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La exigencia primaria del principio de legalidad reposa en la necesidad de una previa atribución de potestades por el ordenamiento, para que el obrar tenga un marco de actuación reglado.

Mecanismo o herramienta que, utilizando distintas categorías de análisis, metodologías, modelos, principios formas, hace posible evaluar un proyecto o el resultado de una gestión y permite disponer de información estratégica para la toma de decisiones. Lo óptimo es que la rendición de cuentas genere un abanico de alternativas pertinentes y precise probabilidades o posibles derivaciones de las diferentes alternativas, acciones, decisiones o políticas.

Se trata de herramientas que construyen la “sociedad del conocimiento” para transmitir información. Son básicamente informes facilitados por las organizaciones públicas o privadas como herramienta de comunicación. Los reportes se construyen desde la gestión y desde el control con insumos propios a partir de desarrollar tareas de auditoría —de distinto tipo— y permite dar noticia sobre el estado de situación de la organización o de sus procesos de desarrollo.

Es un término más abarcativo que la RSE, porque implica un compromiso que debemos asumir todos; no sólo la empresa privada. A partir de identificar nuestras principales carencias y problemáticas, y de contribuir a resolverlas desde el lugar que nos toca actuar, ya sea como empresa, como ciudadano consumidor o usuario, como sociedad, como gobierno local, como universidad, como ONG, como emprendedor, como sindicato, como cooperativa, realizando entre todos acciones socialmente responsables que pueden ser complementarias o convergentes entre sí.

Hacia comienzos del siglo XX, la expansión de la influencia de las grandes empresas, en pleno proceso de crecimiento sostenido en el marco de la consolidación del orden industrial, venía generando corrientes críticas y de resistencia en diferentes segmentos de la opinión pública frente al avance de un poder económico que se percibía en gran medida exento de regulaciones estatales. A la demanda de condiciones equitativas planteada por los movimientos de trabajadores, comenzaban a hacerse sentir los reclamos de incipientes organizaciones de consumidores frente a los abusos de posición dominante por parte de los empresarios. Es así que se fueron generando las condiciones para que se instalara el debate en torno de la responsabilidad social de las empresas en dos registros distintos: por el lado de la oferta, un enfoque orientado por la necesidad de una política de imagen corporativa que mostrara un perfil más amigable de las grandes empresas respecto de la comunidad; y el otro, del lado de la demanda, que abogaba por una mayor equidad en las relaciones de mercado. La creciente evidencia del daño ambiental derivado de la actividad industrial dio lugar a un tercer frente, el del cuestionamiento ecológico, que terminó de configurar el núcleo duro de la RSE como se la entiende en la actualidad, caracterizada por la diversidad de enfoques, herramientas de cuantificación y agendas de acción. Se le pide a la empresa que realice acciones de responsabilidad social haciendo un diagnóstico de su propia organización, detectando los impactos negativos de sus acciones y/o actividades en su propia comunidad y llamándolos a dialogar con quienes son sus grupos de interés para poder interiorizarse acerca de las expectativas que tienen de esa empresa y construir así, de manera conjunta, las acciones a realizar y la manera de lograrlas.

Partiendo de la concepción que entiende al Estado como el regulador de las relaciones sociales, compete a este el establecimiento de las pautas normativas, los parámetros mensurables y los procedimientos, tanto de evaluación como de seguimiento y control respecto de la responsabilidad social vinculada a las organizaciones bajo su jurisdicción. Corresponde también a la esfera estatal promover criterios de responsabilidad social en los ámbitos específicos del área de incumbencia de los organismos que la componen, como herramienta para consolidar la sustentabilidad del conjunto, a través de la promoción de buenas prácticas que minimicen los impactos negativos, mejorando de este modo la convivencia social y consolidando la cohesión de la comunidad de manera activa a través de políticas de Estado.

Concepto que introdujo Peter Drucker en el debate acerca de la responsabilidad social empresaria en 1958, al señalar que si hay una institución a la que debe demandarse responsabilidad social es a la Universidad, ya que determina en gran medida el lugar de las personas en la sociedad. Es una tendencia difundida ampliamente en las universidades latinoamericanas durante las últimas décadas, en concordancia con el final de los regímenes militares y la recuperación de la democracia. Tiene hondas raíces en las universidades de América latina, ya que el sentido de la responsabilidad social universitaria ya estaba expresado en la caracterización de los tres pilares de la Universidad Pública definidos por la Reforma Universitaria de 1918: la docencia, la investigación y la extensión universitaria, donde esta última establece una apertura hacia la comunidad de la que forma parte, estableciendo así un vínculo permanente.

Es la probabilidad de que se produzca un evento de consecuencias negativas, es decir la vulnerabilidad ante una amenaza, posible o potencial contingencia o daño a personas, proyectos o cosas bajo determinadas circunstancias.