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Los invisibles

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Miles de argentinos viven sin poder acreditar su identidad. No cuentan con un DNI que avale quienes son y un Estado que no ofrece la solución para garantizar ese derecho. La Fundación Microjusticia Argentina, los acompaña para conseguirla.

Son hijos, son padres y madres, son trabajadores, son amigas, son abuelos, son todo eso -pero a la vez- no son. No existen. A los ojos del Estado son personas invisibles. Son miles las personas que en nuestro país, no fueron registradas al momento de nacer, imposibilitando así el reconocimiento de su identidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que no tienen nacionalidad, y sin ella, se evaporan todos sus derechos. Se encuentran encerrados en una encrucijada burocrática, que les impide contar con su DNI, es decir, con su puerta de acceso a servicios de salud, educación, o cuidados y protección del estado gubernamental. Esta problemática afecta -en mayor medida- a personas en situación de vulnerabilidad social y económica, y si bien no existen datos oficiales sobre la cantidad de individuos sin registro de nacimiento en Argentina, UNICEF estima que 3.8 % de los nacidos en 2010 no fue inscripto en los cuatro años posteriores.  Una vez que la persona se encuentra fuera del sistema por no poseer un documento que acredite su identidad, el camino se hace cuesta arriba y la exclusión cada vez más presente. Junto a esta porción de la población, trabaja la Fundación Microjusticia Argentina (FMA).

Desde lo micro

En 2009, la organización nació como complemento a una iniciativa mediante la cual se entregaban microcréditos a personas migrantes, para iniciar su nueva vida en el país. Microjusticia se encargaba en esos casos, de acompañar el proceso de regularización de los acreedores. No obstante, al poco de comenzar esa tarea, salió a la luz otra realidad aún más compleja: llegaban muchas personas, que decían ser argentinos, pero no contaban con los medios para realizar los trámites para que el Estado los reconozca como tal.

«Empezamos a descubrir algunas atrocidades que tienen que ver con la legislación y los usos y costumbres respecto de la inscripción tardía de personas. Se dan muchos casos en donde la persona recibe la denominación «NN», pero eso está muy mal, porque sí tiene un nombre, el problema es que el Estado no lo reconoce, no lo acredita» enfatiza Alejandra Martínez, directora ejecutiva de FMA.

Tres pilares

La fundación organiza su tarea sobre tres grandes ejes de trabajo: el Empoderamiento Legal y Patrocinio Jurídico, Capacitaciones y lo que ellos denominan » Operativos de Identidad».

En el primero de los pilares, los 14 abogados que conforman la organización, conjuntamente con voluntarios que se suman a la tarea, realizan visitas semanales y mensuales a los barrios para identificar los casos de personas que necesitan su asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito para causas civiles no patrimoniales. Así, los acompañan en el largo recorrido que comienzan a transitar.

Para lograr que su identidad sea reconocida, la legislación argentina exige que el solicitante inicie una acción judicial, lo que significa para muchos, la primera y mayor traba. «Una persona que nunca tuvo documentos, que además por ese motivo, no pudo ir a la escuela o que ni siquiera puede comprar la SUBE, tiene que buscarse un abogado y pagarlo con un trabajo, que nunca podrá ser en blanco tampoco», describe Martínez. Según cuenta, durante 2018 aumentaron su trabajo territorial realizando más de 30 visitas mensuales en villas y barrios populares de la ciudad y Provincia de Buenos Aires. En este marco -y entendiendo que conocer la ley es una manera de empoderar a los ciudadanos- los talleres que realizan desde la entidad, cobran gran relevancia. Allí ofrecen información sobre temas como el derecho a la identidad, de familia, género, monotributo social y formación de multiplicadores que puedan potenciar su labor en el futuro. Por otra parte, los operativos que realizan les permiten identificar, registrar y documentar las poblaciones en riesgo, que luego asistirán, conjuntamente con organismos estatales locales y nacionales.

Ni de acá, ni de allá

La ejecutiva se detiene a hacer especial hincapié en desentrañar el drama que vive un sector relegado de la sociedad: los pueblos originarios. «La verdad es que es terrible» subraya Martínez, y para graficarlo, cuenta que desde el año pasado se encuentran trabajando con una comunidad en la provincia de Formosa, donde sus habitantes no cuentan con registro de nacimiento. «Ellos saben una fecha aproximada, algunos desconocen quiénes son sus propios padres, otros saben cómo se llaman, pero no están identificados». En ese marco, según informa Martínez, desde el Estado no se están cumpliendo con las normativas para regularizar su situación. «Existe un Decreto que indica que, al tratarse de pueblos originarios, se los debe inscribir sin presentar ningún tipo de documentación. Sin embargo, luego de un trabajo de hormiguita que hicimos con las 128 personas que viven ahí, presentamos un legajo por cada uno, junto a un aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como así también del referente comunitario y recibimos una respuesta negativa, alegando que no saben si son indígenas o no. Cuando en realidad, internacionalmente quien se declare indígena, lo es. No se puede poner eso en tela de juicio». Martinez concluye describiendo un panorama desolador: «Y están así, sin nada y quedaron en la nada. Totalmente desamparados ya que no pueden recibir ayuda de ningun tipo, no tienen derechos, y siguen viviendo en las peores de las conidicnoes. Es un Estado que más que ausente, parece cínico».

Sin Patria
Si bien Argentina adhirió en 1954 a la Convención sobre el Estatuto de Apátridas y en 1961 a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, nunca había dictado una ley que regulara este procedimiento hasta el pasado mes de julio, cuando el Senado de la Nación, sancionó la Ley de apatridia. Esta normativa busca regularizar la situación de miles de personas que no tienen ninguna nacionalidad por factores como la disolución de los Estados Nación en los que nacieron, o por haber nacido en situaciones irregulares en territorios de países que se niegan a reconocerles sus derechos y otros. Según expresa Alejandra Martínez, directora ejecutiva de la Fundación Microjusticia Argentina, esperaban que esta nueva legislación viniera a subsanar -de algún modo- la crítica situación en la que se encuentran miles de argentinos, que sin haberse desplazado de sus países de orígen, sin estar vinculados a situaciones bélicas, tampoco pueden ser reconocidos como ciudadanos. Si bien el documento incluye dos artículos que podrían llegar a impactar en el futuro de este grupo de personas, en la práctica todavía esto se vislumbra incierto. Para ser considerado ciudadano, existe una una serie de requisitos que se deben cumplir, como por ejemplo, haber vivido dos años en Argentina y tener un trabajo. A partir de esos requerimientos, se comienza a enredar la futura implementación de la normativa. «¿Cómo lo pueden demostrar si no tienen siquiera un documento  que les permita trabajar en blanco? ¿Cómo certifican que estuvieron durante ese periodo en Argentina, si ni siquiera pueden hacer firmar una libreta de vacunación?» exclama Martínez. Para ver resultados, según expresa, será cuestión de prueba y error. «Estamos esperando para presentar casos y ver cómo se desarrollan» culmina. 

 

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