Con una inversión pública en declive hacia abajo y una indiferencia gubernamental en lo que eso significa, la educación representa hoy, una de las facetas más preocupantes de la crisis económica. Cada vez más, se cierran las puertas a miles de personas para salir del círculo de la pobreza y los especialistas coinciden: esto recién comienza.
Todavía resuenan los bombos y platillos del anuncio del gobierno nacional argentino, a fines de 2017, indicando que “la revolucionaria educación de Finlandia” llegaba a las aulas locales. El acuerdo bilateral se presentaba con orgullo, al tratarse de una contraparte reconocida como ícono internacional en materia educativa, no sólo por su sistema de aprendizaje, sino por las diversas políticas públicas y acciones que genera a su alrededor. Argentina recibiría en ese marco, asesoramiento en el diseño de su sistema, nuevas pedagogías y formación docente.
A un año y medio después, no sólo que la transformación prometida no llegó a las aulas, sino que la educación -en sí misma- está encontrando fuertes obstáculos para permanecer en ellas.
Como un oximorón, la revolución en cambio, la vienen llevando adelante, de manera paulatina y silenciosa, las cientos de organizaciones de la sociedad civil que palean las deficiencias de un entorno desatendido; los docentes que no sólo ponen vocación y entusiasmo con los pocos recursos que cuentan, sino que, luchan frente a una campaña de deslegitimización social fomentada por el gobierno de turno; los alumnos que a pesar de las necesidades económicas, intentan no dejar sus estudios, los divulgadores, los analistas, los académicos y tantos otros.
Especialistas de distintos sectores de la educación dialogaron con Fonres para armar una radiografía de la situación actual, identificar los principales problemas, la distancia hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº4 (ODS4) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de ONU y alertar sobre cómo la situación crítica actual se verá reflejada social y económicamente en 20 años.
La educación es un derecho fundamental, es decir que los países deben garantizar el acceso en condiciones de igualdad a una educación y un aprendizaje inclusivos, equitativos y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos tal como se plantea desde la Agenda 2030 para el Desarrollo de Naciones Unidas, “sin dejar a nadie atrás”. Es además un bien público, por lo que el Estado es el principal responsable de su protección, su respeto y su cumplimiento.
Tampoco es una tema más, en lo que concierne al desarrollo de una sociedad. Tal es así, que ocupa un lugar central en la Agenda 2030, dado que se relaciona -de una u otra manera- con casi todos los demás objetivos. Es un elemento que contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Mediante la educación, la persona puede conseguir mejores empleos, se empodera para llevar una vida más saludable y sostenible, se fomenta la tolerancia entre individuos y se contribuye a crear sociedades más pacíficas. En definitva, se traduce en que las personas vivan mejor.
En la Argentina el entramado de tensiones históricas y las coyunturales definen un panorama bastante negativo desde muchos aspectos y que, sin dudas, ya predice un futuro más oscuro aún, si se sigue profundizando.
En primer lugar -y como pieza fundamental- se encuentra la inversión destinada a esta cartera y su fluctuación en linea con la voluntad política del gobierno de turno, de destinar recursos y dar cumplimiento de la ley que fija el porcentaje para su financiamiento. En otras palabras, el presupuesto asignado refleja el valor y el grado de prioridad que se le otorga. Sumado a ello, Argentina no cuenta con una cultura de proteger la educación -y menos aún favorecerla- en situaciones adversas, crísis económicas o reestructuración fiscal como los que se están viviendo actualmente, y así lo reflejan los números.
Entre 2016 y 2019, según reveló un informe realizado por observatorios y centros de investigación de universidades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, “el Presupuesto Educativo Nacional sufrió un recorte del 17 por ciento y la inversión educativa real por alumno tuvo un descenso de más del 20 por ciento”. Las partidas más afectadas por el ajuste de Cambiemos, fueron las destinadas a infraestructura, becas, educación técnica y ampliación de la jornada escolar. En tanto, la formación docente sufre de un presupuesto nominal congelado en torno de los 1.400 millones de pesos desde el año 2016.
En este marco, salta a la luz el primer fracaso gubernamental en el camino hacia asegurar cumplir con el ODS4: no se está garantizando una inversión anual en educación equivalente al 6% del PBI, un objetivo que resultó un hito nacional y que quedó establecido en 2010, con la Ley de Educación Nacional 26.026. En este caso, el dato surge del informe publicado por CIPPEC, titulado “El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década” y resalta que “en 2016 el gasto educativo consolidado, sumando la inversión educativa nacional y las provinciales, estuvo por debajo de esa meta con el 5,80% respecto del PBI y siguió bajando en 2017, cuando llegó al 5,65% del PBI”.
Construir una visión compartida a nivel nacional entre todas las partes interesadas, es una de las condiciones previas y necesarias para traducir los compromisos globales del ODS4, puertas adentro de cada país. Es en este punto es, donde coinciden los especialistas, que radica una de las principales falencias del escenario actual.
Nicolas Welschinger es Doctor en Ciencias Sociales, Licenciado en Sociología de la UNLP, e Investigador asistente del CONICET, y según explica, esta “indenfinición actual” se origina en las distintas reformas que se han ido implementando a lo largo de las décadas y que se van solapando y yuxtaponiendo unas con otras. “Me parece que lo que falta es un concenso para que el modelo, la política educativa, trascienda el periodo de gobierno o los ciclos de las distintas fuerzas políticas”. Esto además -explica- genera polémicas respecto de quiénes se adjudican los resultados -ya sean buenos o malos- por las políticas implementadas. “Todas esas controversias que desgastan mucho, son parte del juego sobreexigir a la escuela -y a los docentes en particular- sobrecargando su oficio con muchas demandas. Creo que hay que entender que las politicas educativas funcionan en el mediano y largo plazo” expresa.
En cuanto al modelo pedágico que propone el gobierno nacional actual, Welschinger es explícito al explicar la ausencia de la rectoría en este tema: “Creo que no está definido claramente, traducido a politicas concretas. Incluso tampoco se sabe cuál es la orientación para llegar hacia ese modelo”.
¿Por dónde avanzar?
La Ley Nacional de Educación N° 26.206, que rige en Argentina desde el año 2006, establece el acceso universal a una educación de buena calidad como requisito para la integración social plena. No obstante, eso no resulta suficiente.
Welschinger, trae como ejemplo el caso de Finlancia, modelo internacional en calidad y equidad educativa y resalta un aspecto que les permitió transformar su sistema en un periodo de 30 años. “Uno de sus pilares fundamenteales es el concenso de que la calidad educativa no se logra sólo con un desarrollo técnico cognitivo o en nociones puramente escolares, sino tambien, es el resultado de un Estado de Bienestar al mediano plazo”. Esto quiere decir que el Estado no sólo se preocupa por ofrecer una educación pública, sino tambien, todo lo necesario para garantizar la accesibilidad a ella.
Marcela Browne, es Coordinadora del área de Educación de Fundación SES, organización dedicada a promover la inclusión juvenil en riesgo, con un enfoque en el desarrollo de sus derechos. En diálogo con Fonres, coincide y menciona que en años anteriores se logró mejorar el acceso mediante un stock de políticas integrales, recursos y leyes que -por ejemplo- hicieron que la escuela sea obligatoria, “pero solamente la normativa no garantiza nada” agrega. “Con eso se va marcando la cancha, pero se mejora con otras políticas públicas, por eso la complejidad de las problematicas es tan grande, que tampoco se mejora unidimensionalmente”.
¿Cuáles son esos puntos críticos? Si bien son varios, existe coincidencia en los más señalados por los especialistas. Uno de ellos, se puede caratualar como la falta de permanencia y terminalidad educativa. Hoy, cerca de 500 mil adolescentes no van a la escuela secundaria y según datos oficiales de 2017, el 45% de los jóvenes que ingresan a la escuela media no finalizan. Cabe preguntarse, cuáles son los motivos que los llevan a abandonarla.
Con el fin de indagar al respecto, Fundación SES, realizó junto con el Ministerio de Educación de la Nación, en 2018 el “Relevamiento Nacional sobre percepción de las y los adolescentes y jóvenes respecto a la escuela media”.
De allí surge que “las razones principales por las cuales las y los jóvenes dejan la escuela son los problemas económicos y el trabajo”, pero sumado a ello, un dato resulta interesante, y refuerza la idea de la injerencia que tiene el contexto que rodea al alumno, al tomar esta decisión: “El 66% de quienes no están escolarizados tiene intención de volver a la escuela”. UNICEF por su parte arroja más luz sobre esta situación: el 29 % de los adolescentes de entre 15 y 17 años dejaron la escuela secundaria por no considerarla necesaria o por no gustarle; el 14% para ingresar al mercado laboral; el 10% por embarazo o cuidado de algún niño a su cargo, el 9% tuvo dificultades económicas para sostener la cursada, comprar libros o pagar el transporte.
Aldeas Infantiles SOS Argentina, entidad que trabaja hace 40 años en el país por el derecho de los niños y niñas a vivir en familia, también aborda la escolaridad infantil, pero en este caso, se enfoca en las familias en situación de vulnerabilidad.
Alejandra Perinetti, Directora Nacional de la organización, conversó con Fonres y tambien describe el mismo escenario. “Las familias en situación vulnerable y los hogares más empobrecidos son los más perjudicados por esta situación. La opción de hacer malabares para sostener el acceso al sistema privado o semi privado de educación no es una opción para ellos. Sectores urbanos y rurales quedan expuestos a una mayor inequidad en el acceso, lo que a su vez configura mayores dificultades para romper el círculo de pobreza y exclusión” dice Browne.
En palabras simples, más de la mitad de los jóvenes dejan la escuela, no porque quieren, sino, porque no les queda otra. Browne lo resume claramente: “porque cuando en las familias pobres hay desempleo de los adultos, cuando no alcanza, salen todos a trabajar. Así, es bastante facil abandonar la escuela”.
En este marco, cobra especial relieve la orientación de los fondos públicos hacia los sectores que más lo necesitan. “Cuando uno piensa en justicia educativa, el concepto de igualdad no sirve, caduca. El nivel de inversión que tiene que hacer un Estado en una persona que viene mucho más atras, es mayor. En este ámbito, el concepto de igualdad genera inequidad”.
Welschinger por su parte propone: “El desafio es atacar la segregación y gran fragmentación del sistema escolar, y generar políticas orientadas a que la escuela vuelva a ser un espacio de socalización entre distintos sectores sociales. Lograr que las clases medias vuelvan a la escuela pública”.
Puerta al mundo laboral
El ODS4, realiza un especial hincapié en el “aprendizaje eficaz”, donde propone que los Estados enfoquen su interés en que los alumnos adquieran “conocimientos, capacidades y competencias relevantes”. Sin dudas, es lo que le permitirá a los y las jóvenes insertarse en el mercado laboral en las mejores condiciones posibles y es, a su vez, una dimensión esencial para su inclusión social, en general. Por ahora, no es lo que está sucediendo: en términos de desempleo son ellos quienes se llevan la peor parte. Esto se incrementa, si pertenecen a los sectores en situación de vulnerabilidad, “donde alrededor del 30% de los y las jóvenes pertenecen a hogares pobres o indigentes y 5,57% debajo de la linea de indigencia”, según el documento “Monitor de Empleo Joven” realizado por la Fundación SES y Atenea.
En la Argentina, los y las jóvenes entre 16 y 29 años representan el 22,44% de la población total, de ahí que lo que les sucede, no pasa desapercibido, tanto ahora como cuando se posa la mirada en el futuro. Ligado a la baja terminalidad educativa, procedente en muchos casos de la necesidad de colaborar con los ingresos del hogar, “estos/as jóvenes suelen salir anticipadamente del sistema escolar y la ausencia de credenciales educativas repercute luego en las posibilidades de inserción laboral y en la calidad de los empleos en los que obtienen” se describe en el informe.
Y aqui nuevamente se abre un abanico de materias que exceden lo estrictamente educativo, para adentrarse en cuestiones más sensibles. Ejemplo de ello, es el trabajo que desde Fundación SES vienen haciendo para revertir las percepciones que se han generado socialmente hacia los jóvenes en situación de vulnerabildad, como así tambien empoderarlos para que cambien su visión sobre sí mismos. “Trabajamos con jóvenes marginalizados, estigmatizados que se los vincula con temas de inseguridad y criminilización. Suelen ser vinculados a las malas noticias y eso no hace bien. Además,vienen de varias generaciones donde sus padres -y ellos mismos- están vinculados a la informalidad y precariedad laboral” relata Browne. En este marco, SES implementa un programa de intermediación laboral, donde ya han participado 24.300 jóvenes y el 50% ya ha conseguido trabajo.
En sintonía, Aldeas infantiles también cuenta con un programa de sensibilización de estas familias. “Muchas veces lo que ocurre es que ellos mismos no han concurrido a la escuela. Padres, madres abuelos, que minimizan el cumplimiento de este derecho para sus hijos e hijas”, amplía Perinetti.
El sector privado tambien forma parte de este entramado y lo que pueden aportar -si -lo hacen desde una visión socialmente responsable- es mucho. “La vinculación entre el sistema educativo y el sector privado tiene que ser replanteada. Puede ser una relación virtuosa en cuanto a algunos acuerdos y concensos que hoy en día no están, se pudieran gestar. Uno de ellos, es cómo el sistema privado va a orientar su búsqueda de futuros trabajadores, el desarrollo de ciertas áreas y la gestación de un modelo pedagógico escolar en diálogo con eso. Esta relación no puede estar sólo en la agenda de objetivos del sector privado, pero tampoco puede estar todo en manos del sector público, desprendido del resto” explica Welschinger.
Una brecha que se acentúa
Uno de los desafíos que se espera para los próximos años se da en la esfera de las tecnologías digitales y se materializa en la importancia de conformar hoy una generación de estudiantes que cuente con las habilidades y competencias sobre lo digital, pero con una mirada crítica. Si esto no es una prioridad en el presente, se pronostican consecuencias de desigualdad en el acceso al mercado del trabajo en el futuro.
Aprender Conectados es un Plan Nacional “que busca garantizar la alfabetización digital para el aprendizaje de competencias y saberes necesarios para la integración en la cultura digital y la sociedad del futuro” y que vino a sustituir “Conectar Igualdad”, del gobierno anterior, entendiendo que “la brecha digital ya estaba saldada”. Welschinger se detiene a analizar particularmente este asunto ya que ha sido tema de su tésis doctoral y que, a su entender, encierra algunas polémicas. “Es muy controvertido, pensar que se hable de concluido, cuando el porcentaje no es el 100 por 100 de llegada. Además, en el caso Aprender Conectados, se quiere llegar a la alfabetización en robótica y programación, pero yo diría que ahi hay una incronguencia: se propone hacerlo mediante un celular” advierte y agrega: “Creo que se ha trabajado bastante en la formación sobre TIC durante los años del Kirchnersimo. Creo que no fue suficiente, se necesitó mas. Y lamenteblemente ahora con Aprender Conectados, eso se suspendió, se ha desmantelado. De hecho, es podriamos decir un programa piloto, porque según el Decreto (N° 386/2018) por el cual se instrumenta, sólo alcanza a 50 escuelas de todo el país.
En distintas épocas y circunstancias, se ha estigmatizado socialmente a ciertos actores, colectivos o simplemente rasgos físicos vinculándolos a ideas negativas. De esta manera, la construcción social de un cierto modo de percibirlos, responde a algún interés mayor de quien propone este juego. Es una estrategia frecuentemente utilizada a nivel político que permite “allanar” el camino creando una percepción a medida. Por ejemplo, si la intención es modificar el Régimen Penal de un país y promulgar una ley que baje la edad de imputabilidad, seguramente los peldaños anteriores serán instalar en la agenda mediática un estereotipo que responda a: joven – pobre – criminal – peligro. Así, al momento de ser necesario, la propuesta tendrá mayor aceptación en los ciudadanos.
Con los docentes, en los últimos años está sucediendo algo similar, mediante una campaña sistemática de despretigio de la profesión y arrojando sobre ellos, la responsabilidad de un sistema educativo ineficiente en muchos aspectos.
Desde su visión de sociólogo, Welschinger, trae el ejemplo de Finlandia, donde una de las medidas tomadas que lo posicionaron como uno de los sistemas educativos más consolidados del mundo, es la profesionalización de la docencia, y “esto, tiene distintas dimensiones, pero una de ellas es quizas la más importante. No sólo se trata de salarios altos y actualizados, la buena capacitación, sino algo previo, que es el respeto social por la profesión. Trabajaron mucho en construir socialmente la legitimidad de la docencia, no sólo como una vocación, sino como una profesión al igual que las clásicas como abogado, médico o ingeniero. Yo creo que tomar a los docentes como enemigos públicos, que es lo que Cambiemos hizo, no es lo que funcionó en los distintos paises que lograron transformar su educación. Es un punto simbólico, pero clave” enfatiza.
Para entender cómo funciona esta dinámica basta recordar un acontecimiento protagonizado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el marco de un paro docente en 2017. En ese momento, se puso a diposición de la ciudadania una linea gratuita para ofrecerse como voluntario y dar clases. “Legalmente era inviable, pero sin embargo, instaló la idea de que cualquiera que tenga vocación puede ser docente. Eso socava la idea de la docencia como una profesión, que necesita de un saber técnico en particular. Socava la idea de la legitimidad que es algo fundamental” dice Welschinger.
