Ecuador y su decisión de tutelar la biodiversidad ante el avance extractivista en la Reserva de Yasuní.
Por Mariana Galli Basualdo: Abogada. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires Magister en Administración Pública. Universidad Complutense de Madrid – Instituto Universitario Ortega y Gasset (España). Máster y Política y Gestión Ambiental Universidad Carlos III Madrid (España). Especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente con orientación en Derecho del Petróleo y Gas Natural. (Facultad de Derecho UBA). Consultora ambiental de FORS.
Diez años atrás, desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, iniciamos juntamente con el Instituto de Derecho Ambiental, Forestal, Federal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe – Sede Posadas (Provincia de Misiones, Argentina), una extensa y profunda investigación cuyo objetivo fue el análisis comparativo del Parque Nacional Yasuní (Ecuador) y la Reserva de la biósfera Yaboty (Argentina) a raíz del interés que despertaban ambas reservas naturales por sus características ambientales, culturales, sociales y económicas. El estudio y las conclusiones de la misma, fueron difundidos en espacios de interés en general, como así también educativos y académicos.
En ocasiones -y a raíz de cuestiones diversas- “la temática o agenda ambiental” resulta de difícil implementación e incluso concientización. En este caso nos es inmensamente gratificante haber sumado “un pequeño grano de arena” en la concientización y difusión para la preservación de una de las áreas megadiversas más importante de América Latina, como es el Parque Nacional de Yasuní, ubicado en la Amazonia Ecuatoriana.
El referéndum
El pasado 20 de agosto, en Ecuador y en paralelo con las elecciones presidenciales, se realizó un plebiscito cuya consulta fue “¿Está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano debería mantener los campos petroleros de ITT, conocidos como Bloque 43, indefinidamente bajo tierra?”. El 59,14% de los ecuatorianos votó “SI” al cese de las operaciones frente al 40,86% que votó “NO” a detener la actividad del yacimiento que opera la empresa estatal Petroecuador.
Este hito llevado adelante por el movimiento ambientalista denominado Yasunidos, uno de los más representativos conjuntamente con los pueblos indígenas, lograron luego de una larga contienda judicial de casi una década, la autorización por parte de la Corte Constitucional para la realización de la consulta popular.
La explotación en Yasuní comienza como consecuencia del fracaso, en el año 2013, del intento de tutela de dicho parque formulado por el entonces presidente Rafael Correa. La propuesta consistía en no extraer 850 millones de barriles de petróleo a cambio de una compensación económica internacional. Fue así que en 2016 comienza la explotación del Bloque 43-ITT.
De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, el Estado tiene un año de plazo para desmantelar las instalaciones de manera progresiva y ordenada, pese que el retiro tomaría al menos cinco años ya que allí existen alrededor de 230 pozos en funcionamiento, cuyo cierre y desarmado conlleva la aplicación de ciertos protocolos, que pueden retrasar incluso la restauración completa de la zona. El mismo será llevado a cabo por el propio Estado, dándose inicio a un modelo de conservación y reconocimiento de autodeterminación económica a los pueblos que la habitan.
En agosto de 2023 Brasil celebró la Cumbre de Belém en la que convocó a los países amazónicos a implementar, no sólo políticas de tutela, preservación, mitigación y adaptación ambientales, sino también a considerar el crecimiento sostenible de diversas actividades que allí se desarrollan, cuyo consenso tuvo bastantes críticas.
Cabe destacar que la sentencia del Máximo Tribunal no posee efectos retroactivos, es decir, que las concesiones hechas antes del referendo continuarán. A la fecha, los permisos de exploración son en seis puntos de la zona de Yasuní y la producción minera data de los años 80 en otros bloques.
Antecedentes de tutela. Creación de fondo fiduciario YASUNÍ-ITT para la compensación económica internacional de la contaminación neta evitada.
En el año 2010, el por entonces presidente Rafael Correa, crea junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Fondo Fiduciario Yasuní-ITT (ITT porque integra los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini). El capital del mismo era administrado por el PNUD, con la participación del Estado, la sociedad civil ecuatoriana y representantes de los contribuyentes.
Esta iniciativa proponía no extraer cerca de 850 millones de barriles de petróleo, lo que permitía evitar la emisión de 407 millones de toneladas de CO2, ello a cambio de una compensación económica estimada en 3.600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional.
La iniciativa Yasuní planteaba entonces, frente a los resultados limitados alcanzados en el Protocolo de Kioto –que a la fecha continúan-, una nueva alternativa:
- La participación activa con acuerdos vinculantes de países no incluídos en el Anexo I del Protocolo de Kioto;
- La inclusión de las emisiones evitadas por la no extracción de combustibles fósiles en países megadiversos en vías de desarrollo. A esta iniciativa se podía añadir la propuesta de deforestación evitada, tema también en discusión.
Ello por cuanto los mecanismos de desarrollo limpios (MDL), en auge por aquél entonces y existentes a la fecha, solamente compensan la contaminación por GEI (gases de efecto invernadero) a la atmósfera de emisiones ya realizadas y -en sentido estricto- no las reducen.
Rafael Correa en su libro “Ecuador: de Banana Republic a la No República” sostiene que “Los bonos, uno de los tres mecanismos de reducción de emisiones propuestos en el Protocolo de Kyoto del año 1997, son transables y cada uno representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Se ha reconocido que estos primeros incentivos fueron insuficientes, ineficientes e injustos, entre otras razones, porque el sistema premiaba a los países que reforestaban pero impedía a los países que no habían deforestado cuyos bosques ya estaban contribuyendo a la absorción de CO2. Por ello, actualmente, se discute la posibilidad de pagar a los países en desarrollo por el valor del carbono almacenado en sus bosques, para evitar de esta forma la deforestación y dar un atractivo financiero al manejo forestal sostenible, es lo que se conoce como mecanismo REDD (Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries) (…). La idea de compensar la deforestación evitada es sólo parte de un concepto más amplio que es compensar la contaminación neta evitada. Si se amplían los incentivos de Kyoto hacia dicha contaminación neta evitada, se podría dar un giro revolucionario en los intercambios internacionales, al permitir convertir a muchos países –sobre todo a los que están en vías de desarrollo- en exportadores de servicios ambientales. En particular, revolucionaría las políticas energéticas.
¿Cuáles eran entonces los beneficios de este tipo de propuestas?
- La no emisión de CO2 en la atmósfera.
- La preservación de la riqueza biológica.
- El respeto por las culturas indígenas.
- El apoyo en la transición de “economías extractivas”, basadas en la explotación del petróleo u otra energía contaminante, a un modelo sustentable de desarrollo, con amplio empleo de fuentes renovables de energía, respeto con la biodiversidad y equidad social. Las emisiones reducidas y evitadas de CO2 originadas en la conservación de los ecosistemas, la reforestación y el desarrollo de fuentes limpias de energía.
Proponía para ello una instancia internacional donde los bienes ambientales de países endeudados cobrara el consumo de dichos bienes ambientales a los países industrializados contaminadores, una especie de “deuda ecológica”, a la que refirió incluso el Papa Francisco, es decir, el daño ambiental ya generado. Consideraba que: “Con dichos fondos se podría pagar a los acreedores de los países generadores de medio ambiente sin comprometer su desarrollo, dentro de un enfoque no de caridad sino de estricta justicia”.
Sin embargo, seis años después, la iniciativa fue cancelada al no lograr recaudar el dinero esperado; ante lo cual, muy a su pesar, el gobierno decidió otorgar la autorización para el comienzo de la exploración.
La discusión debiera centrarse de qué manera se explotan los recurso y cómo se realiza, la mitigación de sus efectos, además de la diagramación de políticas públicas y privadas para una transición económica, social y ambiental justa e inclusiva, a través de un diálogo social eficaz entre todos los grupos y sectores involucrados.
Solidaridad generacional
El precedente sujeto a análisis reviste, sin lugar a dudas, inmensa relevancia no solo en términos jurídicos y democráticos, sino que devela un inmenso compromiso social y ambiental del pueblo ecuatoriano, como así también admirable solidaridad generacional internacional.
Sin lugar a dudas el debate y decisión, tanto en términos políticos como económicos, es complejo, ya que nos encontramos frente a consideraciones no menores en países en vías de desarrollo como es el crecimiento económico, en este caso, la importante pérdida de ingresos generados por la explotación y comercialización de petróleo.
En este caso, al ser Yasuní un Parque Nacional con la tutela legal que dicha declaración prevé, es lógico inferir el reclamo y defensa del pueblo en la preservación del mismo, lo que no significa de ningún modo negarse a la explotación de los recursos, en el caso petrolífera, máxime al considerar las ganancias que ello implica, basta poner como ejemplo a algunas de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. La discusión debiera centrarse de qué manera se realiza, la mitigación de sus efectos y la diagramación de políticas públicas y privadas para una transición económica, social y ambiental justa e inclusiva, a través de un diálogo social eficaz entre todos los grupos y sectores involucrados.
En esta línea proteccionista, Brasil a principios de agosto del corriente año celebró la Cumbre de Belém en la que convocó a los países amazónicos a implementar, no sólo políticas de tutela, preservación, mitigación y adaptación ambientales, sino también a considerar el crecimiento sostenible de diversas actividades que allí se desarrollan, cuyo consenso tuvo bastantes críticas. Los países firmantes se han comprometido exigir a los países desarrollados el eficaz cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas concernientes en el apoyo económico y transferencia de tecnología para la preservación y tutela del medio ambiente, en pos de un desarrollo sostenible, ello en el marco de la próxima COP28 a celebrarse en noviembre de este año en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), principios y compromisos internacionales que a la fecha no han sido cumplido.
