Por: Dra. Mariana Galli Basualdo*
La gobernanza ambiental se configura como una política global orientada a articular voluntades públicas y privadas en torno a la gestión compartida de los bienes comunes. Su lógica no descansa en la autoridad, sino en la corresponsabilidad: una forma de acción colectiva capaz de sostener un equilibrio entre sociedad y naturaleza.
En primer lugar vamos a introducirnos soslayadamente en el término gobernanza, para ello consignaremos dos definiciones efectuadas por organismos internacionales: según la ONU “El concepto de gobernanza hace referencia a todos los procesos, procedimientos y prácticas de gobiernos e instituciones, mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad”. La CEPAL la entiende como “la realización de relaciones entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado por la competencia y cooperación donde coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales. La forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así como al sistema como totalidad”.
Como vemos la gobernanza es un modelo de toma de decisiones, en el que no solo participa el Estado, sino toda la sociedad civil (tanto actores públicos como privados) de manera tal de atender y/o gestionar asuntos y/o problemáticas de interés público de manera consensuada, participativa y colaborativa, para así lograr el bien común bajo ciertas pautas y principios rectores.
Para que sea efectiva, debe basarse en principios claves como la participación, la inclusión, el estado de derecho y la rendición de cuentas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La buena gobernanza
Existe un debate entre quienes distinguen la existencia -o no- de los conceptos de “gobierno” y “gobernabilidad”, sobre la cual haremos una breve alusión. El primero refiere a una manera de gestionar lo público de manera vertical, jerárquica y con un concepto centralista de poder; en tanto que el segundo de ellos versa en la capacidad que posee un gobierno para cumplir con sus mandas constitucionales y dar respuesta a las necesidades de la sociedad a quien representa de manera legítima y eficaz; garantizando el orden económico, político y social.
De este modo la gobernanza (traducción del anglicismo “governance”) es más amplia e incluye a la gobernabilidad.
Definido el concepto, avanzaremos sobre la “buena gobernanza o buen gobierno”; ellos refieren básicamente –en virtud de los conceptos analizados- a que los gobiernos y órganos de gobiernos satisfagan de manera eficaz y eficiente las necesidades de la población en general. Según el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, «La buena gobernanza consiste en garantizar el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho; fortalecer la democracia; promover la transparencia y la capacidad en la administración pública». Para su implementación, la ONU, se rige por 8 principios: 1) Participación; 2) Consenso; 3) Equidad e inclusión; 4.-) Eficacia y eficiencia: ; 5) Rendición de cuentas; 6) Transparencia y 7) No discriminación.
Seguidamente nos adentraremos en el tema objeto de análisis que es la gobernanza ambiental, la misma hacer referencia al gobierno, administración y gestión centrado en el medio ambiente y los recursos naturales, no sólo desde las distintas escalas de gobierno y sectores, sino como bien público de tutela global, en pos de lograr un desarrollo sostenible, tal como se previera por primera vez en el Informe Brundtland (1987) “Nuestro futuro común”.
La forma de hacer negocios solo basada en el beneficio económico está caduca
El carácter mundial se deriva de que estos bienes comunes o bienes de derecho colectivo globales tales como el aire, el agua, la biodiversidad, entre otros, componen un sistema integrado, es decir, su afectación no sólo la padece la población en la que impacta sino que, erosiona en los ecosistemas de otras regiones, países y luego a escala mundial, prueba de ello es el cambio climático. Es así que la afectación de los diversos ecosistemas que componen al ambiente surte efectos dramáticos y catastróficos en todo el mundo; tales como el cambio climático –ya citado-, el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, la reducción de la capa de ozono, sequías, incendios forestales, por citar alguno de ellos.
La cuestión planteada entonces llama a todos los gobiernos en sus diversos niveles, empresas, organizaciones, grupos de la sociedad civil tanto locales como internacionales a adoptar medidas que gestionen el ambiente y los recursos naturales con una mirada global dado que esta dimensión planetaria apela a una gestión compartida.
Puede definirse entonces como “el conjunto de procesos e instituciones, tanto formales como informales y que incluye normas y valores, comportamientos y modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos, las organizaciones, movimientos sociales y los diversos grupos de interés, articulan sus intereses, median sus diferencias, ejercen sus derechos y obligaciones en relación al acceso y usos de los recursos naturales”. A escala mundial la podemos definir como “la suma de organizaciones, herramientas políticas, mecanismos financieros, leyes, procedimientos y normas que regulan los procesos de protección ambiental mundial”.
La buena gobernanza consiste en garantizar el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho; fortalecer la democracia; promover la transparencia y la capacidad en la administración pública.
Un enfoque holístico: gobernanza ESG
Por último en los últimos años ha surgido un término alineado a la gobernanza ambiental denominado gobernanza ESG por sus siglas en inglés que refiere a lo ambiental, social y de gobernanza. La misma surge en el ámbito empresarial en respuesta a las exigencias e importancia creciente de las problemáticas ambientales y buen gobierno corporativo, a los fines de optimizar su reputación, acceso a financiamiento y mercados de capitales.
Según el Pacto Mundial de la ONU “La forma de hacer negocios solo basada en el beneficio económico está caduca y el auge de los negocios sostenibles, que abarcan los aspectos internos de la empresa, pero también la cadena de suministro o las relaciones con la sociedad, indican un camino irreversible para las empresas que quieren tener futuro, ya sean pymes o grandes”.
Es un llamado a todos los gobiernos en sus diversos niveles, empresas, organizaciones, grupos de la sociedad civil a adoptar medidas que gestionen el ambiente y los recursos naturales con una mirada global.
Este enfoque holístico de las organizaciones involucra dentro de su estrategia comercial la responsabilidad social empresaria ya que persigue generar valor compartido a largo plazo entre empresas, inversores y la sociedad civil en general; en pos de una cultura y prácticas empresariales éticas, transparentes y responsables, considerando el bien no sólo de las comunidades en las que operan sino su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030 de la ONU.
*Abogada. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires Magister en Administración Pública. Universidad Complutense de Madrid – Instituto Universitario Ortega y Gasset (España). Máster en Política y Gestión Ambiental Universidad Carlos III Madrid (España). Especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente con orientación en Derecho del Petróleo y Gas Natural. (Facultad de Derecho UBA). Consultora externa FORS.
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