El nuevo documento publicado por la CEPAL analiza la cohesión social desde una mirada regional con el objetivo de identificar prioridades y oportunidades para las políticas públicas.
El nuevo informe titulado “Panorama de la cohesión social en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) analiza esta temática desde una mirada regional, pero por sobre todo a nivel de los desafíos y avances de cada país en diversas dimensiones. ¿El objetivo? dilucidar prioridades y oportunidades para las políticas públicas y entregar lineamientos para su desarrollo.
El documento aborda el concepto de cohesión social, sobre la base del trabajo previo de la CEPAL, para llevar a cabo una reformulación adaptada al contexto actual y a nuevos referentes contemporáneos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero, para ello, resulta imprescindible adentrarse en qué se entiende por este término.
Según lo define CEPAL “este término trata de responder a la interrogante esencial sobre qué elementos vinculan a las personas entre sí y con el conjunto de la sociedad, y los motiva a ser parte de ella, excluyendo desde luego la coerción, como también el interés puramente instrumental e individual”. En esencia, sería aquella cualidad que permite que las sociedades no se derrumben bajo las numerosas presiones y contradicciones que las tensionan. Se convierte así, en un elemento que permite a las sociedades en su conjunto -y a los individuos dentro de ellas- a mantenerse vinculados entre sí mediante la acción de actitudes, comportamientos, reglas e instituciones centradas más en el consenso que la coerción.
Esta interrogante ha sido recurrente a partir de la revolución industrial, cuando numerosos cambios sociales y económicos llevaron a cuestionar radicalmente las lealtades tradicionales de los individuos basadas en la costumbre, la religión, la tradición y el territorio/comunidad. “Desde entonces y hasta nuestros días, el cambio es una constante que tensiona viejos y nuevos resortes de esa cohesión social, generando una discusión, además de recurrente, cambiante y renovada ante cada nuevo desafío a nuestra convivencia” explican en el informe de CEPAL.
En este marco, surgen diversos abordajes de la cohesión social, no obstante -según describen en el informe- la mayoría se basa en tres grandes elementos: la presencia de valores compartidos y un sentido de pertenencia; la confianza vinculada al compromiso y habilidad para colaborar colectivamente; y la promoción del bienestar y la reducción de brechas de desigualdad en una sociedad. Algunos abordajes se basan en una combinación de estos elementos.
Ante los desafíos asociados al escenario actual, CEPAL plantea la cohesión social orientándola normativamente hacia la igualdad y los derechos de las personas, en un mundo con recursos finitos y una sostenibilidad en suspenso. De esta manera, la cohesión social puede ser comprendida -además- como la capacidad de una sociedad y sus instituciones democráticas de promover relaciones sociales de igualdad y generar un sentido de pertenencia y una orientación hacia el bien común de una forma percibida como legítima por sus miembros.
Agenda de políticas públicas para la cohesión social
Ante un contexto actual, mundial y regional, sumamente desafiante la región latinoamericana no queda exenta y se ve marcada -tal como describe el informe- por retrocesos en los avances experimentados en la última década en materia de bienestar, inclusión social y laboral, y reducción de la desigualdad. “A nivel mundial, en un entorno inestable, impredecible, desigual y volátil, ha ganado terreno el cuestionamiento y debilitamiento del multilateralismo, la cooperación y la democracia” remarcan.
El escenario que nos rodea está marcado por un ritmo vertiginoso en el advenimiento de cambios tanto en la dimensión tecnológica y laboral como también social y ambiental a los que se suma la redefinición del escenario económico, político y social a partir de la irrupción de la pandemia de COVID-19. Todo ello tensiona los equilibrios precarios y motiva una respuesta sobre todo nacional, antes que internacional, remarcan. “La profunda crisis social y económica causada por la pandemia no ha hecho sino profundizar esta situación y la sensación de incertidumbre e indefensión” agregan. En este marco, los especialistas advierten sobre el “riesgo de sociedades que pasan de una gran fragmentación socioeconómica a una gran fragmentación y radicalización política”.
El informe de CEPAL aborda la agenda de políticas para una cohesión social orientada a la igualdad, la sostenibilidad y la resiliencia y se dirige hacia cuatro ámbitos interdependientes entre sí: i) políticas tendientes a consolidar un conjunto de garantías de bienestar, en el marco de Estados de bienestar en construcción, con un rol preponderante de sistemas universales de protección social; ii) políticas de inclusión social tendientes a afrontar las brechas y desigualdades que afectan el acceso de las personas, especialmente quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, a políticas y mecanismos que les permitan su ejercicio de derechos; iii) políticas tendientes a conformar una cultura de la igualdad en la región, que desde la impronta del universalismo sensible a las diferencias, generen mecanismos de reconocimiento de las diversas identidades y necesidades y aborden los dispositivos de reproducción de la discriminación en sus diversas formas; y iv) políticas tendientes al fortalecimiento de una institucionalidad democrática que fomente la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, y el diseño de políticas públicas con plena atención a los factores imbricados en el logro de la cohesión social.
“Esta última dimensión es de particular trascendencia para resolver las serias falencias del Estado de derecho en la región, cuyos efectos más extremos se traducen en un imperio parcial y discriminatorio de la ley, elevados niveles de impunidad en general y ante actos graves de corrupción y violencia, en particular” enfatizan en el documento. “Impera la necesidad de construir verdaderos Estados de bienestar en la región adaptados al nuevo contexto para garantizar niveles dignos de bienestar y fomentar una cultura de la igualdad sobre la base de sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles que contribuyan a una mayor resiliencia de nuestras sociedades ante la incertidumbre y los riesgos permanentes de contexto actual” expresan.
También aparece como primordial fortalecer la rendición de cuentas de los Estados como factor clave para su legitimidad y viabilidad democrática y, por ende, para asegurar la participación y la cooperación de la ciudadanía en la resolución de los desafíos actuales que son existenciales.
Hacia el futuro.
Antes de la pandemia y la crisis posterior, las tendencias observadas en el documento muestran un camino muy complejo y lleno de obstáculos para el tránsito hacia un modelo de cohesión social más igualitario en el marco de un nuevo pacto social. “La desconfianza no sólo es elevada, sino que viene creciendo. Abarca a los actores de la política (los partidos), a las autoridades en general vistas como corruptas casi sin excepción y a los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), así como a las instituciones sociales tradicionales que solían ser depositarias de una confianza mayoritaria como las iglesias o las fuerzas armadas” enuncian. En segundo lugar, están “las grandes brechas de desigualdad y los elevados niveles de pobreza que amenazan con profundizarse”. Un tercer obstáculo que remarcan se relaciona con un “individualismo solitario, marcado por bajos niveles de cooperación y participación social”.
Con la nueva normalidad, llegaron nuevos impedimientos para alcanzar sociedades con alta cohesión social. Entre ellos, la segregación y la falta de contactos sociales y vivencias positivas compartidas: el encuentro con el otro no ocurre en la escuela, el hospital o incluso en la plaza, el barrio o el centro comercial. Ocurre en el transporte público y en espacios marcados por la desconfianza y/o el temor al otro, a veces en contextos de grandes violencias.
Desde un punto de vista positivo para la cohesión social, la región muestra niveles de participación política y en sus comunidades relativamente altos y la mayoría indica confiar en las personas de su comunidad. En general, las personas declaran un elevado nivel de respeto por las instituciones de su país lo que al menos marca un camino hacia donde deben apuntar las políticas; a saber, la construcción de mejores marcos institucionales.
