El ‘Perfil de País Argentina 2024’, un informe lanzado por ONU Mujeres, presenta un diagnóstico sobre las desigualdades de género. El documento revela las brechas que enfrentan las mujeres, analiza los marcos normativos y la arquitectura institucional en el país y propone recomendaciones para impulsar políticas públicas que permitan alcanzar la igualdad.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres y bajo el lema “Por y para todas las mujeres y las niñas: Derechos, igualdad y autonomía”, ONU Mujeres presentó el Perfil de País Argentina 2024, un diagnóstico que examina las desigualdades actuales más relevantes entre varones y mujeres, en base a los cuatro nudos estructurales de la desigualdad que predominan en América Latina y el Caribe: organización social de los cuidados, situación económica y pobreza, participación de las mujeres en espacios de toma de decisión y violencia contra las mujeres.
“A través de este informe quisimos transformar datos en información, información en conocimiento y poner a disposición el conocimiento para impulsar el diálogo entre distintos actores claves para promover políticas y acciones basadas en evidencia que promuevan el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres”, afirmó Magdalena Furtado, oficial a cargo a.i. de ONU Mujeres en Argentina, durante la presentación del documento.
Las barreras en números
En primer lugar, el informe resalta que las mujeres enfrentan múltiples barreras que ponen en riesgo su autonomía económica. Algunas de estas barreras son la menor participación en el mercado laboral, el desempleo, la informalidad, la sobrerrepresentación en sectores feminizados que ofrecen menores ingresos o la subrepresentación en los cargos jerárquicos. Una de las consecuencias más graves es la feminización de la pobreza. La brecha de pobreza entre varones y mujeres es particularmente elevada -de casi 10 puntos- entre los 25 y 44 años, momento en el que las mujeres están en edad reproductiva o a cargo de niños/as y adolescentes.
El carácter estructural de las desigualdades que enfrentan las mujeres, demuestra la necesidad de seguir profundizando en políticas públicas para abordar estas problemáticas.
Las mujeres son también mayoría entre las personas en pobreza extrema, es decir en condición de ingresos insuficientes para comprar una canasta básica de alimentos. En 2023, cada 100 varones en condición de pobreza extrema había 109 mujeres. Asimismo, entre 2017 y 2024, el porcentaje de mujeres de más de 15 años sin ingresos propios oscilaba entre el 21% y el 26%, y en el caso de los varones de las mismas edades entre el 16% y el 22% (INDEC, 2024).
Problemas estructurales que persisten.
Un reciente estudio de ONU Mujeres y CEPAL advierte sobre la vulnerabilidad financiera en la que se encuentran 1,1 millones de hogares monomarentales en el país, ya que siete de cada diez familias encabezadas por mujeres con niños, niñas y/o adolescentes a cargo recurren al financiamiento para cubrir necesidades básicas como estrategia de supervivencia, y en menor medida, para la compra de bienes de capital o inversiones en emprendimientos productivos. Las mujeres también piden dinero prestado para pagar deudas previas y dependen en mayor medida de préstamos de familiares o personas cercanas, del fiado en comercios locales y, de forma creciente, de préstamos formales otorgados por las aplicaciones móviles.
Asimismo, la violencia contra las mujeres en Argentina es uno de los problemas más graves, estructurales y persistentes que afecta todas las edades, clases sociales y regiones. Según una encuesta realizada por la Iniciativa Spotlight en 2021, el 45% de las mujeres en Argentina atravesó algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico, siendo la expareja la principal figura agresora. Entre quienes atravesaron situaciones de violencia de género a lo largo de su vida, solo el 21% manifestó haber denunciado.
En 2023, cada 100 varones en condición de pobreza extrema había 109 mujeres
Al observar la violencia más extrema, según los datos más actualizados de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio. Un 88% de las víctimas mantenían una relación previa con el agresor: en la mayoría de las situaciones (64%) dicha relación era de pareja, expareja o sexoafectiva. El promedio de edad era de 38,3 años: el 9% eran niñas y adolescentes (0 a 17 años), el 10% tenía entre 18 y 24 años, el 26% entre 25 y 34 años, el 24% entre 35 y 44 años, el 20% entre 45 y 59 años y el 11% 60 años o más.
Por lo que respecta a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, uno de los ámbitos donde se agudiza más el techo de cristal es la justicia. Un informe de 2023 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestra que, a pesar de que las mujeres representan el 57% del total del plantel, en los rangos más altos (ministra, defensoras y procuradoras generales) ocupan solo el 29% de los cargos y a nivel de magistradas, defensoras, procuradoras o fiscales, son el 46%. Actualmente, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 100% de ministros en funciones son varones.
Por su parte, actualmente ninguna mujer ocupa el cargo de gobernadora en Argentina y en el caso de los municipios, el porcentaje de intendentas para el periodo 2023-2027 es apenas del 15%.
Avances pendientes
En resumen, a lo largo de todas las temáticas analizadas, el análisis presentado reitera problemáticas que ya fueron reflejadas en la pasada edición del Perfil de País Argentina en 2020, lo que corrobora una vez más el carácter estructural de las desigualdades que enfrentan las mujeres y la necesidad de seguir profundizando en políticas públicas para abordar estas problemáticas.
Actualmente ninguna mujer ocupa el cargo de gobernadora en Argentina y en el caso de los municipios, el porcentaje de intendentas para el periodo 2023-2027 es apenas del 15%.
Otro de los hallazgos destacados es que Argentina cuenta con un marco normativo y legal robusto para el avance de los derechos de las mujeres. El país destaca por la ratificación de los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su incorporación a la Constitución Nacional.
Finalmente, el documento hace referencia a la desjerarquización de los mecanismos de adelanto de las mujeres tanto a nivel nacional como provincial. Este fenómeno va en dirección contraria al primero de los acuerdos alcanzados por distintos países de la región en la última Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en diciembre de 2024, donde se instó a fortalecer la institucionalidad y la arquitectura para el logro de la igualdad de género.
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