Las mujeres resultan más afectadas al cambio climático, acentuando la desigualdad y discriminación previas. Incorporar la perspectiva de género es clave en el proceso de diseño e implementación de las políticas públicas climáticas para revertir estas situaciones.
Los roles históricos asignados a varones y mujeres y las relaciones desiguales de poder que esto comporta, tienen una expresión fuerte en las situaciones de desastres ambientales. Es así como la igualdad de género se puede convertir en una herramienta de construcción y en un elemento catalizador que puede permitir diseñar estrategias de intervención efectivas contra estas situaciones que ya están ocurriendo.
Las posibilidades de seguir habitando este mundo están ligadas a nuestra capacidad de disminuir las condiciones de desigualdad que se siguen profundizando. Y esto en términos de género toma toda una nueva dimensión. El cambio climático afecta más a las mujeres acentuando la desigualdad y discriminación. Esto ocurre en actividades tan básicas como el consumo y recolección de agua, según Greenpeace en 8 de cada 10 hogares que carecen de agua a nivel mundial, son las mujeres las que la recogen. Ante una situación de sequía hay menos agua disponible, entonces tienen que recorrer más distancia, quitando tiempo para otras actividades. Además, la ONG refiere que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático en el mundo, son mujeres. Y estas representan el 70% de las personas más pobres del mundo. A su vez, en una suerte de ciclo vicioso son las personas más pobres las que viven de peor manera las consecuencias de la crisis ambiental.
En consonancia, según el informe de Mariana Casa Varez “La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas frente al cambio climático en América Latina” (realizado para CEPAL en 2017), a la situación de escasez de agua potable se adiciona que, por lo general, las mujeres tienen a su cargo múltiples tareas laborales en el espacio doméstico en el que viven. En condiciones de eventos extremos como sequías o precipitaciones que conllevan inundaciones, estas deben trabajar todavía más para asegurar los recursos de alimentación, hidratación y energía en sus hogares, lo cual le deja con menos tiempo para generar sus propios ingresos, educarse o incluso cuidar de sus familias.
Estamos frente a una crisis interconectada: COVID, cambio climático y alto nivel de desigualdad. Nuestra responsabilidad es afrontarla a través de un enfoque multidimensional con una perspectiva de largo plazo, pensando una recuperación económica verde.
Según Casas Varez otro aspecto a considerar es la desigualdad en el acceso a los servicios modernos de energía. Los sectores más vulnerables son afectados por la falta de electricidad, que conlleva tener que recoger leña, lo que en ocasiones, les hace depender de estufas o cocinas tradicionales con mayores impacto para la salud a causa de los humos. Como consecuencia, aparecen las enfermedades por aire contaminado en el interior de la casa. Estas provocan anualmente más muertes de mujeres y niñas/os que enfermedades como la malaria, el Sida o la malnutrición a nivel mundial. Sin embargo, en América Latina en los últimos años han mejorado mucho los servicios modernos de energía generando la reducción de la carga asociada a las tareas del hogar para las mujeres. Esta dimensión lleva a reflexionar sobre la infrarrepresentación de las mujeres en el sector energético, incluso en órganos establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y por el Protocolo de Kyoto.
Hoy sabemos que las mujeres tienen más posibilidades de morir en los desastres naturales y esto se debe particularmente a los roles de género que operan en la sociedad. Lo cual tiene correlación directamente con derechos económicos y sociales. En los países en los cuales se goza de los mismos derechos esta cifra se iguala, pero en nuestra región la evidencia muestra que las mujeres de entre 15 y 44 años son mucho más propensas a morir a causa de las fuerzas de la naturaleza que los varones de la misma edad (Ver gráfico). También, indirectamente en estas circunstancias de desastre natural los impactos socioeconómicos son mayores en las mujeres, cuando se da un aumento de la pobreza debido al incremento de carga de trabajo reproductivo y de cuidado (en el hogar y la comunidad), y en las dificultades de generación de ingresos propios. Y aquí de nuevo hay una representación muy escasa de las mujeres en las tareas de reconstrucción físicas y financieras luego de las catástrofes.
En el grafico se muestran las muestres por lesiones en porcentajes, según grupos etarios y sexo en el 2010 (considera 33 países de América Latina y el Caribe)
Fuente: La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas frente al cambio climático en América Latina, CEPAL 2017.
En términos de salud, el cambio climático puede afectar en distintas medidas, las enfermedades asociadas al clima también tienen un impacto diferencial basado en relaciones de género. Esto tiene causas biológicas especificas (Ver recuadro: Salud de las mujeres y cambio climático”) y otras socioculturales pasibles de ser modificadas. Entre estas últimas, mujeres y niñas son las primeras en sufrir la ausencia de recursos alimenticios y de medicina en situaciones críticas, además la exposición a la contaminación del aire es uno de los principales factores de daño a la salud, situación en donde las mujeres están más expuestas por sus tareas domésticas.
Desarrollo sostenible, género y políticas públicas
A la crisis ambiental se le suma la más reciente crisis por el COVID 19. Según la OMS, para marzo de 2022 y habremos salido de ella, pero sus consecuencias permanecerán con nosotros largo rato. Estamos entonces frente a una crisis interconectada (COVID, cambio climático y alto nivel de desigualdad), que es el resultado de las acciones y omisiones humanas. Es nuestra responsabilidad afrontarlas, esto requiere de un enfoque multidimensional con una perspectiva de largo plazo, pensando una recuperación económica verde para nuestro país. Esta reflexión debe darse ahora y en los más altos niveles políticos de la región.
Hoy sabemos que las mujeres tienen más posibilidades de morir en los desastres naturales y esto se debe particularmente a los roles de género que operan en la sociedad.
El Informe de Desarrollo Humano (IDH) del 2020 resalta que el desequilibrio planetario y social plantea desafíos interrelacionados. Por lo que estamos en un punto como región donde debemos preguntarnos ¿Qué es necesario para lograr plantear políticas que transformen los sistemas productivos, socioeconómicos y ambientales que nos han llevado a donde nos encontramos? datos preliminares del PNUD nos muestran que todas las 17 Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional presentadas a la CMNUCC en América Latina incluyen consideraciones de género, 11 de ellas la promueven de una manera más comprensiva y 8 incluyen metas climáticas género responsivas. Promover esta mirada hoy se presenta más que como un añadido a una lista, es esencial para alcanzar los objetivos y las metas ambientales.
Así, cobra relevancia planificar y transversalizar el enfoque en las políticas públicas ambientales. Estas deberían ser abordadas planificando cuál va a ser su impacto para varones y mujeres. Esta transversalización implica tener un seguimiento de los procesos técnicos y el diseño de herramientas, cuyo objetivo directa o indirectamente modifique las relaciones desiguales de poder existentes.
En el ámbito de nuestro país, desde el 2020 se está trabajando fuertemente en un proceso de transversalización de la perspectiva de género y diversidad, que incluye la agenda ambiental. Existe un Gabinete Nacional de Cambio Climático que viene realizando mesas sectoriales desde el 2020, en las que han articulado numerosos/as referentes de organismos públicos, generando consensos en torno a la política nacional respecto de la crisis ambiental y también trabajan para la implementación de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En este contexto trabajaron en exponer los vínculos entre la actual situación de pandemia y su relación con los modos de explotación de recursos naturales, así como en la compresión de dimensiones -socioeconómicas, políticas y ambientales- que se ven potenciadas para el género.
Para cambiar la trayectoria que recorremos hoy se requiere modificar diametralmente nuestra forma de vivir, trabajar y cooperar, junto con la aceleración de soluciones que nos acerquen a un modelo de desarrollo sostenible
Así, incorporar la perspectiva de género es clave en el proceso de diseño e implementación de las políticas públicas climáticas a nivel nacional y subnacional. La participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones, en la elaboración y ejecución de las principales políticas y programas vinculados con el fenómeno garantizan no solo que sean eficaces, sino que sean justos. La integración de este enfoque, a través de un proceso transparente y participativo, contribuirá a la implementación de respuestas de adaptación y mitigación frente al cambio climático orientadas a la igualdad de género, mediante el trabajo conjunto de ministerios, gobiernos subnacionales, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, gremios y el sector académico.
Para cambiar la trayectoria que recorremos hoy se requiere modificar diametralmente nuestra forma de vivir, trabajar y cooperar, junto con la aceleración de soluciones que nos acerquen a un modelo de desarrollo sostenible. Reflexionar sobre ello permite identificar los vacíos, desafíos y prioridades y definir los pasos necesarios para garantizar que las agendas de desarrollo incluyan medidas de igualdad transformadoras que nos lleven a vivir en equilibrio con el planeta y en un mundo más justo. Siempre mejor que decir es hacer, y hacer con perspectiva de igualdad de género nos permitirá diseñar estrategias de intervención más integrales y multidimensionales cuyo resultado sean oportunidades realmente transformadoras de la sociedad.
