Una charla con Olga Sauma, Directora Ejecutiva de AED de Costa Rica, para adentrarse en el estado actual de la Responsabilidad Social en ese país caribeño.
Costa Rica es uno de los países reconocidos a nivel mundial por su alto compromiso ambiental, donde el turismo sostenible es casi una marca registrada. En ese país centroamericano se concentran casi 100.000 empresas de diversos tamaños. Para trabajar con un pequeño universo –pero altamente representativo a nivel económico- nació hace 25 años AED: Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), organización sin fines de lucro que busca la sostenibilidad y competitividad del país, a través de la promoción de modelos de negocios responsables y sostenibles.
Hoy -conformada por más de 110 compañías- trabajan de forma coordinada con la sociedad civil y el Estado a través de alianzas público privadas bajo un enfoque de impacto colectivo que permite al sector productivo adquirir mayor competitividad y contribuir al desarrollo del país.
En esta entrevista, Olga Sauma, su Directora Ejecutiva, nos ofrece una radiografía de su país y explica de qué manera las compañías trabajaron la responsabilidad social en el pasado, su estado actual y su mirada hacia el futuro.
El hecho de que un 50% de las empresas busca que su estrategia de negocios esté completamente alineada a los temas de sostenibilidad que son relevantes y pertinentes para su negocio. Es un paso grandísimo.
Desde su vinculación con las empresas, ¿en qué situación considera que está el desarrollo de la Responsabilidad Social en Costa Rica?
Veinticinco años atrás, cuando comenzó AED los empresarios que la conformaron tenían la visión muy clara de que querían entender cuál era el rol de las empresas en la sociedad y cómo podían contribuir a reducir los impactos que generan todas sus operaciones, maximizar o potenciar el impacto positivo que puedan tener. A fines de 2019 creamos una publicación en conjunto con KPMG en Costa Rica evaluando este desempeño y la evolución que han tenido las empresas en temas de sostenibilidad, de la cual participaron 84 de todo tipo y dimensión. El estudio arrojó que hay una gran mayoría de estas organizaciones -74%- consideran que la responsabilidad social y la sostenibilidad son algo relevante y crítico para su negocio.
Hace algunos años cuando hacíamos este tipo de preguntas había personas que decían que sí, otras que decían que no y nos encontrábamos también con diferentes niveles de interés y compromiso. Hoy, tres cuartas partes de las empresas ya hablan de que eso es un compromiso serio que asumen con la sostenibilidad. Y un 48% ocho por ciento de estas empresas ya lo están haciendo apuntando a estrategias que se basan en el análisis de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza (o riesgos ASG). Por otro lado, sin embargo, tenemos un 11% de estas organizaciones que no están abordando estos temas desde su estrategia todavía.
En AED desarrollaron una metodología para medir el nivel de alineamiento de la estrategia de negocio de las empresas a la sostenibilidad. ¿Cuáles son los resultados en este ámbito?
Tenemos muy arraigado el concepto de que lo que no se mide, no se puede mejorar y no se puede gestionar. Por eso, trabajamos con las empresas con herramientas de IndicaRSE -que es el sistema de indicadores en responsabilidad social empresarial para la región centroamericana-, homologamos una herramienta para todos los países en Centroamérica basada en la ISO 26.000 en las siete materias fundamentales que la componen para entender en qué medida están siendo incorporadas Además, adoptamos otra herramienta para pequeñas y medianas empresas, tenemos un scor scale de sostenibilidad que mide qué tanto están alineando sus estrategias de negocios, apuntando a analizar su capacidad de gestión.
Vemos que las compañías muchas veces empiezan el trabajo de sostenibilidad o de responsabilidad social porque conocen que es importante o porque han escuchado que otras organizaciones lo están haciendo, pero lo hacen de manera bastante empírica y no cuentan necesariamente con herramientas.
Es muy probablemente entonces que éstas se quedan en proyectos muy bonitos, muy interesantes pero no necesariamente alineados y tomando como punto de partida los impacto que generan sus operaciones.
Vemos que las compañías empiezan el trabajo de sostenibilidad porque conocen que es importante o porque han escuchado que otras empresas lo están haciendo, pero lo hacen de manera bastante empírica y no cuentan necesariamente con herramientas.
Históricamente Costa Rica ha sido un ejemplo a seguir en materia ambiental y fueron impulsores del Acuerdo de Escazú que tiene foco en el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, es uno de los pocos países que aún no ha ratificado su participación. ¿Por qué?
Hay tal vez alguna resistencia en Costa Rica al Acuerdo de Escazú porque este país tradicionalmente ha tenido un marco regulatorio ambiental muy robusto y por encima de otros países de la región. De una u otra manera eso es lo que pretende el acuerdo también: levantar el estándar de conducta y dar información acerca de cómo se toman las decisiones ambientales, a quién se le dan los permisos y con qué criterio. Esto nos lleva a pensar que no es tan necesario adherir.
¿Piensa que la pandemia modificó en algún sentido la manera de plantear la Responsabilidad Social?
A partir del COVID –al igual que en otros lugares- comenzamos a trabajar con las empresas en temas bastante asistencialistas. La emergencia fue tal que volvimos a articular proyectos. Hicimos esfuerzos muy importantes y hubo una respuesta grandísima de parte de empresarios, de sus propios colaboradores y de la gente en términos generales. Sin embargo, siempre tuvimos claro que -aunque pusiéramos el foco en proyectos de corto plazo y en atención a la emergencia teníamos que, en paralelo, estar trabajando en otros ámbitos que también se convirtieron en desafíos importantísimos a raíz de la pandemia: salud, teletrabajo, virtualización de las operaciones, mujeres jefas de hogar, entre otros.
Hay cierta resistencia en Costa Rica al Acuerdo de Escazú porque este país tradicionalmente ha tenido un marco regulatorio ambiental muy robusto y por encima de otros países de la región. Esto nos lleva a pensar que no es tan necesario adherir.
¿Qué aprendizajes les dejó ese periodo?
Nos dio pie para entender que teníamos que empezar a medir las consecuencias de los ajustes que estábamos haciendo a nivel de empresas para ver cómo se provocaba atender mejor a las circunstancias de las personas siempre manteniendo la mirada en tratar de solventar también sus necesidades. Es decir, las dos cosas se tenían que manejar de manera paralela.
También pudimos ver en este periodo la capacidad de innovación. Hubo compañías que tuvieron pudieron reaccionar muy rápido y cambiar su modelo de negocio. Hoy vemos que el retorno del trabajo no va a ser igual que antes.
