulten en un consumo excesivo de productos textiles y, en consecuencia, en una sobregeneración de residuos«, se argumenta en el texto acordado por los países de la UE.
Algunas de las marcas más conocidas y afectadas serán Zara, H&M, Primark, Topshop, Stradivarius, Victoria’s Secret, Urban Outfitters, Shein, Temu, Boohoo, ASOS, PrettyLittleThing, GAP, Forever 21, Mango, Uniqlo, Hollister, Pull & Bear, Bershka, entre otras.
Normativa en Estados Unidos.
Ante la problemática planteada varios estados están adoptando medidas relacionadas con la temática, a saber: New York, California y Washington.
En New York la ley de Sostenibilidad y Responsabilidad de la Moda exige a las empresas de moda que mapeen sus cadenas de suministro y aborden los impactos ambientales y sociales de sus operaciones.
La ley de California exige a las empresas de ropa, calzado y otros textiles a establecer sistemas de recolección para la ropa desechada. Estas empresas deberán garantizar que para 2030 existan cientos de sitios de recolección en todo el estado. A su vez exige salarios por hora para los trabajadores de la confección, es decir, los trabajadores ya no cobrarían por prenda, y los fabricantes y marcas serían penalizados por prácticas salariales ilegales.
En Washington se ha presentado un proyecto de ley llamado House Bill 2068, que obligaría a los grandes minoristas y fabricantes de moda a establecer, seguir y divulgar los avances en materia de sostenibilidad.
En Estados Unidos la Ley de Responsabilidad en la Moda y Construcción de un Cambio Institucional Real, conocida como la Ley FABRIC es el primer proyecto de ley federal sobre moda que tiene como objetivo mejorar los derechos laborales de los trabajadores de la confección y fomentar la relocalización de la industria textil estadounidense, el mismo a la fecha no ha entrado en vigencia.
Panorama en Argentina.
En Argentina, si bien no hay una gestión federal coordinada que trabaje sobre el tema, sí se advierten experiencias aisladas en distintos distritos; por ejemplo, en La Plata, provincia de Buenos Aires, se presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante para crear un registro donde participen aquellos que generan desechos y al mismo tiempo, los recuperadores que estén interesados en reutilizarlos. A su vez, en la ciudad de Córdoba se lanzó un Centro Verde de Telas, operado por miembros de cooperativas de la zona.
En Argentina, el consumo de ropa representa un porcentaje considerable de los gastos de los hogares. Informes revelan que los argentinos destinan el 8,7% de sus gastos a la indumentaria, el doble que el promedio regional del 4%, siendo mayor que en países como Chile y México.
Conclusión y propuestas.
La alarmante situación descripta, no es más que un simple ejemplo del mundo en el que vivimos. La era del hiperconsumismo, donde lo efímero, las modas imperantes y fugaces, las redes sociales, excesos y personalismos, conllevan a la inmediatez de saciar supuestas necesidades de manera compulsiva y de manera excesiva.
Ante ello y la falta o ineficientes iniciativas para dar respuestas a corto plazo nos queda llamarnos a una profunda y responsable reflexión. Más allá del profundo y serio compromiso y responsabilidad social que deben asumir organizaciones y estados; depende prioritariamente de cada uno de nosotros adoptar hábitos sustentables. En el caso de optar por reducir el consumo, migrar a otro tipo de confección de indumentarias, moda circular o “vintage”; optar por un consumo consciente, responsable y sustentable.
Adquirir hábitos mercantilistas no hace más que “saciar” supuestas necesidades a través de la adquisición de bienes, productos y servicios de manera compulsiva y en numerosos casos esa compulsión reiterada y constante deriva en hábitos dañinos no sólo afecta nuestra propia salud, sino daños irreparables, irremediables e irreversibles a nuestro Planeta, o como bien lo denomina nuestro Papa Francisco, a “Nuestra Casa Común”.
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