Por: Haide Giri (*)
Como presidenta de la Comisión de Salud del Senado Nacional que trató en su momento la que sería la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, Giri recuerda los ejes que marcaron el debate. A diez años, analiza los avances alcanzados y lo que plantea el futuro en el camino hacia la inclusión real de los pacientes psiquiátricos.
Hay temas que distintos sectores sociales prefieren dejar en la oscuridad, hablar de ellos en contextos familiares, y que la sociedad no aborda como problemática de la comunidad en su conjunto, porque implican una interpelación profunda a lo estipulado como “normal”.
Existen una infinidad de factores económicos, profesionales, gremiales, sociales, políticos e intereses personales que pertenecen a las instituciones psiquiátricas que impiden, las más de las veces, los cambios de paradigmas y la problemática que esto acarrea; porque significa la aceptación plena de personas con derechos, libertades y necesidades de pertenecer a una sociedad.
Este es el caso de la problemática de la Salud Mental, al menos en la Provincia de Córdoba, en la que rigen la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657 y la Ley Provincial Nº 9848.
Ninguna Ley es factible de aplicar sin el acompañamiento social, sin los cambios culturales que posibiliten su puesta en marcha, y creo sinceramente que no se ha abordado el problema comunicacional para explicar su contenido, objetivos y responsabilidades.
Estamos lejos aún de que la enfermedad mental sea considerada una enfermedad del conjunto social.
Aún hoy, hablar del tratamiento ambulatorio de “l@s loc@s”, que no sean más pacientes intramuros y que convivan y se integren a las normativas de sus comunidades, asusta a much@s y genera problemas familiares en cuanto a quienes deben hacerse cargo de ell@s aún cuando vivan sol@s.
Estas personas, ansían pertenecer a una sociedad que les brinde las condiciones para desarrollar sus capacidades, habilidades o cualidades, ocultas después de tantos años de ser seres olvidados por la sociedad y con poco o nulo nivel de autoestima; perdida durante años de sumisión a los fármacos, a la obediencia debida, a los castigos y fundamentalmente al miedo.
Recuerdo los dimes y diretes cuando los anteproyectos que dieron lugar a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 estaban para ser tratados en la Comisión de Salud del Senado Nacional, que yo presidía.
Hablar de desmanicomialización, es decir de desinstitucionalización psiquiátrica, no era ni comprendido ni abordado por much@s de mis pares, quienes no se hacían cargo de la resolución de este problema.
La idea madre, el objetivo central, era que las personas con trastornos mentales que estaban en los manicomios, tuviesen una vida digna conviviendo en sociedad, con trabajos que pudiesen realizar y una calidad de vida que les permitiese autosustentarse.
No olvidemos que veníamos de una idea de que el hospital tenía una doble función: por un lado, la asistencia de enfermos pobres y marginados y por otro -con la creación de los manicomios- como albergue de loc@s, y todo tipo de excluíd@s, los hospitales se constituyeron en una herramienta de control social.
El manicomio quedó en manos de médic@s con ausencia de terapias eficaces en su formación profesional, y con personal no especializado en la contención de patologías de salud mental. Se convirtieron en sitios indignos, con loc@s-pres@s, que no gozaban de libertad ni de tratamiento efectivo: con pastillas y a veces con golpes, era la manera de hacer “entrar en razón” a l@s pacientes. Los manicomios se institucionalizaron desde la segregación, la enfermedad mental y la negación de la sociedad de l@s enferm@s como personas con derechos. Las consecuencias fueron poblaciones de intern@s despersonalizad@s, hacinad@s, con años de encierro y cronificación institucional.
Aquí, en mi provincia de Córdoba, no se avanzó demasiado en el cumplimiento de la Ley Nacional, cuya reglamentación daba plazo hasta el 2020 para que no existiesen más los manicomios ni las instituciones psiquiátricas.
Confluyen much@s actores en la resolución o no resolución de este problema, lo que ha impedido, pese al esfuerzo de algunas gestiones de funcionari@s del gobierno y una minúscula parte de las comunidades adonde asientan los manicomios, cumplir con la Ley.
Las cooperativas de trabajo, artísticas, la producción de productos artesanales, tal vez sean una posibilidad para que estas personas recuperen la humanización que les hemos robado y se inserten como sujetos de pleno derecho y restablezcan sus vínculos familiares.
Las ciudades de Oliva, Berrotarán, Santa María de Punilla y otras, sostienen gran parte de su supervivencia en la existencia de estas instituciones, amañadas con much@s del sector político, empresarial y gremial provinciales. Hay bienes de por medio, propiedades diversas cuya explotación está en manos de particulares y no hay presupuesto para garantizar la externalización de l@s pacientes en Casas de Tránsito o instituciones intermedias hasta su definitivo arraigo en la comunidad.
Estamos lejos aún de que la enfermedad mental sea considerada una enfermedad del conjunto social. Las cooperativas de trabajo, artísticas, la producción de productos artesanales, tal vez sean una posibilidad para que estas personas recuperen la humanización que les hemos robado y se inserten como sujetos de pleno derecho y restablezcan sus vínculos familiares.
Ninguna Ley es factible de aplicar sin el acompañamiento social, sin los cambios culturales que posibiliten su puesta en marcha. Creo sinceramente que no se ha abordado el problema comunicacional para explicar su contenido, objetivos y responsabilidades.
Es una deuda que tal vez podamos saldar en el Siglo XXI, y para aquell@s colegas del Senado que decían que estábamos locas las senadoras que hablábamos de insertar a la población de los manicomios en sus pueblos o donde pudiesen rearmar sus destruidas vidas, les recuerdo, que problemas mentales tiene aquel que no se anima a enfrentar a las personas con patologías de la mente, pero que pueden reinsertarse en sociedad. Se olvidaron tal vez que, con el tiempo, nos rondará la demencia senil, el Alzheimer o cualquier otro trastorno de la conducta que requiera del apoyo familiar, barrial, comunal, etc.
* Médica y política argentina. Fue senadora Nacional y Provincial por la Provincia de Córdoba, como así también Secretaria General del Gobierno. Se desempeñó como Secretaria de Salud de esa provincia y en el cargo de Secretaria de Salud de la Municipalidad de Córdoba.
