En un nuevo paradigma que genera incertidumbre sobre el futuro de los avances logrados, 2024, será un año donde Argentina enfrentará retos significativos en materia de género, marcados por la lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Un profundo análisis de cada uno de ellos
Por: Prof. Olivia Sokol, Responsable del Área de Indicadores & Género de FORS.
En 2024, la región enfrentará desafíos significativos en materia de género, marcados por la lucha continua por los derechos de las mujeres en toda América Latina. En particular, en Argentina, un cambio de paradigma político y la confluencia de las derechas mainstream y radicalizadas genera incertidumbre sobre el futuro de los avances logrados, especialmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Consideramos relevante hacer un análisis del estado actual y los principales desafíos para la autonomía de las mujeres en nuestro país para el año entrante.
Autonomía Física y ESI en argentina
El informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación revela una preocupante tendencia en Argentina con un promedio de un femicidio cada 27 horas, hasta el 15 de noviembre de 2023. Este dato supera -incluso- las cifras del 2020, marcado por la pandemia del coronavirus. Del total de 282 femicidios registrados, el 60% ocurrió en el domicilio, lugar de trabajo o vivienda compartida con el femicida, destacando la urgencia de abordar la violencia de género en entornos cercanos. Además, el informe incluye femicidios vinculados, suicidios feminicidas y casos en contexto de narcotráfico y crimen organizado. Es relevante mencionar que este observatorio es pionero al reconocer y visibilizar los suicidios feminicidas, indicando que se producen cuando las mujeres se quitan la vida como resultado de abusos sistemáticos y violencia de género. La relación preexistente entre víctima y victimario es un patrón común, y el 71% de los casos presentó este vínculo. La cifra de 163 niñes que perdieron a sus madres debido a femicidios destaca las consecuencias colaterales. El informe señala que el 17% de las víctimas había presentado, al menos, una denuncia por violencia de género previamente, evidenciando la necesidad de mejorar las respuestas institucionales. El uso predominante de armas de fuego, seguido por apuñalamientos y violaciones previas al asesinato, destaca la brutalidad de estos actos.
En Argentina, un cambio de paradigma político y la confluencia de las derechas mainstream y radicalizadas genera incertidumbre sobre el futuro de los avances logrados, especialmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
Las cifras del 2023 representan un aumento significativo en comparación con el año anterior. En 2022, las provincias con más femicidios fueron Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La alarma sobre el incremento de estos delitos subraya la crítica situación que enfrenta Argentina en términos de violencia de género. Abordar estas problemáticas, además de exigir una respuesta efectiva por parte de las autoridades, es crucial para la seguridad y la autonomía física de las mujeres en el país.
Por otro lado, la promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina ha tenido un impacto regional, seguido por fallos similares en México y Colombia. Aunque se celebra el acceso legal al misoprostol, la efectiva implementación de la ley aún enfrenta obstáculos, como la insuficiente capacitación del personal de salud y la resistencia profesional en algunos casos. En este contexto, se destaca la necesidad de fortalecer la capacitación del personal de salud, ampliar la cobertura de procedimientos médicos y superar las resistencias mencionadas. Además, se requiere mayor acceso a servicios en centros de salud y hospitales regionales para garantizar el derecho al aborto en todo el país. En esta línea, otro desafío crítico es la amenaza a la Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina. A pesar de la Ley 26.150 que garantiza este derecho desde 2006, la propuesta del gobierno entrante busca eliminar la ESI, lo que podría tener implicancias negativas en la formación de las nuevas generaciones en temas de igualdad de género, diversidad y derechos sexuales.
Ignorar o minimizar estas cuestiones bajo la etiqueta de “ideología de género”, una postura planteada en varias oportunidades por el nuevo gobierno, podría tener consecuencias devastadoras para la sociedad y la vida de las mujeres argentinas.
Ignorar o minimizar estas cuestiones bajo la etiqueta de “ideología de género”, podría tener consecuencias devastadoras para la sociedad y la vida de las mujeres argentinas.
Autonomía económica y brechas de género.
En los últimos años se ha visibilizado -aún más- la persistente inequidad de género en el ámbito laboral en Argentina. Según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS), existe una menor participación femenina en el mercado laboral, en donde hay prevalencia de subempleo y empleo precario, la segregación en sectores y niveles jerárquicos, y la falta de registro en la seguridad social para una proporción significativa de mujeres asalariadas. Se evidencian brechas salariales y precarización que no solo afectan los ingresos, sino que también inciden en la salud y el bienestar de las mujeres, especialmente vinculado a riesgos psicosociales y violencia laboral. Por tanto, existe una necesidad real en avanzar hacia un desarrollo laboral y económico equitativo.
En este marco, las tareas de cuidado, que principalmente recaen sobre las mujeres, son uno de los obstáculos para cerrar las brechas. Gala Díaz Langou, de CIPPEC, destaca políticas clave llevadas a cabo hasta ahora y vinculadas con las tareas de cuidado en Argentina. Por un lado, la expansión de espacios de primera infancia, que incluyen cuidado, enseñanza y crianza. Por otra parte, la jornada extendida en el nivel primario que comenzó durante este año, y por último, las transferencias a familias con niños. Estas políticas no solo generan retornos económicos significativos, sino que abordan obstáculos para la participación laboral de las mujeres, como el cuidado, un determinante crucial. Díaz Langou plantea la paradoja de la meritocracia, sugiriendo que, dado el acceso educativo y la formación de las mujeres, debería haber más líderes mujeres. Destaca que el cuidado es un determinante clave, junto con normas sociales y la autonomía física, y aboga por políticas integrales que aborden estos factores para mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
En consonancia con lo anterior, es interesante hacer un análisis en torno a la educación en clave de género. En Argentina, el 60% de les estudiantes universitarios son mujeres. Ahora bien, existe una brecha de género aquí también, donde solo el 25% de ellas elige carreras en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (STEM). Las mujeres, ya enfrentando obstáculos en sus trayectorias laborales, se encuentran con un sistema educativo que refuerza estereotipos desde la infancia. La feminización de áreas como trabajo doméstico, educación y salud comienza en edades tempranas, con la mayoría de las niñas asociando la ingeniería con habilidades masculinas desde los seis a los ocho años. Los números revelan la urgencia de abordar estas desigualdades: a los nueve y diez años, solo el 11% de las niñas se consideran buenas en matemáticas, una disciplina vital en STEM. La situación se agrava con los recortes presupuestarios en educación ya anunciados para el año entrante, especialmente en el ámbito universitario.
Las medidas anunciadas por el gobierno argentino, no pueden sino agudizar las desigualdades de género, retrotrayendo el terreno ganado en materia de derechos para las mujeres.
También podemos mencionar la existencia de una brecha de género digital, la cual es una potencial causa de las disparidades socioeconómicas. Existe una relación entre los ingresos familiares y la brecha tecnológica en el acceso y uso de las tecnologías digitales por parte de niñas y niños, potenciada en ocasiones por la falta de acceso a internet (UNICEF e ITU). Sin embargo, desde 2020, se observó un cambio en la tendencia, con un aumento en la tenencia de computadoras y su uso, vinculado al confinamiento y al aprendizaje virtual durante la pandemia. Este cambio subraya la importancia de abordar las brechas digitales para asegurar un acceso equitativo a oportunidades educativas y desarrollo futuro.
El 2024 se presenta como un año crucial, donde la garantía de derechos reproductivos y la promoción de la igualdad de género se enfrentan a retos políticos y sociales que requieren respuestas efectivas y sostenibles. El ajuste repercutirá fuertemente en las mujeres y jefas de hogar, y si consideramos el fenómeno de la interseccionalidad (es decir el cruzamiento de distintas situaciones que las hacen aún más vulnerables: género, clase, etnia), serán las principales perjudicadas frente a la crisis socioeconómica que se avecina. Las medidas ya anunciadas no pueden sino agudizar las desigualdades de género, retrotrayendo el terreno ganado en materia de autonomía para las mujeres. Frente a ello, la responsabilidad social debe ser la guía que oriente a todos los actores y sectores sociales que se erijan como una resistencia para bregar por el cumplimiento de los derechos de todes.
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