La propuesta de derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) atenta contra la autonomía física de las mujeres. Un análisis del impacto de esta iniciativa que expone a las mujeres a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, perpetuando un sistema de discriminación y violencia de género.
Por: Prof. Olivia Sokol, Responsable del Area de Indicadores & Género de FORS.
La discusión sobre el derecho al aborto vuelve a ocupar un lugar central en el debate público, esta vez en Argentina, con la presentación de un proyecto por parte del partido “La Libertad Avanza” para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta iniciativa, liderada por la diputada Rocío Bonacci, propone cambios significativos en la regulación del aborto, planteando penalizaciones para quienes participen en la intervención, incluso en casos de violación.
Este movimiento político reabre la reflexión sobre un tema que ha generado opiniones encontradas en la sociedad argentina. Sin embargo, mirar hacia otros países puede arrojar luces sobre los posibles efectos de estas decisiones legislativas.
Dentro de la región el caso de Uruguay, por ejemplo, que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 2012, obtuvo como resultado una baja significativa de las muertes maternas relacionadas con el aborto clandestino. Este cambio legal permitió un acceso seguro y regulado a los servicios de salud reproductiva. México, por su parte, enfrenta una situación compleja en cuanto a la regulación del aborto, con legislaciones diversas en cada estado. La Ciudad de México y Oaxaca son los únicos estados que han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, lo que también ha llevado a una disminución gradual de esta práctica de manera clandestina.
Distinto es el caso de Estados Unidos donde la reciente reversión de la histórica sentencia Roe contra Wade por parte de la Corte Suprema de ese país ha generado serias implicaciones para las mujeres que allí residen. Esta medida ya ha llevado a la introducción de nuevas regulaciones, lo que ya afecta a millones de personas en edad reproductiva. Además, la revocación de este derecho ha planteado incertidumbres legales y preocupaciones sobre la estabilidad de otros derechos constitucionales, como el matrimonio igualitario y el acceso a anticonceptivos. Entre las medidas tomadas se encuentran: prohibición de píldoras abortivas, restricciones en los interrupciones del embarazo después de la semana seis de gestación; penalización y castigo para quienes ayuden a menores de edad a abortar o faciliten el acceso a la mifepristona; penalización del aborto a partir de la semana 12 de gestación, con excepciones limitadas para violaciones, incesto y emergencias médicas; reducción del plazo para abortar, pasando de 15 a seis semanas de gestación; y, prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación, con excepciones limitadas para salvar la vida del paciente y anomalías fetales fatales, así como para víctimas de violación e incesto.
Estas experiencias muestran que la legalización del aborto puede contribuir significativamente a la protección de la salud y los derechos de las mujeres, mientras que su penalización no termina con las muertes y solo reduce la autonomía y los derechos a la salud sexual y reproductiva. Además, la despenalización no necesariamente conduce a un aumento en el número de abortos, sino que ofrece alternativas seguras y acompañamiento médico adecuado en momentos de vulnerabilidad.
Retrocesos
Durante el año 2022 en Argentina, se registró un notable aumento en el número de abortos, pasando de 73.487 en 2021 a 96.664. A su vez, se observó una reducción en las muertes maternas por aborto inducido, que disminuyeron de 9 a 8 en dicho periodo. Es importante señalar que no existen cifras oficiales previas a la Ley IVE, por tratarse de una práctica clandestina, por lo tanto, será necesario esperar varios años para evaluar los verdaderos beneficios que esta medida pueda brindar a la salud pública en términos de promedios globales. Sin embargo, sí podemos hablar de los retrocesos que supondría la aplicación de una propuesta como la presentada por el partido del presidente Javier Milei para derogar la Ley.
En lugar de proteger su vida y libertad, esta iniciativa expone a las mujeres a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, perpetuando un sistema de discriminación y violencia de género.
Este proyecto plantea cambios drásticos en la legislación actual y tiene profundas implicancias sociales y legales. Entre otras cosas penaliza el aborto con hasta diez años de prisión para quienes lo provoquen e incluso penas más severas en caso de fallecimiento de la madre, criminalizando una práctica que debería ser abordada desde un enfoque de salud pública. Por su parte, la iniciativa no contempla eximentes en casos de violación o abuso sexual (derecho que se encuentra vigente desde 1921 cuando se sancionó el Código Penal), lo que coloca a las niñas, mujeres y personas gestantes en una situación de vulnerabilidad extrema.
Al eliminar el derecho al aborto en estas circunstancias, se perpetúa la violencia y se obliga a las víctimas a llevar adelante embarazos forzados, en contra de sus derechos humanos fundamentales. El proyecto busca modificar el Código Penal argentino, aumentando las penas para quienes se sometan a un aborto voluntario y para quienes lo practiquen. Además, deroga las penas vigentes para los funcionarios públicos que obstaculicen las prácticas de aborto legal, lo que podría dificultar aún más el acceso a servicios de salud reproductiva seguros.
La derogación de la ley del aborto y la imposición de penas más severas podrían tener consecuencias graves para la salud pública. La clandestinidad y la falta de acceso a servicios médicos especializados aumentarían los riesgos para las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, poniendo en peligro su vida y su salud. En lugar de proteger su vida y libertad, esta iniciativa las expone a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, perpetuando un sistema de discriminación y violencia de género.
Es fundamental que la sociedad y las instituciones defiendan los derechos de las mujeres y se opongan a cualquier intento de limitar su autonomía física. En un contexto donde se discuten propuestas de estas características, es fundamental reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la propia historia y de otras realidades, y considerar el impacto que estas decisiones pueden tener en la vida de todas las mujeres.
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